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Cualquier asiduo a las fiestas ibicencas sabe que la cantidad de dinero que se mueve en la isla, ya de por sí significativa, cobra proporciones demenciales en los cierres de temporada. Entre finales de septiembre y principios del mes de octubre se dispara la oferta fiestera y el dinero corre a raudales en clubes, hoteles y restaurantes de lujo. El gasto de ciertos clientes en las zonas VIP de los locales de moda asciende a cifras de hasta cinco dígitos por noche.
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El fin de temporada de 2013 no fue una excepción. Lo sabían de sobra los responsables de seguridad del edificio que aloja las oficinas del Grupo Empresas Matutes, el grupo más poderoso de la isla y propietarios, entre otros, del hotel-club Ushuaïa. De la sede del grupo desaparecieron casi tres millones de euros en efectivo; una cantidad señalada por el denunciante, pero cuyo origen no ha sido justificado del todo aún.
El robo desencadenó, entonces, una supuesta trama de corrupción policial para evitar, por todos los medios, que el dinero, una vez recuperado, tuviera que pasar por los canales requeridos legalmente. Asuntos Internos de la Policía Nacional española acabó por intervenir ante estas irregularidades.
La policía recuperó el dinero y se lo devolvió a los Matutes sin comprobar si estos eran sus dueños legítimos. Los denunciantes y los investigadores intercambiaron varias llamadas telefónicas en tono amigable y nadie investigó si estos 2,7 millones estaban al día de sus obligaciones fiscales.
A medida que avanzaron las pesquisas, la suma denunciada se incrementó: de los 187.000 euros iniciales a los casi 3 millones finales pasando por 995.000. Y lo más grave: las actuaciones policiales parecerían orientadas a atribuir la autoría del robo a alguien sin vinculación aparente con el suceso denunciado. Un hombre al que no se puede relacionar con la sustracción, supuestamente convertido en cabeza de turco tras haberse negado a encubrir los tejemanejes urdidos, afirma él, por los miembros del clan Matutes y sus hipotéticos colaboradores necesarios para salir indemnes de la investigación.
Este alguien es José Joaquín Fernández, J.J., reconocido con la Cruz al Mérito Policial tras una carrera ascendente en la policía española y al que este medio contactó tras revisar la documentación del caso, que sigue dirimiéndose por la vía judicial.
Fernández, miembro del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), se integró en 2005 al servicio de protección dinámica de Abel Matutes, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores en tiempos del conservador gobierno de José María Aznar. Su carrera en el cuerpo se inició en 1997, como parte de la XIII promoción. En 2013, la trayectoria de J.J. dio un vuelco de 180 grados, convirtiéndose en sospechoso del robo de 2,7 millones de euros de las oficinas del holding empresarial de Matutes. Fue suspendido el 7 de noviembre de ese mismo año, aunque ninguna de las pruebas aportadas hasta ahora lo relacionan con la sustracción del dinero.
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Los hechos que motivaron la trama
La noche del 25 de octubre del 2013 alguien entró en la sede de Empresas Matutes. Sabía lo que se hacía, conocía el lugar y de ahí que irrumpiera cuando todos sus trabajadores se habían marchado. A pesar de que en las oficinas de la compañía había varias cajas fuertes, según acabó reconociendo la misma empresa –donde se guardaba el dinero no declarado hasta después del robo de la recaudación del fin de temporada–, sólo una de ellas atesoraba el premio gordo.
Con un soplete comprado en Internet y mucha paciencia, consiguió sustraer el dinero, una suma sin concretar que se iría multiplicando tras sucesivas denuncias. Confesó el robo Rafael Rodríguez, agente de la Policía Nacional y exescolta de Abel Matutes, a quien había protegido años antes en sustitución de José Joaquín Fernández, cuando el antiguo ministro ya no ejercía cargo político.
Rodríguez, quien acabó confesando el crimen por la evidencia de las pruebas, trabajaba en Empresas Matutes. Hizo saltar la alarma de las oficinas después de llevarse el dinero y que de esta forma pareciera que el robo no se había producido durante su turno de vigilancia. Tal y como constató la Audiencia Nacional, el agente estaba contratado irregularmente por el holding, ya que ejercía de forma simultánea las tareas de policía y seguridad privada. Esta ilegítima relación laboral acarreó su expulsión del cuerpo.
El expolicía había fundado una empresa de seguridad a nombre de su mujer para evitar incompatibilidades entre su cargo de funcionario y las tareas de vigilancia que realizaba para Matutes. De hecho, Rodríguez vivía con su pareja e hijos en un inmueble colindante que tenía habilitada una puerta con acceso directo a los despachos de la compañía del exministro.
Sí; a pesar de su condición de miembro de las fuerzas de seguridad, Rodríguez ejercía de vigilante privado para Matutes cobrando, según él, alrededor de 1.500 euros por ello. Unos ingresos a los que debía añadirse el plus de la cesión de una vivienda y su sueldo de funcionario. Relación a todas luces ilegal.
En su primera declaración ante la policía, Rafael Rodríguez, tras ser detenido el 30 de octubre de 2013, pactó con su abogada entregar tan solo lo denunciado inicialmente por Matutes, 187.000 euros. Para efectuar el compromiso, y en un terreno propiedad del policía expulsado, este hizo entrega de 195.000 euros, más que lo acordado con la letrada. Se contó in situ el dinero y se levantó acta sin inspección ocular. Bajo arresto, Rodríguez indicó a los responsables de la investigación del robo donde encontrar un segundo monto de 780.000 euros: la policía habría recuperado 995.000 en total, aunque en el conteo se refirieran solamente 987.000, correspondientes a lo denunciado.
A día de hoy, Rafael se encuentra a la espera de juicio en el módulo especial para policías de la prisión de Castellón.
Aunque las videocámaras de vigilancia, el ADN, la confesión y entrega del dinero y otros muchos indicios inculpan a este agente, no se descarta que Rafael hubiera actuado en compañía. Una hipótesis sobre la que se querría fundamentar la culpa de José Joaquín, quien a la luz de los datos aportados y según sus declaraciones, se negó a colaborar en el encubrimiento de un posible delito fiscal.
Persecución…
Hace años que José Joaquín y su mujer se duchan por turnos para que uno de ellos pueda hacer guardia. “Me han jodido la vida”, asegura a VICE News el agente que, a pesar de no ejercer como policía, sigue cobrando del Ministerio de Interior.
José Joaquín sostiene que la noche del 1 de noviembre de 2013 recibió una llamada del inspector jefe del CNP Juan José Ferrer, que decía estar en compañía de Roger Sales, entonces también inspector jefe y hoy director insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera.
Le citaron en un punto de la carretera del municipio de San Lorenzo que conduce a un terreno cercano a la propiedad de Rafael, donde supuestamente éste había enterrado el dinero. Su presencia, le indicaron, era determinante, ya que J.J. era vecino de la zona y la conocía bien.
Una vez allí, y de acuerdo con el testimonio de José Joaquín y las pruebas aportadas, los agentes recuperaron el dinero reclamado por Matutes sin testigos, sin la presencia de la letrada de Rafael, sin representación del juzgado ni personal de la policía científica u otros agentes que pudieran ejercer de testimonios.
Este oscurantismo encajaría con los datos aportados por Asuntos Internos, que constataron varias llamadas telefónicas entre Sales y los afectados por el robo.
De acuerdo con la tesis de José Joaquín, se trataba de devolver a Matutes el dinero sin que éste pasara por la tutela judicial exigida evitando la apertura de una investigación por fraude fiscal.
Siempre según J.J., eso habría precipitado los hechos: le amenazaron con involucrarle con el robo y detener a su esposa si no colaboraba. Lo cierto es que la incautación procedió sin las garantías adecuadas: sin secretario judicial y sin el acusado presente, y sin técnicos de la científica ni otros testimonios.
José Joaquín sostiene que le habrían obligado a presentarse en comisaría para firmar un acta en la que se relataban unas circunstancias de incautación del dinero que no se correspondían con la realidad. “Si no firmas, serás detenido como autor [del robo]”, le habría dicho Sales. Se negó a firmar.
“Un grupo de policías empezaron a manipular el monto con guantes de látex discriminando los paquetes que toqué”, asegura José Joaquín. Todo en su presencia, en el despacho de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y bajo las órdenes de Jaime Ferrer, jefe de la unidad, así como de los dos agentes ya mencionados.
En este mismo despacho se modificaron las actas, supuestamente y según J.J., con ánimo de incriminarle. Las grabaciones de las cámaras de la comisaría desaparecieron.
En el despacho, Roger Sales habría hecho varias alusiones a su estrecha amistad con la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, afirmando que “si [José Joaquín] no se declaraba culpable de encubrimiento tenía suficiente amistad con ella para que decretara prisión sin fianza”. Su esposa sería la siguiente, le habrían dicho. Siempre según J.J.
Algo que la jueza rechaza en un auto con fecha de 11 de noviembre de 2015 cuando José Joaquín y su defensa intentaron recusarla. En el mismo documento, niega incluso conocer al jefe accidental de la Policía Científica, Fernando García Crespo, a pesar de que existen fotografías en las que la magistrada y él aparecen juntos en la terraza de una bar de copas en el puerto de la ciudad con otros policías y un comisario. Para J.J, esto constataría sus relaciones con el CNP ibicenco.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 rechaza comentar a VICE News cualquier cuestión al respecto de estos hechos.
Tras negarse a firmar, J.J. fue detenido y pasó la noche en comisaría. Luego le subieron de nuevo al despacho de la UDEV. Ante su sorpresa, la letrada asignada para su defensa sin que él la hubiera requerido era Ascensión Joaniquet, que también ejerció de defensa de Rafael, quien confesó el robo. En las actas se refiere que José Joaquín pide a un abogado de oficio.
Joaniquet tiene una estrecha relación con Roger Sales y su esposa, a su vez procuradora de Abel Matutes. La relación queda certificada porque, además, el hijo de Sales trabaja en el despacho de abogados de Ascensión. La letrada le habría sugerido que se inculpara, algo que sostiene J.J. y que se negó a hacer. Prescindiría después de sus servicios por las dudas que le plantearon sus actuaciones y vínculos personales.
Ascensión Joaniquet ha declinado hacer comentarios a este medio al amparo del secreto profesional.
Las casualidades y las irregularidades aliñadas con relaciones sospechosas se suceden. La jueza a la que Roger Sales habría referido como amiga decreta que se prorrogue la detención a efectos de reseñar a J.J..
“Para que pensara bien lo que iba a declarar”, le habrían dicho los agentes mencionados. Pasó un día más bajo arresto, y cuando compareció ante la justicia, la magistrada decretó mediante un auto la prórroga de su detención y el reingreso en los calabozos de comisaría con la obligación expresa de que se le realizara una consignación de datos identificativos. Finalmente, después de ese trámite salió en libertad tras 65 horas detenido y aislado en un calabozo.
“Tras lo presenciado la noche de mi detención, como es mi derecho, me negué a entregar mis huellas, puesto que tenía fundadas sospechas de que las usarían para involucrarme”, afirma José Joaquín.
En paralelo al embrollo de su arresto, la prensa publicaba informaciones sobre los hechos sin que se respetara la presunción de inocencia del detenido ni se contrastaran. “Me destrozaron la vida”, lamenta el policía suspendido.
Un comunicado oficial del CNP de Ibiza afirmaba que se había encontrado una maleta con dinero enterrada en el jardín de su casa, algo que se ha demostrado falso. Fue el mismo J.J. quien voluntariamente autorizó los registros de su casa y el terreno de su propiedad, que incluyeron el rastreo mediante perros policías y en los que nunca se encontró nada. Ni mucho menos una maleta con dinero.
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…y violencia
A su supuesta negativa a aceptar ningún trato a espaldas del juzgado, le siguió el despliegue de vigilancia policial en los alrededores de su domicilio. Y se sucedieron los informes de agentes que habrían visto a José Joaquín con varios familiares cavando en las inmediaciones.
Unas afirmaciones poco fiables teniendo en cuenta la distancia desde la que tuvieron lugar las labores de vigilancia, la oscuridad, la imposibilidad de referir con claridad quienes estarían llevando a cabo las conductas sospechosas y las relaciones temporales entre los turnos de los agentes.
Aseguran que a 400 metros, en un terreno boscoso y con desniveles, fueron capaces de identificar a J.J y a su esposa. Indican ruidos “como si estuvieran cavando”, pero no llevaron a cabo una intervención con la consiguiente incautación de los utensilios ni una identificación de los individuos con las imperativas fotografías documentando el terreno. No se practicaron arrestos y los turnos los sostuvieron los mismos agentes de 3 a 6 de la mañana, y que a las 10 volvieron otra vez, de empalme.
A pesar de ello, estas acusaciones servirán luego para imputar a su esposa, aunque en el auto de imputación no se señala el motivo, y también se utilizarán de excusa para solicitar ante la fiscalía su ingreso en prisión por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
Esa vigilancia policial, sin embargo, no protegió a J.J. de la agresión que sufrió la noche del 18 de noviembre de 2013 de la mano de dos hombres armados que se hicieron pasar por guardias civiles. Un testigo afirmó a la Benemérita que les vio en actitud vigilante desde las 10 de la mañana, momento en el que los agentes de la Policía Nacional, supuestamente, estaban desplegados.
J.J. asegura que los agresores disponían de datos del caso que ni él conocía. Finalmente, cuando uno de ellos se disponía a poner unas bridas para inmovilizar a su esposa, José Joaquín aprovechó el momento para liberarse y enfrentarse a ellos. Sus años en el ejército y en la policía le habían proporcionado habilidades para responder en situaciones límite.
Así, logró que su cónyuge pudiera escapar corriendo a pedir ayuda. Tras el forcejeo, siempre según su testimonio, logró zafarse de los agresores y estos huyeron campo a través.
El agredido se habría personado en la comisaría del CNP, donde, asegura, habría sido atendido por el comisario Julio Suárez Losada, que luego devendría la primera víctima por la gestión de la pesquisas del robo a Matutes. Acabó destituido fulminantemente desde Madrid por su papel en la investigación. Desde 2013, han pasado cuatro comisarios diferentes por la comisaría de la Policía Nacional de Ibiza.
Esa misma tarde, J.J. afirma que recibió una llamada de un amigo del hijo de Abel Matutes, que le apremia para que se encuentre con el abogado Gonzalo Esquer Rufilanchas, quien, tal y como se desprende de una grabación a la que VICE News ha tenido acceso, afirma actuar en nombre de la familia Matutes.
El letrado le exige “colaboración a cambio de tranquilidad”. En la grabación, el abogado apunta también que lo sustraído era “dinero negro”. Y de ahí los esfuerzos de los agentes de llevar las pesquisas fuera de la tutela de la judicatura.
J.J. interpuso un día después de la agresión una denuncia en la Guardia Civil por la irrupción violenta en su domicilio y la benemérita se presentó en su casa en busca de pruebas. Entonces, y con el instituto armado en la finca, aparecieron Roger Sales y Jaime Ferrer junto a otros agentes de la UDEV, uno de los cuales había participado de las vigilancias. Ferrer habría sustraído pruebas de la escena del crimen y el agente de la benemérita al cargo de las pesquisas le exigió que se las devolvieran.
Según el relato de José Joaquín, los dos policías se llevaron una navaja que estaba en las inmediaciones de su casa y con la que los agresores lo habrían amenazado de cortarle los dedos. La cogieron y, siempre de acuerdo con J.J., se la metieron en el bolsillo sin guantes. La presencia de los miembros del CNP, considera, se explicaría por querer conocer estos el estado de las pesquisas de la Benemérita y obstaculizar la investigación. Nadie requirió su presencia.
Roger Sales y Jaime Ferrer junto a otros agentes de la UDEV irrumpen en el escenario de la agresión contra José Joaquin mientras agentes de la Guardia Civil llevaban a cabo sus indagaciones.
José Joaquín decidió entonces ir a contratar los servicios de un abogado de la familia en Murcia, un viaje que comunica a la Guardia Civil. Ese es el pretexto para que la jueza que el agente Sales habría referido como su amiga, en sustitución del juzgado que llevaba la causa, le llamara para comparecer, ordenara su detención el 30 de noviembre de 2013 y luego lo pusiera en prisión sin fianza por supuesto riesgo de fuga hasta el 14 de diciembre del mismo año.
Dos semanas después, y tras su estancia en prisión en régimen de aislamiento, el juzgado de Instrucción número 2 de la isla desautoriza a la titular de Instrucción 3 y exige su puesta en libertad, pues considera que no hay indicios de la participación de J.J. en la sustracción del dinero. El encarcelamiento se entiende necesario sólo cuando la mencionada magistrada toma el control de la causa por un breve período de tiempo.
A principios de septiembre de 2015, la jueza que llevaba el proceso relativo a las agresiones decretó un sobreseimiento provisional ante los “irregulares reconocimientos fotográficos” de J.J. de los acusados, cuyas caras tenía retratadas la Guardia Civil.
El caso de la agresión en su domicilio sigue vivo en otra causa y José Joaquín interpuso una demanda de recusación contra la magistrada de Instrucción 3, por entender que no actuó de manera imparcial al suspender las investigaciones sobre las denuncias contra Roger Sales, Jaime Ferrer y otros responsables de Empresas Matutes.
Irregularidades en la cadena de custodia policial del dinero
El informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional para evaluar la actuación policial no escatimó en críticas. En primer lugar, los agentes a cargo de la investigación dieron por bueno el aumento en sucesivas denuncias del montante que fue robado, algo que debería haber desencadenado una investigación de las cantidades “dispares denunciadas”.
De acuerdo con la información recabada por Asuntos Internos, cuando Rafael Rodríguez quedó en libertad hizo entrega, el 6 de noviembre, de una maleta con dinero que aún guardaba. Parecía que estaba todo aclarado entre Rafael y Empresas Matutes. Pero ante la insistencia y las amenazas que Rodríguez asegura que recibió por parte de los responsables de la seguridad en la compañía, decidió entregar casi 800.000 euros más.
Roger Sales pidió que se dejara el dinero en su despacho, cerrado con llave. Y luego le pidió a Rafael, en calidad de imputado, que compareciera a las cinco de la tarde para contar el monto, algo que finalmente no sucedió. Pues se contó a puerta cerrada y se entregó a Empresas Matutes, una actuación irregular, puesto que en el conteo de ese dinero debía estar necesariamente presente Rafael Rodríguez y era obligado por ley que estuviera también su letrada para dar validez a la entrega y a la cantidad. Todo esto según el informe de Asuntos Internos.
Del sumario se desprende que Rafael se sorprendió al conocer el resultado del conteo; 780.000 euros, pues le constaba que en esa maleta había más dinero. No puede asegurar si se lo quedó alguien o no, pero se negó a hablar porque no quería “meter en un marrón a quién no…” (sic).
Según Asuntos Internos, una actuación ajustada a la legalidad habría exigido que la incautación se realizara en presencia de un testigo. La investigación de la propia policía también echó de menos una inspección ocular tanto del vehículo donde encontraron el dinero como de la maleta, y reiteran que el conteo debía realizarse ante la presencia de Rafael Rodríguez. Uno de los funcionarios se negó a firmar el acta del monto recuperado.
Jaime Ferrer, jefe de la UDEV, reconoció en sede judicial a principios de 2015 que el dinero “se fue devolviendo a los dueños a medida que iba apareciendo”, sin comprobar si los Matutes eran sus legítimos propietarios.
Y el jefe de unidad intentó sonsacarle información al único culpable reconocido en todo este embrollo en la cárcel de Castellón. Una visita de la que el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza tiene constancia a través de una comunicación de Asuntos Internos y sobre los motivos de la cual el magistrado expresa serias dudas en sede judicial. En este contexto, el juez decide ordenar al órgano de autocontrol policial la grabación del encuentro.
Del vídeo que recoge la declaración testifical de Jaime Ferrer se desprenden también fallos graves en la cadena de custodia: por la foto en la que posaron los agentes y las horas de entrega de los montos se puede constatar que el dinero no llegó a estar junto en ningún momento, puesto que se iba suministrando a sus supuestos dueños a medida que aparecía.
Declaración testifical de Jaime Ferrer, jefe de la UDEV.
El informe policial que evalúa la actuación de los agentes reconoce la posibilidad de que alguno de ellos fuera informando con regularidad a los Matutes. Algo que el mismo Jaime Ferrer reconoce en una conversación en la cárcel de Castellón con Rafael Rodríguez.
En declaración a Asuntos Internos, un agente del que sólo se menciona su número de placa, apunta al que fuera inspector jefe de la policía, Roger Sales, quien después de haber recuperado el dinero habría asegurado, en tono de broma, que deberían “hacerles socios de Empresas Matutes”. En buena parte de las declaraciones de los agentes del CNP se apuntó a Sales como al que ordenó que se devolviera el dinero al clan sin pasar por los procesos imperativos.
En la conversación que tuvo lugar en el presidio con Rafael Rodríguez, además, parece que Jaime Ferrer identifica sus intereses con los de Matutes cuando afirma, literalmente, “Rafa yo lo que quiero, lo que Matutes quiere, mira ¿Sabes lo que él quisiera?, te lo voy a decir muy claro lo que él quisiera: es que Ie devolvieran el dinero y él decir ‘mire yo no quiero saber nada’”.
Tres años después, y a falta de una resolución judicial, se acumulan los autos exculpatorios a favor de José Joaquin, sigue sin aparecer la maleta que le incriminaría a pesar de que desde el primer momento el agente suspendido autoriza registros en su casa, las pruebas de ADN dan negativo sobre su presencia en el lugar del crimen y en las grabaciones de las cámaras de seguridad en el lugar del robo no hay ni rastro de él. Mientras tanto, el supuesto fraude y las irregularidades en la tutela judicial del dinero robado siguen sin ser investigados.
¿Por qué nadie investigó tal cuantía de dinero sin fiscalizar?
El robo en el que se quiso involucrar a José Joaquín se dio en el momento idóneo, pues coincidió con los cierres de los clubes en 2013 de la llamada Isla Blanca. Las discotecas y negocios del grupo Matutes llevaban meses acumulando el dinero de varias actividades de toda la temporada estival. Una fuente interna de la seguridad de las oficinas asegura que la persona que cometió el robo debía saber cuándo iba a haber más dinero. Debía ser alguien de dentro.
Esta misma fuente a la que ha tenido acceso VICE News también sostiene que se trataría de “dinero negro”.
Con esa suma pasó lo mismo que con el milagro de los panes y los peces de Jesucristo: se fue multiplicando a medida que avanzaban las pesquisas judiciales. La primera denuncia elevaba el monto a 187.000 euros, una cantidad que luego alcanzó los 995.000 y que acabó en los 2,7 millones que la familia sostuvo finalmente que les habían sido sustraídos.
“El hecho de que el dinero estuviera en una caja fuerte no supone una irregularidad fiscal o contable”, insistió el périto de Deloitte, la compañía recientemente imputada por complicidad por fraude, contratada por los Matutes para dar fe ante el juez de que todo estaba en regla. La firma no consideró irregularidad alguna el hecho de que no se hubiera declarado la existencia de esa suma hasta después del robo. “La obligatoriedad [de declarar] es cuando termina el año”, justificó.
Pero en abril de 2014 Abel Matutes afirmó que se trataba “de una caja de depósitos sobre la que no había apuntes contables de entradas y salidas y que no sabían la cantidad [de dinero acumulado,] porque era la recaudación del cierre de los 20 hoteles”. A pesar de ello, el perito, una vez más, aseguró haber tenido acceso a los registros que su empleador negó en primera instancia que existieran. Una justificación de ingresos, en todo caso, muy poco detallada.
La defensa de José Joaquín pidió que se documentaran los ingresos sospechosos con hojas de apuntes, clarificaciones de procedencias o pagos con tarjeta. Un auto judicial constata que lo que aportó Deloitte en su momento es todo lo que hay, aunque no lo lleva más allá por entender que esto se debe dirimir en el plenario.
Además, durante las pesquisas queda al descubierto que hay otras cajas fuertes en las oficinas del holding empresarial y que la cuantía de dinero era tal que debía ser guardado, también, en armarios ignífugos, además de en las mencionadas cajas de seguridad.
La declaración a Hacienda de esta importante suma no se dio hasta un mes después del robo, y cuando el monto total ascendió a casi el millón de euros. Y hay un desfase de más de 7.000 euros entre lo que denuncia la compañía en noviembre de 2013 y lo que audita Deloitte en febrero de 2014. Una diferencia que cuadra con los 7.000 euros de más en relación a la primera denuncia de lo que Rafael Rodríguez entregó. A finales de noviembre de 2013, en un supuesto arrebato de gratitud o de altruismo, Empresas Matutes llevó a cabo una donación del 10 por ciento de esa cifra a la Asociación de Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía.
El abogado de J.J. da por buena toda la documentación aportada en esta investigación.
¿Quienes son los Matutes?
El abuelo de Abel Matutes, también Abel, fundó un banco homónimo (Banca Abel Matutes) y creó la primera compañía eléctrica de la isla. El padre del Abel de nuestros días, Pedro, fue el primero en poner un pie en política como concejal durante la dictadura de Primo de Rivera y luego como diputado en el período republicano. Lo de rico con conexiones en el poder le viene de familia, por más que “don Abel”, así le llaman, se jacte de haber empezado su fortuna como futbolista.
A sus 75 años ejerce de patriarca del clan.
El medio digital Sabemos recordaba a finales de 2015 que el holding empresarial Grupo Empresas Matutes (GEM) no tiene personalidad jurídica, no tiene CIF, ni cuentas consolidadas que permitan que lo refiramos como uno de los grandes del país. GEM es tan solo una denominación, pues es difícil seguirle la pista a todas las sociedades domiciliadas en las oficinas en las que se dio el polémico robo.
Matutes es conocido, sobre todo, por su papel en el negocio hotelero, aunque también es propietario de la compañía de ferries Balearia, que en 2015 facturó 291 millones de euros. Tiene hoteles en España, Caribe, México e Italia agrupados bajo la denominación Grupo Palladium. Esta división facturó, según la compañía, 429 millones de euros. Por sus suites se pueden llegar a pagar 10.000 euros, y 6.000 por sus mesas. De hecho, uno de sus buques insignia, el hotel-discoteca Ushuaia, fue registrado a mediados del pasado septiembre por sospechas de fraude en la facturación.
Su carrera política se remonta al franquismo, cuando fue alcalde de Ibiza en 1970. Luego se desarrolló en el Partido Popular (PP), como senador, diputado y encabezando las listas al Parlamento Europeo en 1994. En 1996, con José María Aznar en la presidencia, se situó al frente del Ministerio de Exteriores. En el año 2008 se dio de baja como militante del partido por “sentirse perseguido” por el gobierno socialista en la isla.
A principios de este diciembre, “don Abel” se defendió ante una comisión de investigación del parlamento balear por las acusaciones de haber utilizado su influencia política para hacerse con la concesión de la construcción de una autopista en Ibiza. Él aseguró, en cambio, que sus empresas fueron “perjudicadas” por la obra.
Denuncias de sustracciones de dinero no declarado hasta después del robo de cajas fuertes rebosantes cuyo monto se multiplica, policías a sueldo de particulares, conteos y cuentas que no cuadran, agentes de las fuerzas de seguridad llamándose con los afectados de un robo en tono familiar, entregas sin comprobaciones o amistades y relaciones curiosas, si más no. Agresiones mientras se dan supuestas vigilancias, policías que intervienen en investigaciones de otros cuerpos sin que nadie les llame sustrayendo pruebas de la escena de un crimen… No. No es Miami Vice, es Corrupción en Ibiza.
A Roger Sales, Jaime Ferrer y a los responsables de la división hotelera de GEM se les ofreció la posibilidad de comentar estas informaciones, pero o bien lo declinaron o nunca llegamos a obtener respuesta.
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