A estas alturas del viaje, espero que todos los pasajeros estemos de acuerdo en dos cosas. Primero, que la prohibición no es la solución, es el problema. Segundo, que la regulación traerá preguntas importantes y que no todas pueden ser resueltas antes de empezar a transitar ese camino. La lección principal, al final del Viaje, es que la prohibición misma es el malviaje. El principio rector de la política de drogas debe ser regular responsablemente. Su finalidad, abstenerse de dañar y minimizar los riesgos a usuarios y a la sociedad en general.
Siendo consecuentes, debemos entrarle al toro por los cuernos y regular los casos difíciles. Para un país como México, la marihuana o la amapola son —a estas alturas del partido— casos en que evidentemente se debe y puede transitar hacia un mercado regulado en el corto plazo. Son casos fáciles: aquí las producimos, aquí tenemos mercados que la exigen, aquí tenemos la capacidad de regularla. Pero si nos quedamos sólo en los casos fáciles, flaco favor le hacemos a la convicción de que la regulación es mejor opción que la prohibición. Debemos pensar en los casos más difíciles, y el caso más difícil de todos es, quizá, la cocaína.
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La cocaína es un producto de importación. Es una mercancía que entra en el territorio nacional, sobre todo, para salir rumbo a mercados más lucrativos al norte del río Bravo. Su tránsito es más difícil de rastrear —por su volumen— que la marihuana. Es, por peso, más lucrativa también. Por ello, como ninguna otra droga, en el caso de la cocaína somos responsables ante el sistema de fiscalización internacional y, en consecuencia, es políticamente más costoso sustraernos del régimen internacional y establecer nuestra muy independiente política pública. Mas aún: los únicos experimentos internacionales referentes a mercados regulados de coca (que no de cocaína) versan exclusivamente sobre situaciones que nos son ajenas: usos tradicionales en los países andinos. En consecuencia, de poco nos sirven. ¿Qué hacer?
Tenemos que estar dispuestos a aprender. La propuesta es que comencemos de inmediato el proceso de aprendizaje institucional que habremos de transitar tarde o temprano. Primero lo primero: para que exista un mercado regulado de cocaína, necesitamos empezar a producirla aquí. Fuera de alguna nota periodística vieja y alarmista, no tenemos noticias de que la coca se cultive en México. Si las condiciones climáticas o geográficas no lo permiten, habrá que cultivar en invernaderos, bajo condiciones artificiales que repliquen las condiciones de su cultivo en el sur del hemisferio. Por supuesto, bajo un estricto monopolio gubernamental, que suministre a relativamente pocos y bien controlados puntos de venta: farmacias especializadas, por ejemplo.
Monopolio estatal y regulación estricta de contenidos, presentaciones y publicidad. Esa es la fórmula para comenzar a recorrer la ruta hacia la regulación de la cocaína. Dar acceso a cocaína con calidad controlada evitaría que una parte del mercado procure versiones más dañinas de la misma sustancia activa (crack o bazuco). Un monopolio estatal controlado evitaría que surja un mercado que procure maximizar la utilidad ampliando el consumo. Un etiquetado genérico, con debidas leyendas de advertencia evitaría la desinformación de usuarios. En términos de mercado nacional, no es difícil ver cómo un mercado así es mejor que el mercado negro actual.
El problema, por supuesto, radica en que el grueso del mercado de la cocaína que transita por el territorio nacional está destinada para el mercado estadounidense. Y allí termina lo fácil.
No va a ser posible contener el flujo de cocaína hacia Estados Unidos regulando el mercado nacional. Pero una medida así permitiría empezar a tratar al problema como lo que realmente es: un problema de aduana, no uno de seguridad pública. Desmilitarizar el territorio y focalizar los esfuerzos del gobierno en los puntos de entrada y de salida del producto traería el enorme beneficio de mantener el problema lejos de la mayor parte población civil mexicana. Además, permitiría colaborar con nuestro vecino del norte en términos más realistas: no se trata de un esfuerzo compartido por construir un mundo sin drogas, sino de un esfuerzo asimétrico por proteger la política prohibicionista de los Estados Unidos. Y si la coca fuese legal en México, estaríamos en condiciones simétricas con otro mercado ilícito transnacional que define la relación entre ambos países: el mercado de las armas ilícitas.
Las armas son, en su enorme mayoría, ilícitas en México. Son, en cambio, lícitas en los Estados Unidos. De allá se importan clandestinamente a México, causando enormes estragos. Si la coca fuese lícita acá, como las armas lo son allá, podríamos empezar a comprometernos como iguales y proporcionalmente, a contener nuestros productos dentro de nuestros mercados… siempre que el vecino haga lo propio.
Y quizá ese sea el punto adecuado para detenernos y reflexionar sobre nuestro viaje y donde lo empezamos. ¿Para quién es la política de drogas? ¿A quién protege y a quién expone? Si lo que queremos es proteger a nuestros vecinos, no puede ser a costa nuestra. Sobre todo cuando ellos no parecen estar dispuestos a hacer lo propio. La geopolítica importa e importa mucho en la política de drogas. Pero no necesariamente debe producir los efectos que hoy produce. Puede, bien entendida, ayudarnos a resolver problemas de ambos lados de la frontera.
