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Este es el primero de una serie de tres reportajes sobre las ejecuciones juveniles en Arabia Saudí. En las partes dos y tres examinaremos el arbitrario y siniestro proceso sobre el que está apuntalado el sistema judicial saudí y su estrategia antiterrorista. Y demostraremos algo sobre lo que nunca se ha informado antes: cómo los menores caen atrapados en esta aberrante red.
En Arabia Saudí los jueces tienen el poder discrecional de interpretar cualquier actividad que consideren ilegítima, aún cuando esta no lo sea. La pueden criminalizar y perseguir según su interpretación de la ley Sharia. La ley Sharia es un ley que prohíbe, entre otras cosas, que las mujeres salgan solas de casa — solo pueden hacerlo en compañía de sus guardianes masculinos —, que se celebren manifestaciones; y es un ley además, que consiente la ejecución de adolescentes y la exposición pública de sus cadáveres.
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El mundo occidental es implacable cuando semejantes atrocidades son cometidas en el seno del autoproclamado Califato de Estado Islámico (EI) — claro que aquí estamos hablando de Arabia Saudí, proverbial aliado político y comercial del capitalismo occidental.
El pasado 2 de enero, el régimen árabe detuvo a cuatro menores de edad y decidió ejecutarles junto a otras 43 personas — ahora se teme que otros tres menores sean asesinados por el estado en los próximos días. El departamento de prensa del régimen dictatorial anunció el viernes que las ejecuciones arrancadas en enero serán “completadas” en los próximos días, con la liquidación de cuatro presos más, que habrían sido condenados a muerte por el controvertido y duramente criticado Tribunal Criminal Especializado (SCC en sus siglas inglesas). Se trata de un organismo secreto especializado en la sistemática violación de los derechos humanos.
Ali al-Nimr, Dawoud al-Marhoon y Abdullah al-Zaher fueron arrestados por manifestarse hace tres años. Los dos primeros tenían 17 años de edad en el momento de ser detenidos, mientras que al-Zaher solo tenía 15. El SCC les condenó a muerte el año pasado y les incluyó en el listado de 52 ejecutados a los que se preveía liquidar el pasado 2 de enero. Sin embargo, parece que la airada e intensa reacción internacional que ha despertado el caso, les habría salvado temporalmente — hasta ahora, momento en que la misericordia del régimen parece haber expirado.
La amenaza de la ejecución tiene horrorizadas a las familias de los jóvenes. Estas permanecen ignoradas por el régimen, que no les ha facilitado ninguna información sobre la suerte de los suyos, y que impide cualquier tipo de comunicación entre ellos desde el mes de diciembre.
Abdullah al-Zaher tenía 15 años en el momento de ser detenido. (Imagen vía Reprieve)
“Nuestra vida se convirtió en una pesadilla el día que Abdullah fue detenido”, relata su padre, Hassan al-Zaher, a VICE News. Hassan dice que su hijo tiene un gran sentido del humor, que es divertido y que es un amante de los animales, en especial de los caballos. Abdullah tenía 15 años cuando fue disparado por las fuerzas de seguridad saudíes durante una manifestación en favor de la democracia. Acto seguido fue detenido y trasladado a las dependencias policiales, donde fue golpeado con barras de hierro rematadas con púas que le han dejado cicatrices permanentes. “Por favor, ayúdenme a salvar a mi hijo de esta inminente amenaza de muerte”, ha suplicado Zaher a la comunidad internacional. “No merece morir solo por haber asistido a una manifestación”.
Arabia Saudí tiene el dudoso honor de encabezar el ranking de ejecuciones del mundo, solo superada por Irán. Lo más inquietante del caso es que el 75 por ciento de las ejecuciones que se llevan a cabo en el país castigan delitos no violentos — en su mayoría presuntos delito de participación en manifestaciones. Entre los ejecutados habría muchas personas que eran menores en el momento de ser apresadas — en lo que supone una flagrante violación de la ley internacional.
Además de ser menores, Nimr, Marhoon y Zaher tienen en común otra característica fundamental — todos ellos son musulmanes de confesión chií, una minoría sometida a brutales y constantes discriminaciones en el reino petrolífero. Además, todos ellos fueron sentenciados por participar en manifestaciones celebradas en la provincia oriental del país, una zona mayoritariamente chií, mientras protestaban por que el régimen deparara un trato más digno a los miembros de su comunidad.
La primavera árabe de Arabia Saudí tuvo lugar, fundamentalmente, en la provincia Oriental del país, una región situada a pocos kilómetros de Irán. Entonces las protestas fueron reprimidas brutalmente. En su día se informó que las manifestaciones se habrían cobrado 10 muertos, y habrían resultado en la detención de cientos de personas. Sin embargo, las cifras que barajan las organizaciones humanitarias apuntarían a decenas de muertos más y a centenares de detenciones arbitrarias cuya suerte sigue siendo un enigma a día de hoy.
Muchos de los menores detenidos entonces siguen confinados en encierros indefinidos. Se sabe que el tribunal criminal secreto del país, el SCC, que fue creado en 2008 para juzgar a presuntos sospechosos de terrorismo, se ha encargado de manera ilegal y arbitraria de juzgar también a activistas y a disidentes.
La ONG internacional Reprieve ha denunciado que Nimr, Mahoon y Zaher habrían sido torturados y que se les habría obligado a firmar confesiones falsas, por no hablar de que les ha privado flagrantemente del derecho a una defensa y, por supuesto, también a un juicio justo.
Arabia Saudí planea ejecutar a más de 50 presuntos terroristas. Leer más aquí.
Ali al-Nimr tenía 17 años cuando fue detenido. (Imagen por Reprieve)
“Estamos ante un caso de terrorismo y de uso de la fuerza contra menores indefensos”, relataba a las páginas del Washington Post el padre de Ali, Mohammed al-Nimr, durante el pasado mes de octubre. Ali fue interceptado y detenido sin que mediara ninguna orden, mientras circulaba en bicicleta en las inmediaciones de su escuela. Sucedió, según cuenta su familia, en febrero de 2012.
Ali fue acusado de haber participado en una manifestación ilegal y de otros delitos, como el de “informar al resto de manifestantes sobre cómo ofrecer primeros auxilios, o el de emplear su Blackberry para invitar a otros a que se sumaran a la protesta. Según informa Reprieve, en el momento de ser arrestado el único cargo que pesaba contra él era el de haber prestado una confesión falsa — una evidencia que, en Arabia Saudí es suficiente como para justificar en una sentencia a muerte por “crucifixión”, lo que se traduce en decapitar al culpable y exhibir su cadáver en público.
Ali escapó a la muerte el pasado 2 de enero. Sin embargo, su tío no corrió la misma suerte. Nimr al-Nimr fue un prominente clérigo y activista chií, que llevaba tiempo exigiendo que se concedieran más derechos a los miembros de su comunidad. Su muerte desató la unánime condena internacional e intensificó la proverbial rivalidad entre Arabia Saudí e Irán.
El nuevo monarca saudí decapita mucho más que su padre. Leer más aquí.
Dawoud al-Marhoon tenía 17 años cuando fue detenido (Imagen por Reprieve)
Dawoud al-Marhoon también cometió el error de salir a la calle para exigir una reforma política en el año 2011. Fue detenido sin que mediara ninguna orden en mayo de 2012. Dawoud fue liberado el mismo día, a condición de que espiara a activistas una vez puesto en libertad. Sin embargo, y comoquiera que no cumplió con la misión asignada, fue detenido de nuevo, torturado y obligado a firmar un confesión. Dawoud fue sentenciado a la pena de muerte por decapitación por el SCC en octubre de 2015.
“Es una persona fuerte, tiene paciencia y una voluntad inquebrantable”, explica su madre, Umm Dawoud. Destacó en el colegio y su sueño era estudiar ingeniería en la universidad. A día de hoy, se conforma con soñar con vivir”, confiesa su madre.
“No sabemos nada [de lo que le está pasando]”, cuenta la progenitora. “Una sentencia por decapitación es injusta para cualquiera, pero resulta todavía más flagrante en alguien de su edad. Lo único que hizo fue salir a la calle para reivindicar sus derechos”.
Maya Foa es la responsable del equipo que lucha contra la pena capital en Reprieve. Foa ha denunciado que la sentencia emitida por el SCC el viernes pasado es profundamente preocupante.
“En enero se ejecutó a menores y a manifestantes pacíficos — se trata de presos que no son terroristas, son gente normal que perdieron su vida por el ‘delito’ de mostrar sus disconformidad con el régimen saudí”, cuenta. “Si el régimen decide ahora ejecutar a otros tres menores, a los que se torturó brutalmente para sonsacarles una confesión forzosa, estaría incurriendo en un nuevo y aberrante crimen”.
“El régimen está buscando adoptar un comportamiento ejemplarizante para con los disidentes”, cuenta Catherine Higham, una de las miembros de Reprieve que está trabajando en el caso. Se trata de un fenómeno exclusivo de la provincia Oriental del país, de mayoría chií. Estamos hablando de la misma región del país que no ha sido recompensada por ninguno de los beneficios del petróleo, ni siquiera por el hecho de encontrarse en lo alto de los campos de petróleo más rentables del país.
“Todos aquellos que han sido identificados como manifestantes han sido perseguidos, torturados y obligados a firmar una confesión forzosa”, explica Higham. “Los casos de los menores han sido los que han acaparado la atención mediática, pero lo cierto es que otros muchos jóvenes uno o dos años mayores, de 18 y de 19 años, ya han sido ejecutados. Se les ha utilizado como un ejemplo de lo que les sucederá a todos aquellos que decidan levantar su voz contra el régimen”.
Además de Irán y de Arabia Saudí, el país con más ejecuciones del planeta es China. Allí, de hecho, se sentencia a muerte a más gente que en cualquier otro sitio. Sin embargo, en el cómputo per cápita, Irán, Arabia Saudí y Pakistán rebasan con creces las cifras del gigante asiático.
Según apuntan las estimaciones de las organizaciones humanitarias, alrededor de 3.000 personas son ejecutadas anualmente en todo el mundo. En China se ejecuta a uno de cada 452.000 habitantes, según cifras de Death Penalty Worldwide, un proyecto de la facultad de derecho de la universidad de Conrell, que recaba datos sobre las ejecuciones orquestadas por todos los países del planeta donde la pena capital sigue en vigor. El cómputo per cápita calibrado por la organización concluye que en Irán se ejecuta a una de cada 71.000 personas, mientras que en Arabia Saudí mueren una de cada 183.000 personas.
Las víctimas de la pena de muerte en Arabia Saudí ni siquiera son castigadas por ningún epígrafe redactado en ley alguna. Simplemente no existe una ley que exprese por escrito los supuestos casos en que se aplicará la pena capital.
“Tanto los jueces como los fiscales saudíes poseen la facultad discrecional de interpretar cómo castigar cualquier delito según la ley islámica”, advierte la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
De las 158 personas asesinadas por el estado saudí en 2015, el 72 por ciento fueron condenadas por delitos no violentos, por lo general crímenes relacionados con las protestas políticas o delitos relacionados con estupefacientes, según concluye una investigación de Reprieve.
“El empleo de la tortura para obtener ‘confesiones’ está de lo más extendido”, concluía el informe del pasado mes de octubre. “Reprieve ha identificado los casos específicos en que los prisioneros habrían sido ajusticiados hasta el punto de padecer fracturas de huesos y de dientes. Además, entre las pavorosas formas de ejecución se contemplan la decapitación, la crucifixión y la lapidación. Todas ellas constituyen violaciones de las más elementales prohibiciones contra los castigos crueles e inusuales contemplados por todas las normativas internacionales en materia de DDHH”.
Las detenciones arbitrarias, los juicios injustos, los castigos inhumanos y las ejecuciones de personas por delitos que cometieron mientras eran menores, constituyen, todas ellas, flagrantes violaciones de la ley internacional — como los de la Convención de Derechos Infantiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sin embargo, los abundantes acuerdos comerciales y las constantes inversiones de capital con que la dictadura saudí obsequia a sus socios capitalistas occidentales, ha trazado un siniestro mapa en que los aliados hacen la vista gorda ante las aberrantes violaciones del reino de los jeques — hasta el punto de que el embajador del reino en la sede europea de Naciones Unidas, en Ginebra, Faisal bin Hassan Trad, fue elegido el pasado mes de junio como presidente de un influyente comité del Consejo de Derechos Humanos de la organización.
Su nombramiento — que se produjo poco después de que la página web del gobierno de Arabia Saudí publicara una oferta de trabajo para futuros verdugos — es la triste demostración de que el petróleo triunfa por encima de los derechos humanos”, sentencia Ensaf Haidar, la mujer del activista pro DDHH Raif Badawi, que fue sentenciado a 1.000 latigazos por proclamar su defensa de la libertad de expresión a través de su blog.
Las extraordinarias cantidades de petróleo barato que exporta Arabia Saudí han impulsado el desarrollo económico de Occidente de manera vertiginosa. El derrumbamiento de los precios del petróleo no parece haber afectado demasiado a la economía del reino. De hecho, en noviembre del año pasado las exportaciones del preciado líquido alcanzaron una producción récord de 7.72 millones de barriles al día. Claro que no solo es el oro negro el lubricante del poderoso mecanismo económico de la dictadura saudí— su armamento también es una colosal fuente de ingresos.
Una exhaustiva encuesta sobre venta de armamentos publicada el año pasado por el Instituto Internacional de Investigación en materia de Paz de Estocolmo (SIPRI en sus siglas inglesas), concluía que entre 2011 y 2015 Arabia Saudí se había convertido en el segundo máximo importador de armas del planeta, lo que suponía un aumento del 275 por ciento, respecto a las cifras cosechadas entre 2006 y 2010.
Arabia Saudí constituye el principal mercado armamentístico de Estados Unidos, concluye el informe. Igualmente, tal y como descubre un informe de la ONG, Campaign Against the Arms Trade (Campaña Contra el Comercio de Armas), Gran Bretaña es el mayor proveedor de armas para el reino saudí.
Se estima que desde 2010, las empresas armamentísticas de Gran Bretaña habrían vendido más de 8 mil millones de dólares en armas a los saudíes. Por su parte, se calcula que Estados Unidos estaría vendiendo armas a Gran Bretaña por un valor de 10 mil millones de dólares al año. La administración de Barack Obama habría obtenido unos ingresos de 46 mil millones dólares desde que el líder demócrata fuera elegido en 2008. Las cifras apuntan, igualmente, a que las exportaciones de armas del Reino Unido a Arabia Saudí se habrían intensificado a lo largo del año pasado. Entonces el ejecutivo por el líder conservador y anti migratorio David Cameron vendió armas, especialmente bombas, por un valor superior a los 1.5 mil millones de dólares al régimen dictatorial, en un periodo de solo tres meses.
Por su parte, la Unión Europea ingresa alrededor de 13.3 mil millones de dólares anualmente en materia de venta de armas a Arabia Saudí. El mes pasado, el parlamento europeo aprobó un embargo del arsenal armamentístico del Reino Unido — debido a la auténtica catástrofe humanitaria provocada en el Yemen por los bombardeos orquestados por Arabia Saudí con el arsenal suministrado por el ejecutivo de David Cameron. En realidad, el embargo no contempló, en ningún caso, la desastrosa situación de los derechos humanos en Arabia Saudí.
La asistencia del gobierno de Cameron a las fuerzas militares de Arabia Saudí no se ciñe únicamente al masivo suministro de armas. La organización policiaca College of Policing también estaría amasando obscenas y multimillonarias cantidades de dinero gracias a prestar sus servicios para entrenar a las fuerzas de seguridad de la dictadura petrolífera.
La familia real saudí también ha demostrado ser un fértil aliado de Estados Unidos y de Gran Bretaña en materia de política exterior en Oriente Medio, donde el triunvirato colaboraría en mantener la llamada “estabilidad regional”, y en asegurar la presencia occidental en la zona. Igualmente, Arabia Saudí e Israel suscribieron, ya hace años, un acuerdo por respetar sus respectivos intereses en la zona, entre los que se contemplaría una actitud más bien irreverente para con la causa palestina. Por otra parte, el reciente acuerdo nuclear sellado por dos enemigos proverbiales, como Estados Unidos e Irán, habría significado otro motivo para el acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, enemigos igualmente proverbiales de la república islamista.
De tal manera, mientras el reino árabe siga detentando el título de máximo productor de petróleo mundial, mientras siga teniendo las mayores reservas y siga inundando las arcas europeas con petrodólares, sus obscenos recursos seguirán enterrando el eco mediático que deberían alcanzar sus sistemáticas violaciones de derechos humanos.
Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña han emitido comunicados sobre Nimr, Marhoon y Zaher — claro que en ningún caso habrían ido más allá de expresar sus “profundas preocupaciones” sobre los casos. David Cameron, de hecho, fue interrogado por la BBC durante el pasado mes de octubre sobre cuál es su postura sobre las ejecuciones. “No lo hagáis”, se limitó a decir. Lo proclamó en un tono casi jocoso, como si estuviera reprimiendo a un familiar por alguna travesura. “Nunca hemos dejado de decirles que no estamos de acuerdo con la manera en que tratan los derechos humanos”, añadió el líder británico.
El caso es que ni Gran Bretaña ni Estados Unidos han tenido las agallas para condenar las aberrantes ejecuciones. De hecho, el secretario en Política Exterior del Reino Unido, Phillipd Hammond, en un alarde de ineptitud diplomática y de flagrante ignorancia de la situación, llegó a proclamar ante la BBC que “no hay que olvidar que las personas en cuestión son terroristas encarcelados”. Parece evidente que a Hammond olvidó de manera deliberada recordar que el sistema y las instituciones que habrían tachado de terroristas a dichos individuos, lo habrían hecho ignorando las más elementales garantías de respeto a los derechos humanos.
Lo cierto es que si la comunidad internacional lo quisiera, podría salvar las vidas inocentes de estos jóvenes”, opina Ali al-Dubaisy, fundador de la Organización pro Derechos Humanos Europeo-Saudíes “Siempre que los aliados ejercen presión, el ejecutivo saudí reacciona”, comenta. “La sentencia de 1.000 latigazos contra Raif Badawi consiguió ser interrumpida, y la ejecución de los menores en enero fue igualmente impedida. Podrían hacer tanto como quisieran. De hecho, en la medida en que sus contratos petrolíferos y armamentísticos con el ministerio del Interior saudí— la institución responsable, en última instancia, de las ejecuciones, la violencia y la tortura — sigan en vigor, Reino Unido y Estados Unidos tendrán las manos igualmente salpicadas por toda la sangre que se derrame”.
En un informe anual publicado a principios de este mes, Juan Méndez, Ponente Especial en materia de Torturas de en Naciones Unidas, criticaba ferozmente a varios países, entre los que se contaba Arabia Saudí, por su aplicación de la pena de muerte, a la que tachaba de medida equiparable a la tortura.
Las autoridades de Arabia Saudí reaccionaron de manera obscena e inesperada para proclamar que las acusaciones de Méndez eran un sinsentido.
“Arabia Saudí es uno de los primeros países que promovió los DDHH”, ha proclamado sin el menor sentido de la vergüenza el ministro de cultura e información de la dictadura saudí, Bandar al-Ali, durante un discurso pronunciado en Ginebra. “Mi país lucha contra la tortura y contra toda sus manifestaciones físicas y morales a través de una legislación estricta y de medidas ejecutivas destinadas a combatir cualquier atropello”.
La representante de Reprive Maya Foya ha calificado semejantes reivindicaciones de “broma macabra”, y, obviamente, se pregunta por qué pensarían las familias de Nimr, Zaher y Marhoon si las autoridades del país tuviera las agallas de decírselo a ellas, en lugar de desplegar una pantomima diplomática internacional. De momento a las familias les queda muy poco por hacer, además de invocar de manera desesperada a que se obre un milagro.
“Estamos aterrorizados por la inminente ejecución de nuestro hijo Abdullah”, ha clamado el padre de Abdullah, Hassan al-Zaher. “Estamos a la espera de escuchar la noticia de su muerte, y ni siquiera nos permiten visitarle — lo tienen sometido a un régimen de confinamiento a 1.000 kilómetros de aquí. Nuestra única esperanza es que los aliados occidentales de Arabia Saudí intervengan para poner fin a esta cruel matanza institucional”.
Esta es la primera de una serie de tres artículos de VICE News dedicados a la ejecución sumaria de menores en Arabia Saudí. En las partes dos y tres examinaremos el arbitrario y siniestro proceso sobre el que está apuntalado el sistema judicial saudí y su estrategia antiterrorista. Y demostraremos algo sobre lo que nunca se ha informado antes: cómo los menores caen atrapados en esta aberrante red.
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