Este artículo fue publicado originalmente en Vice News en español.
Era noche cerrada y ellos llegaron pateando puertas y empujando a los hombres afuera. A los que no mataron, los desaparecieron. Habían apagado la planta de energía del pueblo, así que nadie pudo ver nada.
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“Entraron a mi habitación. Llevaban pasamontañas. Me preguntaron por mi esposo y por un tal John Jairo. Pero él estaba fuera y yo de verdad no sabía quién era ese tal John Jairo”, cuenta a VICE News Luz Daryl, una joven de Cali.
La sacaron de la cama a golpes. Uno de ellos enredó el puño en su cabellera negra y la aprisionó contra la pared. Luego le rasgaron la ropa a machetazos. “Yo les decía que por favor no me hicieran daño”. “Colabore y las cosas serán más sencillas”, decían los otros.
Luz Daryl logró zafarse y echar a correr, pero afuera todo seguía a oscuras. “En el patio caí al suelo”. Entonces todo fue muy rápido. Uno de los hombres estaba de pie sobre sus brazos, sujetándola. Y otro estaba encima de ella, aún aturdida, violándola. “Mira lo que te estás perdiendo, marrano”, decía el tipo a otro que miraba. Y ese también la violó. “Que sepas que tengo sida”, le dijo al terminar con ella.
‘Mientras todo ocurría yo les rogaba que por favor me mataran; pero lo único que hacían era reírse’.
“Mientras todo ocurría yo les rogaba que por favor me mataran; pero lo único que hacían era reírse. Me dolía todo el cuerpo. Esa noche nos fuimos del pueblo. Y los muertos se quedaron allí, velándose solos”, recuerda la mujer.
Luz Daryl no sabe si los hombres pertenecían a las FARC, al ELN, a las BACRIM o si eran militares.
Pudo haber sido cualquiera de ellos. La violencia sexual es, en palabras de la Corte Constitucional, “una práctica sistemática, habitual y generalizada” por todos los actores del conflicto colombiano.
‘La agresión a la mujer es una forma de control, de superioridad por parte de un grupo armado ilegal y una estrategia de apropiación del territorio’.
Los datos que arroja un estudio que realizó la ONG británica ABColombia entre los años de 2001 a 2009, Colombia: mujeres, violencia sexual en el conflicto y proceso de paz apoyan esta tesis. Un promedio de 54.410 mujeres al año sufrieron violencia sexual en el país. O lo que es lo mismo: 149 al día y 6 cada hora.
“La agresión a la mujer es una forma de control, de superioridad por parte de un grupo armado ilegal y una estrategia de apropiación del territorio, ya que generalmente la víctima se ve obligada a desplazarse”, asegura Ángela Carrillo autora del informe Buenaventura, Colombia: realidades brutales del Norwegian Refugee Council.
Las guerrillas reclutan jóvenes y las convierten en esclavas sexuales. Lo que deviene en un sinfín de abortos forzados, práctica recurrente en las FARC, según ABColombia.
En las zonas paramilitares — ahora bajo las BACRIM — además de violaciones y asesinatos de estudiantes y defensoras de los derechos humanos, se da con frecuencia la prostitución forzada.
“He tenido noticias de niños entre 12 y 15 años obligados por grupos armados no estatales y bandas criminales a prostituirse en zonas mineras”, señalaba en un comunicado la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Zainab Hawa Bangura, el pasado marzo tras visitar Colombia.
“Se referían a esos niños como ‘paquetes’ para servir en las operaciones mineras y que eran reemplazados por ‘nuevos paquetes’ cuando estaban ‘demasiado usados o demasiados enfermos’”, añadía.
El terror se multiplica cuando se comete el crimen a la vista del resto. Según recoge un informe de la Consejería de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en 2012 un grupo de soldados del ejército se hizo pasar como paramilitar y violó a cuatro niñas indígenas Betoyes de 11, 12, 15 y 16 años. Posteriormente asesinaron a la mayor, que estaba embarazada, delante de toda la comunidad. Rajaron su vientre y sacaron el feto. Lo cortaron en pedazos y lo tiraron un río.
Para entender este tipo de crueldad “es importante no ver la violencia sexual en el conflicto como algo independiente a la que hay en la sociedad”, explica desde Bogotá Louise Winstanley, portavoz de ABColombia, a VICE News.
“El conflicto agrava la violencia con las mujeres, no la crea. Ésta surge de unas actitudes patriarcales como considerar a la mujer propiedad de otro hombre. Violándolas demuestran su superioridad sobre los otros”.
“Pero no hay duda que en el conflicto colombiano esto se mezclada con racismo en el caso de indígenas y poblaciones afrocolombianas”, concluye.
“Tenemos una sociedad machista”, dice Jenny Lopera, abogada de la gobernación del departamento de Antioquia, a VICE News.
“Las mujeres son instrumentalizadas. La mejor mujer es la más bonita y el hombre más poderoso, el que la exhibe. Paradójicamente, ese poder se le arrebata ultrajando a su mujer”, explica gráficamente.
‘Cuando la agresión viene de un cuerpo estatal, los civiles no tienen a quién reclamar justicia’.
El ejército es el actor que más abusos comete. De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, en 2012 , “[de] las mujeres que identificaron como presunto agresor a un miembro de un grupo armado, 10 afirmaron que pertenecía a la guerrilla (13,7%), 40 a la fuerza pública (54,8%), 16 a grupos paramilitares y narcotraficantes (21,9%) y siete a grupos de seguridad privada (9,6%)”.
“Cuando la agresión viene de un cuerpo estatal, los civiles no tienen a quién reclamar justicia. Quedan expuestos y atemorizados ante el hecho de que los que deben proteger la ley estén violando sus derechos”, apunta Winstanley.
La tasa de impunidad para los delitos sexuales es del 98 por ciento en Colombia, según la organización local Sisma Mujer en su informe de 2014. Allí también se afirma que el 1,63 por ciento de 183 casos de violencia sexual contra la mujer cuenta con sentencia condenatoria.
“El Estado ha creado normas como el Auto 092 en 2008 para impulsar investigaciones penales. Pero cinco años después, se indicó que no hubo avances en los procesos”, revela Viviana Rodríguez, abogada de Sisma Mujer, a VICE News.
“Incluso de los 183 casos priorizados, sólo se obtuvieron tres sentencias”, añade.
La ley 1719 de 2014 fue en principio otro paso adelante. Definió la violencia sexual como crimen de guerra y de lesa humanidad. Además sentó bases para la investigación y protección de víctimas. Pero fue un paso fallido.
“Este año, la Corte Constitucional reiteró que no se observan avances sustantivos en la investigación penal. Y que mientras no se comprenda la violencia sexual como un asunto de discriminación, las acciones no superarán los obstáculos de acceso a la justicia”,apunta Rodríguez.
Una discriminación que es constante cuando las víctimas denuncian. Falta de credibilidad y culpabilización son dos de las trabas más frecuentes.
“Fuimos a la policía esa misma noche. Tomaron declaración. Y lo defendían a él. ‘Que no, que eso era lo que usted quería. ¿Y usted está segura de que eso fue así?’. Yo les decía que sí. Y decían que no, que dejen esto así, lleguen a un acuerdo. Y a lo último yo ya decidí dejar eso así”, cuenta a Amnistía Internacional (AI), Dora, una chica que fue violada con 14 años por un miembro de un cuerpo del Estado.
“Ausencia de garantías para la participación de las víctimas en el proceso penal, prácticas revictimizantes como rendir más de tres veces testimonio, la exigencia de contar con testigos,” son otras trabas que señala Vivian Rodríguez y que conllevan finalmente a no denunciar.
“Muchas mujeres desplazadas lo son a causa de esta violencia pero no lo reconocen. No cuentan su agresión por vergüenza o por temor a represalias”, aporta Lopera desde la Gobernación de Antioquia.
‘Yo no sabía cuando me llegaba la menstruación. Constantemente sangraba porque eran muchísimos hombres. Me echaban coca en la vagina para poder seguir’.
Las secuelas van desde la estigmatización y el rechazo de la pareja a la baja autoestima, depresión y tentativas de suicidio. Sin olvidar las consecuencias físicas como lesiones, afectación a la salud sexual y reproductiva y contagio de enfermedades venéreas.
El Gobierno tampoco dispone de un programa adecuado de atención a las víctimas. “Las mujeres deberían estar siendo atendidas en salud física, psicológica y psicosocial. El programa ordenado en la Ley 1448 de 2011 [que tiene como objeto la justicia y la reparación de víctimas de violaciones a raíz del conflicto armando interno] aún no se ha implementado y no tiene un enfoque en violencia sexual”, revela la abogada de Sisma Mujer.
“Estos crímenes solo se reportan si hay ONGs locales donde ellas pueden contar lo que les ha ocurrido, recibir apoyo psicosocial, tener su caso documentado para trámite legales y recibir el apoyo de otras mujeres que han pasado por lo mismo”, señala Winstanley de ABColombia.
El actual proceso de paz con las FARC ha llevado al gobierno a contar con delegaciones de víctimas. También se ha nombrado en el gobierno una Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y creado una subcomisión de género en la Habana que revisa los acuerdos alcanzados y trata con las víctimas la expectativa de justicia.
Pero las condenas no bastan. “Se debe preguntar cómo resocializar y reeducar a los agresores. Aquellos que piensan que los condenaron injustamente porque matar a la esposa o violar a supuestas guerrilleras no es lo más grave que han cometido”, señala Rodríguez de Sisma Mujer.
Mientras eso no ocurra, seguirán dándose casos como el de Shirley, abusada por paramilitares a los 17 años en la región de Antioquia, según la AI.
“Yo no sabía cuando me llegaba la menstruación. Constantemente sangraba porque eran muchísimos hombres. Me echaban coca en la vagina para poder seguir. El paramilitar que me llevó propuso a los otros comandantes que me mandaran a un bar a prostituirme y la plata que cogiera, se las diera. Dije que sí para ver a mi otro hijo. Les tenía que dar una cuota acordada para verlo”.
Sigue a Iván M. García en Twitter: @ivanmgarcia77
