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El pasado 6 de diciembre los ciudadanos de Armenia estaban llamados a las urnas para pronunciarse sobre la aplicación de un paquete de enmiendas constitucionales que, a grandes rasgos, transformará el sistema de gobierno de este país del actual modelo presidencialista a un modelo parlamentario. El resultado de la votación fue un “Sí” a los cambios con una participación del 50 por ciento y con un 66 por ciento de votos afirmativos, pese a las voces que denunciaron fraude durante la jornada, los días previos y el día después.
La oposición ve el referéndum como una treta del Partido Republicano de Armenia (PRA), la formación que ha gobernado esta república ex soviética desde de finales de los 90, para mantener al frente del Ejecutivo al actual presidente, Serzh Sargsyan, quien fue elegido en 2008 y cuyo mandato terminaba, por ley, en 2018.
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Con la nueva Constitución, en 2017, la figura del presidente no podrá estar formalmente vinculada a ningún partido, pasará a tener un rol simbólico y dejará de ser elegida por voto directo. Los diputados de la Asamblea Nacional y los representantes electos de las provincias serán los encargados de elegirlo. Su mandato pasará de durar de cinco a siete años, pero sólo tendrá derecho a presentarse una vez, y no las dos a las que podía aspirar hasta hoy. Además, los escaños se reducen de 131 a 101 y se ocuparán mediante un sistema proporcional.
Gran parte de sus funciones pasarán a ser atribuciones del primer ministro, elegido por mayoría parlamentaria y sin límite de mandatos. Para la oposición a las enmiendas aquí está el truco: Sargsyan rechazó comprometerse a no ocupar ningún cargo gubernamental el jueves anterior a la consulta, hecho que les lleva a sospechar que pretende perpetuarse al frente del poder.
El triunfo del “Sí” aleja a Armenia de la Unión Europea (UE) y afianza el liderazgo de la élite pro-rusa, pues refuerza el poder del partido del Gobierno bajo el cual se ha incrementado exponencialmente la dependencia económica y militar de Armenia respecto a Rusia. De fondo, las protestas del verano contra la subida del precio de la luz catalizaron el descontento social que, en buena parte, mutaría en la campaña del “No” a las enmiendas. En los últimos cuatro años se ha fraguado en este país del Cáucaso una sociedad civil al calor de la movilización social.
La larga tradición de fraude electoral en el país lleva a analistas como Laurence Broers, investigador en cuestiones rusas y euroasiáticas de la Chatham House, a afirmar que la combinación de la elección del primer ministro por mayoría simple junto a la supresión del límite de mandatos del mismo cargo puede acarrear una “creciente fusión entre el partido del gobierno y el Estado”.
Desde que el PRA ganara las elecciones mediante una coalición en 1998, su poder no ha parado de extenderse a todos los niveles de gobierno, y la violencia y los pucherazos han protagonizado ya varias campañas. En la contienda de 2008 en la que el actual presidente fue elegido, 10 personas murieron en enfrentamientos durante las manifestaciones de protesta.
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La posibilidad de relevo político es percibida como algo cada vez más difícil por un amplio segmento de la población: el nuevo texto constitucional prevé una segunda vuelta entre los dos primeros partidos en número de votos si no se consigue una mayoría estable, algo que consolidaría la hegemonía de las fuerzas más votadas y dificultaría el cambio de partido de Gobierno mediante coaliciones. El límite teórico que establece la reforma podría quedar en papel mojado: con tres quintas partes de los escaños se podrá ejercer un derecho a veto a eventuales iniciativas legislativas del Ejecutivo, pero si siempre ganan los mismos, ¿qué límites va a haber para el poder?
Otro aspecto polémico es el hecho de que, con las enmiendas propuestas por el Ejecutivo en funciones, el Estado se desentiende un poco más de garantizar algunos derechos básicos como el de proveer cobertura sanitaria, seguridad social y condiciones laborales adecuadas en relación a la anterior Constitución: ya no será una obligación gubernamental velar por ellos, hecho que puede forzar a la ciudadanía a ampararse en el sector privado, en el que Rusia juega con ventaja por los acuerdos comerciales.
El Comité Noruego de Helsinki (NHC en inglés), una organización para la monitorización de los procesos electorales, denunció que las enmiendas constitucionales tienen “implicaciones negativas para los derechos humanos” frente a las Administraciones y harán “imposible” que Armenia tenga acceso al Tribunal Penal Internacional. La ONG también exige a la UE, con la que Armenia renaudó negociaciones para la integración el día después de la consulta, a constatar “la falta de respeto” hacia los principios democráticos que ellos han percibido durante el referendo. Para esta organización, muestra el alejamiento de Armenia de la senda de la consolidación de los derechos fundamentales: el fraude y los nuevos mecanismos de elección dejarán al ciudadano desamparado ante los abusos del poder, sostienen.
El NHC documentó, durante el referendo, ataques verbales y físicos contra observadores y periodistas, un gran número de votos contrarios a las enmiendas en los colegios en los que estuvieron que contrasta con el resultado final afirmativo, manipulación del registro de votantes, llenado de urnas con papeletas al cerrar los colegios, dobles votos y falsificación de protocolos.
Sobre el papel, Armenia es una república semi presidencialista desde 1995. El presidente es elegido por voto directo cada cinco años y no está autorizado a presentarse más de dos mandatos seguidos. Hoy tiene la potestad de designar o revocar al fiscal general a propuesta del primer ministro; también a los representantes diplomáticos, puede escoger a cuatro de los nueve miembros del Tribunal Constitucional y a altos mandos de las Fuerzas Armadas. Pero si más de la mitad de la Asamblea Nacional pidiera su renuncia, debería acatarla.
El presidente Sargsyan, del gobernante PRA, encargó a una comisión el diseño del paquete de cambios constitucionales en septiembre de 2013. Sus nueve miembros fueron designados a dedo por la presidencia: entre ellos no hay ninguna persona representativa de la sociedad civil ni de la oposición. La acusación de opacidad en su redacción ha sido una constante durante el proceso.
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Hasta la fecha del referendo, la condición de presidente elegido por voto directo, por un lado, y de hombre fuerte del partido que ostenta la mayoría en la Cámara, por el otro, daba a Sargsyan poderes propios del jefe de Estado de un sistema presidencialista puro. El antiguo régimen semipresidencialista armenio hasta ahora era denominado “súperpresidencialista” por algunos analistas como Alexander Markarov, quien sostiene que la separación de poderes ha estado tradicionalmente sometida a la institución presidencial.
En el momento del referendo, el poder del líder que está en frente del partido republicano es muy amplio: controla, con su formación, la presidencia ejecutiva, el Gobierno, una mayoría absoluta en el Parlamento, todas las provincias del país y todas las alcaldías menos una. Una probable revalidación de la victoria del PRA en las urnas en 2017 podría situar a Sargsyan al frente del Ejecutivo de nuevo, pero esta vez como primer ministro y sin límite de mandatos y en un contexto de retroceso de los derechos sociales fundamentales en el país que intensificaría, aún más si cabe, el riesgo de fraude electoral.
El genocidio como símbolo y todo lo demás
2015 es un año con una especial carga simbólica para el país. Se rememora el centenario del Genocidio Armenio en la Turquía otomana y el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que participaron 600.000 armenios, así como el 25 aniversario de la proclamación de la independencia del país.
En abril se llevó a cabo el acto oficial de recuerdo a las víctimas del genocidio, un acto en el que hubo las presencias destacadas del presidente francés, François Hollande, al frente de un país con una muy significativa minoría de origen armenio; y el presidente ruso, Vladimir Putin.
En las mismas fechas, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, arremetió contra el Parlamento Europeo y el Papa Francisco por su llamamiento a Turquía a reconocer su participación en los crímenes rememorados. Por ser Turquía heredera del Imperio Otomano es el país que más se resiste al reconocimiento de este hecho histórico.
La presencia del mandatario ruso en el acto contiene toda una dimensión geopolítica. El 1 de enero de 2015 entraba en vigor la Unión Económica Euroasiática (UEE), integrada por la Federación Rusa, Bielorrusia, Kazakhstán, Kirguizistán y la misma Armenia. Esta asimétrica unión económica — la potencia económica de la mayor parte de sus socios les convierten en mera comparsa de Rusia — se ha opuesto en términos dicotómicos a cualquier acuerdo con la UE.
La dependencia de este país respecto a Rusia, con dificultades económicas estructurales relacionadas con su aislamiento económico entre naciones de mayoría musulmana, ha dañado aún más su economía al compartir suerte con el país eslavo, que sufre el efecto de la caída del precio del petróleo y de las sanciones de la UE y de Estados Unidos por su rol en el conflicto de Ucrania. Armenia no tiene acuerdos comerciales significativos con sus vecinos musulmanes, que no paran de crecer en términos económicos, y la cuestión de la religión tiene mucho que ver en esta falta de transacciones.
En 2013, el Ejecutivo de Sargsyan rechazó el Acuerdo de Asociación con la UE en favor de la UEE, rubricado el mayo de 2014. Los lazos económicos remanentes de la extinta Unión Soviética de la que Armenia formaba parte han desempeñado un papel clave en esta decisión, que los hombres de negocios de este país han apoyado ampliamente. No parece que la reanudación de las conversaciones con Bruselas vaya a dar algún resultado significativo.
Pero la asimetría es evidente: la economía Armenia representa tan solo el 1,13 por ciento de la UEE. Con la pérdida de la Ucrania de Yanukovich para esta Unión, la satelización respecto a Rusia es un hecho. Ucrania habría redistribuido el poder económico en la Unión Euroasiática si no hubiera sido por las protestas del llamado “euromaidan”, motivado, precisamente, por la decisión del mandatario ucraniano de priorizar las relaciones económicas con Rusia en detrimento de la UE.
Y la ya de por sí maltrecha economía de Armenia tuvo que asumir una carga suplementaria a mediados de septiembre de este año con el recrudecimiento del conflicto en Nagorno Karabakh, un territorio perteneciente a Azerbaiyán pero controlado de facto por Armenia. Decenas de soldados fueron ejecutados en ambos bandos contendientes entre acusaciones de asesinato de civiles por ambas partes. La UE tuvo que pronunciarse para pedir un cese de las acciones militares.
A pesar de que el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por este territorio en disputa, con un 95 por ciento de población étnicamente armenia, cesó oficialmente en 1993 tras una guerra de seis años, las escaramuzas han sido una constante entre los bandos contendientes en estas casi tres décadas de paz armada. Azerbaiyán no puede permitirse una ofensiva a gran escala, precisamente, por el apoyo que Rusia brinda a su archienemiga Armenia.
Es una guerra muy cara para el Ejecutivo armenio. En 2010 el Gobierno azerbaiyaní elaboró un estudio que constató que, desde sus inicios, la guerra en Karabakh ha costado a las arcas de su Estado 87.000 millones de dólares. Armenia, además del coste militar que el conflicto le supone, debe agregar el apoyo económico que brinda a Nagorno Karabakh, que solamente ella reconoce como provincia autónoma parte de su territorio.
Súmesele el agravante de que la aislada república cristiana no dispone de combustibles fósiles en gran cuantía y de los consiguientes ingresos que generan, como sí dispone de ellos Azerbaiyán, y la fuerte dependencia de la economía armenia respecto a Rusia. Y no se trata sólo de una dependencia económica: Armenia integra la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una alianza político-militar que la OTAN considera su contraparte, y aloja una base militar rusa en la frontera con Turquía, su mejor seguro contra las aspiraciones de sus enemigos azerbaiyanos y turcos. El escalamiento del conflicto entre los Ejecutivos turco y ruso por el derribo de un avión de combate de Rusia ha incrementado la importancia geoestratégica de Armenia, donde los rusos están emplazando un gran número de tropas.
Un buen ejemplo de la fragilidad del país es que, hoy por hoy, el principal puntal de la economía armenia siguen siendo las remesas de la diáspora, que en 2014 representaron el 21 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), según datos del Banco Mundial. Armenia es, junto al depauperado Haití, el séptimo país en nivel de dependencia de remesas de sus ciudadanos en el exterior. De acuerdo con datos oficiales de 2015, el paro se sitúa en más de un 17 por ciento, y una de las mejores garantías de ocupación para los trabajadores armenios es, precisamente, emigrar a otros países de la UEE.
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La ‘guerra’ doméstica
El de 2015 ha sido un verano caliente para el Gobierno de Serzh Sargsyan, y no solo por la retoma del conflicto con la vecina Azerbaiyán. En junio, el Comité de Regulación de los Servicios Públicos de Armenia incrementó el precio de la electricidad. Su coste subió a 7 drams (0,01 euros) por kilovatio hora, un incremento del 16 por ciento. Un grupo de activistas convocó una sentada popular después de una manifestación contra la subida, que fue secundada por miles de personas.
Las protestas se sucedieron en todo el país hasta septiembre con el nombre de “Electric Yerevan”, en relación a la capital de Armenia, epicentro de las protestas. Los medios rusos compararon estas manifestaciones con el Maidan de Kiev, a pesar de que tanto los manifestantes como el Gobierno negaban cualquier parecido. Aunque no iban desencaminados: las protestas contra la subida de la electricidad catalizaron el descontento generalizado por la corrupción, la crisis, por compartir el destino de una Rusia víctima de sanciones y de la caída del precio del petróleo; y la falta de relevo político en el país (los republicanos hace casi 20 años que gobiernan), situación que, a ojos de la oposición, las enmiendas constitucionales agravarán. Y Rusia tiene algo que decir a todo ello.
La empresa rusa Inter RAO es propietaria de la mayor parte de la empresa armenia de distribución eléctrica ENA. El año pasado la empresa estatal de Rusia Gazprom tomó el control de la red gasística del país. Hasta las armas que se dispararon en septiembre en Nagorno Karabakh han sido fabricadas y vendidas a bajo precio por Rusia, el principal exportador de armas a Armenia. Esta monopolización de sectores claves de la economía de este país por parte de Rusia se ha producido con el beneplácito de la élite que hoy lo gobierna y que, según una parte significativa de la aún incipiente sociedad civil armenia, pretende perpetuarse en el poder.
Las relaciones políticas, militares y comerciales con la gigantesca Rusia generan efectos perversos sobre la democracia y los derechos fundamentales en Armenia. El PRA es el garante de la penetración rusa en sectores clave de la economía. Si a esto le añadimos el desentendimiento Constitucional en la cobertura sanitaria, la seguridad social y las condiciones laborales óptimas, resulta una Armenia profundamente dependiente en todos los sentidos, y una ciudadanía con un papel político cada vez más irrelevante.
Mira el documental de VICE News El ejército fantasma de Rusia en Ucrania (parte 1):
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