Tuvieron que pasar 15 días de huelga de hambre para que las demandas de un conjunto de familiares de personas desaparecidas en distintas partes de la República, fueran atendidas por las instituciones del Estado encargadas de lidiar con sus casos.
Decidieron emprender la huelga después de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no enviara los pasajes a tiempo para que un grupo de madres acudiera a una reunión en la Ciudad de México, pautada desde un mes atrás. Entonces decidieron viajar por sus propios medios e iniciar la protesta.
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Guadalupe llegó pidiendo ride desde Querétaro. Primero consiguió que un señor la llevara hasta San Juan del Río. “Es difícil, porque a veces te faltan el respeto, pero si no, la opción es caminar horas en la carretera”. De San Juan del Río caminó una hora hasta que otra persona la llevó a la siguiente caseta y le dio el dinero del pasaje para que llegara a manifestarse a la Ciudad de México.
Está acostumbrada a tener que moverse así porque su hijo, Abdul Villareal Rodríguez, fue desaparecido el 15 de Mayo de 2014 mientras vacacionaba en Boca del Río, Veracruz, por lo que debe trasladarse hasta allá cada vez que la causa lo requiere. No cuenta con el apoyo económico de la CEAV porque su caso no es atendido por ninguna instancia de justicia federal, como son la Procuraduría General de la República (PGR) o más específicamente, la Secretaría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO). Otras llegaron en camión o las trajo alguno de sus hijos.
El plantel que llegó a la Ciudad de México el 17 de enero, es casi exclusivo de mujeres. Primero probaron instalarse en las puertas de la CEAV, en la colonia Del Valle, pero luego decidieron trasladarse a la entrada principal de la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez, instancia de la que depende la primera.
SALUD Y CUIDADO
Lonas y pancartas tapizan la Secretaría de Gobernación. En la lona central está estampada la cara de una funcionaria de la CEAV, Karla Quintana, a quienes las madres denuncian por sus malos tratos. El cartel tiene un pañuelo colgado que llama la atención de un hombre que pasa, aunque la mayoría de los que salen de gobernación no detenga en ellas ni un instante de su atención.
A unos metros, Margarita Díaz, promotora del movimiento, explica que la huelga de hambre fue el paso necesario después de meses de reclamar en vano una operación de ojos que una de las madres necesitaba urgentemente, ante el avance de las cataratas y la diabetes que le provocó la desaparición de su hijo. Eulogia, a pesar de ser una mujer joven de 48 años, perdió la visión, pero también llegó al plantón en Gobernación.
Está sentada en una silla de ruedas y cubierta de cobijas cuando cuenta que su hijo, Abel Gallardo González, fue desaparecido en Chilpancingo, Guerrero, el 23 de Octubre de 2013, y que un año atrás su vista todavía estaba bien. “Tiene uno que llegar a esto para que le hagan caso”, dice acompañada de otra de sus hijas y su nieto. Eulogia logró ser operada el último día de la huelga y la CEAV cubrió el costo de las lentillas necesarias.
Margarita es mamá de Yahaira Bahena López, desaparecida el 13 de abril de 2011 en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y es una de las mamás de la primera época: participó en los Diálogos de Chapultepec con el entonces presidente Felipe Calderón, y se sumó a las caravanas por la paz de Javier Sicilia, que a partir del 2011 abrieron una puerta para la denuncia de las familias de las víctimas de la violencia en todo el país. Como ella hay mujeres de mucho tiempo en la lucha por la justicia para sus casos y los de sus compañeras.
Miriam Ruiz, que busca a su hija Dilia Antonia Ruiz, desaparecida en Ciudad Victoria, el 19 de diciembre de 2010, se ha hecho cargo de tres nietos desde entonces. “Yo rentaba una casita con mi hija y mis nietos. Pero luego vendí los muebles y me fui a vivir con mi hijo y su nuera, que también tienen sus hijos.”
En un cuarto, duerme ella y sus siete nietos. En el Instituto de Vivienda de Tamaulipas le dicen que está en lista de espera para un pie de casa. Sólo recibe la ayuda de la beca de atención a víctimas del delito, que le entrega 600 pesos cada tres meses por los tres niños y una despensa escueta, cada dos meses. Para acceder al apoyo del programa de jefas de familia de la Secretaría de Desarrollo Social, le piden una constancia de defunción de su hija desaparecida, algo que ella no está dispuesta a hacer. Lleva tres años con el juicio de declaración de ausencia, que le facilitaría los trámites, ya que permite a la familia hacer ejercicio del patrimonio de la persona desaparecida, incluida la potestad sobre los hijos.
Adela Sandoval está sentada junto a ella. Ella cuida a sus nietos durante los fines de semana y se turnan en la familia para sacarlos a pasear. “A mí se me hace fuerte por los niños, ¿qué va a ser de ellos? A mi nieto mayor lo hemos encontrado llorando con la foto de su papá metida en la playera. En Victoria hay marchas por la paz y yo trato de llevarlos, para que vean que no son los únicos, que somos demasiados los que estamos pasando por esto”.
Antes de charlar con otras de las mujeres, preguntamos a estas dos, que llevan ya dos días durmiendo en carpas en la calle y comiendo solo caldo de verdura: ¿cuántos años tienen? Miriam, 55 y Adela, 68 años.
INVESTIGAR LOS CASOS
La movilización de las madres de desaparecidos tiene varios otros motivos. La entrada en vigor de la Ley de Desaparición Forzada este enero abre un cúmulo de posibilidades que, ellas saben, depende de su capacidad de organización y exigencia frente a una autoridad pasiva, ante la crisis que representan los más de 34 mil casos de desaparición de las cifras oficiales. La Comisión Nacional de Búsqueda es el organismo principal creado por esa ley, que deberá tener un titular antes del próximo 15 de febrero de 2018. El grupo de las madres de la huelga de la SEGOB reclama que la investigación de sus casos sea emprendida por la justicia federal.
Para Yaneth, quien viene de Iguala, Guerrero y busca a su hijo José Luis Rabadán González, desaparecido el 7 de agosto de 2016 mientras trabajaba como comerciante en Puente de Ixtla, una localidad colindante del estado de Morelos. Ésta sería la primera denuncia que su familia presentaría, ya que se niegan a hacerlo en su localidad, dónde el entramado entre la justicia, el crimen organizado y la policía es tan denso que no tienen garantías personales básicas para levantar la voz localmente y seguir viviendo ahí. Por eso recurrieron a la instancia federal. Hay al menos unos diez casos de Guerrero y Tamaulipas entre las mujeres de la huelga que lo intentan.
Guadalupe Rodríguez logró que el caso de su hijo, Josué Molina Rodríguez, un joven abogado que fue desaparecido en Chilpancingo, Guerrero el 4 de junio de 2014, sea atendido a nivel federal. Sin embargo, explica: “la PGR tiene aproximadamente dos años en que no acepta las denuncias de las personas desaparecidas y las regresan al nivel estatal. Eso pone en riesgo a quienes denuncian porque hay colusión con la delincuencia organizada con las organizaciones de investigación.”
Como integrante del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el país, señaló que ellos conocen de “dos casos en particular, cuyos expedientes desaparecieron en el traslado de vuelta de la PGR a Chilpancingo”.
Para Patricia Manzanares, mamá de Juan Hernández, un policía federal que fue desaparecido el 19 de febrero de 2011 en Nuevo León, mientras estaba de guardia con otros 300 federales más, la clave para lograr que la SEIDO acepte los casos está en que se logre una debida integración de la carpeta de investigación, que es algo difícil de conseguir en los estados, que están muy rezagados.
El otro punto que tanto Guadalupe como Patricia señalan es el rechazo a los panteones municipales que se han planteado en distintos estados ante los importantes hallazgos de cuerpos y restos humanos que los familiares han hecho en distintos puntos de la República. Así como aquellos cuerpos que se encuentran sin identificar y en malas condiciones en los Servicios Médicos Forenses estatales. Ese fue el caso de Rocío.
Su hijo, Hiram Avid Adaite Valencia, fue desaparecido el 15 de enero del año 2013 y aunque fue asesinado cuatro días después, el SEMEFO de Chilpancingo ocultó su cuerpo, “durante cuatro años, diez meses y 27 días que lo busqué” dice Rocío, porque el Semefo mantuvo el cuerpo sin identificarlo genéticamente. “No lo encontré como hubiera deseado pero lo encontré”, dice.
Las mujeres en huelga superaron las frías madrugadas de enero, hasta que cosecharon —por escrito— acuerdos con la CEAV para el pago de deudas que mantienen con las madres desde el año 2015. La SEIDO siguió rechazando los casos, pero las madres lograron que fueran atendidos por el Fiscal Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Abel Galván Gallardo, quien se comprometió a atender los casos necesarios, explicó Guadalupe Rodríguez, quien resumió así la experiencia vivida:
“No hay otra alternativa más que presionar al gobierno para que cumpla con su trabajo. Por su voluntad nada conseguimos, nos han cerrado las puertas del acceso a la justicia. Poner en riesgo nuestra vida era la única forma de presionar.”
