Artículo publicado por VICE Colombia.
Una de las primeras advertencias fue en mayo: un editorial de El Espectador anunciaba que la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, de la Corte Constitucional, tenía intenciones de aprovechar una tutela —de una mujer que había tenido dificultades para abortar— para limitar el número de semanas en las que se podría interrumpir un embarazo en Colombia. Desde entonces, poco se ha sabido sobre la discusión que la magistrada y el resto de la Corte podrían estar teniendo sobre el tema. Sin embargo, esto no significa que las organizaciones dedicadas a defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia hayan bajado la guardia.
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El martes pasado, seis de estas organizaciones —Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir, Women’s Link, el Centro de Derechos Reproductivos, Dejusticia y La Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres— enviaron una carta a la Corte en la que manifestaban que por ningún motivo se podían poner más barreras al aborto en Colombia. Y el asunto es que el aborto lleva más de diez años de despenalización parcial en el país, desde que en 2006 la sentencia C-355 permitió el aborto en tres casos: cuando el embarazo sea producto de violación o incesto, cuando haya malformación del feto y cuando la salud de la mujer esté en riesgo. A pesar de esa despenalización parcial, las mujeres siguen encontrando miles de obstáculos a la hora de acceder al procedimiento incluso en situaciones en que la ley las respalda totalmente.
Para que la discusión en la Corte, impulsada por la magistrada Pardo, no siga dándose a puerta cerrada y que un día nos sorprenda sin aviso una decisión que perjudique a las mujeres, esas mismas organizaciones y varios sectores de la ciudadanía convocaron a una marcha el pasado jueves 11 de octubre. Decenas de mujeres se reunieron frente al Palacio de Justicia para dejarle claro a la Corte que las mujeres no pueden soportar más limitaciones ni esperas a la libertad de decidir sobre sus cuerpos y sus derechos reproductivos.
Datos sobre aborto en Colombia no hay muchos, ni tampoco muy actualizados. Pero una de las cifras sobre las que muchas organizaciones se apoyan es la del Instituto Guttmacher, que encontró en 2008 que anualmente se realizaban unos 400.000 abortos en el país de los cuales apenas unos 300 eran legales. Es decir que, a 2008, cuando el aborto ya estaba parcialmente despenalizado en Colombia, el 99,9 por ciento de los abortos se realizaban clandestinamente.
Aún no hay datos que permitan saber cuál es el porcentaje hoy, diez años después, pero un dato de Profamilia da pistas del panorama: en 2017, esa institución realizó 10.517 abortos legales. Si se tiene en cuenta que Profamilia es tal vez la organización a la que más mujeres acuden en busca de soluciones sobre su salud sexual, el número de abortos legales realizados por esa institución sigue siendo muy bajo si se compara a los más de 400.000 abortos que ya se realizaban en 2008.
Entre las varias razones para la prevalencia de la clandestinidad en Colombia a la hora de interrumpir embarazos, está la cantidad apabullante de obstáculos que las mujeres encuentran cuando quieren abortar legalmente. Hospitales, EPS, funcionarios públicos, médicos y cualquier otro que tenga que ver con la realización de un aborto en Colombia encuentran todo tipo de excusas y falsas razones para no realizar un aborto cuando la ley lo permite.
Entre la solicitud de documentos innecesarios y la objeción de conciencia, interrumpir un embarazo es un proceso de constante dilación que, al momento de llegar a una conclusión, encuentra a las mujeres en avanzadas semanas de gestación. Según datos de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres —una organización colombiana dedicada a ayudar a mujeres que quieren interrumpir su embarazo— solo el 9,9 por ciento de las mujeres que solicitan su ayuda está en el primer trimestre del embarazo. El resto, el 87,5 por ciento, acuden en el segundo trimestre después de haber tenido que enfrentar cientos de barreras con los prestadores de salud.
En ese panorama, establecer un límite de semanas para poder abortar en Colombia lo único que haría sería perjudicar aún más a las mujeres que requieren un aborto en el país. El resultado de una medida así sería condenar a las mujeres al aborto clandestino o a tener hijos indeseados incluso en casos de malformación o de violación, una situación de la que serían en gran parte responsables los médicos, EPS y hospitales que se demoran en dar respuestas efectivas mientras el embarazo avanza.
Reunimos algunos testimonios de mujeres apoyadas por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que han enfrentado todo tipo de barreras cuando han querido abortar y cuyos casos hubieran sido aún peores si existiera un límite de semanas para interrumpir el embarazo en el país.
Rosario*
Tenía 16 años cuando se enteró de que estaba embarazada. Un profesional de la salud le explicó que por su estado de salud podía acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo. Sin embargo, cuando fue al obstetra, se llevó una sorpresa. Este la mandó a un psiquiatra para que se arrepintiera de su decisión.
Aparte de esto, en su entidad promotora de salud (EPS) la enviaron durante mucho tiempo de un médico a otro y ninguno estuvo dispuesto a practicarle el procedimiento. Cuando finalmente pudo acceder a un aborto, gracias a una queja que ella y su mamá interpusieron en el Ministerio de Salud, las enfermeras le dijeron que se iba a ir para el infierno y le acercaban bebés para hacerla cambiar de opinión.
Ana
Tenía 18 semanas de embarazo cuando descubrió que estaba embarazada producto de una violación. Luego de interponer la denuncia ante la Fiscalía, fue remitida a un hospital para interrumpir el embarazo. La institución se abstuvo de dar una respuesta a la solicitud durante más de 15 días sin justificación. Durante este tiempo, fue trasladada a las instalaciones del Icbf, donde se dificultó el contacto con las abogadas de La Mesa. El hospital continuaba sin comunicarse con ella o con las abogadas y no inició ninguno de los trámites pertinentes. Ante estas dilaciones y evasivas del hospital, se amenazó con la interposición de una acción de tutela. Esta alerta, junto con el trabajo de las organizaciones de mujeres, obligaron al hospital a acceder a la práctica del procedimiento un mes después de haber sido solicitado.
María
María, con un embarazo de 20 semanas, decidió interrumpir la gestación por ser producto de una violación. Luego de entregar los documentos requeridos para acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, por causal violación, le dijeron que se presentara en una sede de su EPS para recoger la autorización de servicios. En el primer hospital al que fue remitida le informaron que no había disponibilidad de camas y que se remitiera a las instalaciones administrativas de su entidad promotora de salud. Una vez allí, le dijeron que no había una IPS disponible que realizara el procedimiento.
Lina
Tenía cerca de 19 semanas de embarazo cuando en consulta con psiquiatría le diagnosticaron ánimo ansioso y deprimido con raciocinio inadecuado, por lo cual se aconsejaba interrumpir el embarazo. Tras múltiples negaciones del servicio, Lina interpuso una acción de tutela. El juzgado le negó el derecho alegando que la paciente no era de escasos recursos, pues pertenecía al régimen contributivo de salud, y que podía mantener este hijo. Asimismo ordenó a la institución prestadora de servicios que practicara las pruebas de diagnóstico para que el feto tuviera un feliz e idóneo nacimiento.
Susana
Susana tenía 17 semanas de gestación cuando acudió a La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en búsqueda de acompañamiento legal para solicitar la IVE. Luego de los exámenes y las valoraciones requeridas por la EPS, la ginecóloga a cargo de su caso le comunicó la no aprobación de la solicitud a causa de la edad gestacional.
Diana
Tenía 15 semanas de embarazo cuando decidió interrumpirlo por medio de la causal violación. Luego de culminar un tratamiento para una infección vaginal, regresó al hospital para acceder al aborto. En dicho hospital le informaron que debía remitirse a una de sus IPS primarias para realizarse el procedimiento. Luego de un recorrido por varias instituciones y múltiples remisiones, le comunicaron que en un hospital público le harían la interrupción. Una vez allí, los funcionarios de dicho hospital le dijeron que esa institución no tenía convenio con su EPS y no podrían hacerle el procedimiento. Finalmente, tuvo que viajar a Bogotá para materializar su derecho a la IVE.
Andrea
Andrea tenía 18 semanas de embarazo cuando decidió interrumpirlo. Luego de ingresar a la sala de partos, una enfermera le dijo que “era una tristeza que el hospital practicara esos procedimientos, porque ellos debían dar vida, pero ahora se permitía matar a los bebés”. Estas recriminaciones se hacían frente a todo el personal médico presente y a las otras mujeres. Durante el transcurso de la noche Andrea informó a la enfermera que el Misoprostol, el principal medicamento con el que se practican abortos, no estaba siendo totalmente efectivo. A pesar de sus llamados, la enfermera hizo caso omiso y decidió continuar con sus recriminaciones. Adicionalmente, la enfermera se abstuvo de cambiar las sábanas de Andrea y de brindarle analgésicos. Al día siguiente, cuando llegó un nuevo médico, este se percató de que Andrea tenía una infección por la falta de cuidado de la enferma y decidió remitirla a otra institución.
*Todos los nombres han sido cambiados.
