Foto por Jesús Robles Maloof.
Once personas detenidas arbitrariamente el 20 de noviembre en la Ciudad de México, durante la protesta para exigir que el Estado responda por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, fueron consignadas este sábado 22 de noviembre por homicidio en tentativa, asociación delictuosa y motín. En un principio también se les había acusado de terrorismo, aunque este cargo fue retirado.
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Hablamos con nuestro abogado defensor de derechos humanos favorito, Jesús Robles Maloof, para que nos explicara las implicaciones políticas de estas detenciones.
VICE: ¿Cuáles son los cargos de los once detenidos en la protesta del 20 de noviembre en la Ciudad de México?
Jesús Robles Maloof: Asociación delictuosa, se aplica a quienes forman una asociación o banda de tres o más personas para delinquir. Este delito se creó para aquellos grupos de personas en donde no todos cometen los mismos delitos pero todos están de acuerdo en el objetivo. Entonces se castiga en general aunque las acciones de cada uno hayan sido diferentes. Normalmente se aplica a los delitos cometidos en pandilla, en grupos que intervengan en la comisión de un delito. Se entiende por pandilla la reunión habitual ocasional de tres o más personas que, aunque no estén organizadas ya que en algún momento concurren para cometer un delito.
Curiosamente en este delito hay agravantes si son realizadas por funcionarios o servidores públicos, lo que en este caso aplica claramente para los granaderos y policías federales que vimos en las imágenes y fotografía cometiendo actos de brutalidad, pero por supuesto que ellos no están ni estarán en la lista de detenidos de la PGR.
El segundo delito que se les imputa es motín, un delito de los llamados “delitos políticos” o “delitos contra el Estado”. El primero tiene una pena de hasta siete años de prisión, y se aplica a quienes —pretextando que se está haciendo uso de un derecho— se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con violencia. Esto es muy grave, hemos dicho que estos delitos deben desaparecer porque no existe una definición objetiva de orden público, es decir: el orden público siempre es, para los políticos, la idea de sumisión o de obediencia; cuando en realidad una sociedad democrática existiría orden público cuando se respetaran los derechos, incluyendo el de la protesta.
Y el tercero, que es el delito más grave, es el de homicidio en grado de tentativa, el cual si es probado ante un juez, puede alcanzar una pena de hasta 25 años de prisión.
Foto del #20NovMx, por Alejandro Mendoza.
¿Qué podemos esperar de que los hayan trasladado a penales de máxima seguridad? ¿Qué derechos tienen? ¿Crees que los puedan ejercer?
Tienen derecho a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos, tortura en concreto. Creo que por supuesto tienen derecho a una libertad inmediata, a que la PGR revise sus expedientes y libere inmediatamente a estos jóvenes que no tienen relación en ninguno de los casos. Yo le exigiría a la Procuraduría que muestre la evidencia, pero eso presumiblemente no va a suceder. Espero que el Poder Judicial de la Federación ponga orden en esto, como lo ha hecho ya en otros casos, como en el del preso político Mario González.
Hay que señalar que de todos los detenidos en protestas desde el 1º de diciembre de 2012, que rondan los mil, en ninguno de los casos el gobierno ha probado culpabilidad. Todos al final terminan siendo absueltos. No hay un solo caso en el que el gobierno haya podido probar que las personas sean culpables de algo. Y esto para que nos quede claro para entender cómo el gobierno fabrica culpables para ajustar el discurso social o político a la realidad. Sobre las espaldas de estos chicos cae un peso enorme del Estado. Yo llamaría a la sociedad a ayudarles a cargar esto, a que seamos solidarios con ellos, que reunamos evidencias, en el correo materiales20NovMx@gmail.com, y que formemos comités con los familiares de cada uno de ellos.
Y hay que seguir preguntando; a pesar de que nos quieran distraer con estos lamentables hechos, el gobierno nos tendrá que responder todos los días dónde están los 43 normalistas. No se librará de esa responsabilidad.
El gobierno busca trasladar la violencia a otro lado, manda un mensaje de intimidación para las marchas: “Si sales a las marchas puedes acabar en un penal de muerte y oscuridad”; equipara a los perpetradores de la masacre de Ayotzinapa a estos jóvenes que están en un penal de máxima seguridad, y le dice a la sociedad que está dispuesto a no rendir cuentas sobre Ayotzinapa pero sí a meterte a la cárcel, así que mi pregunta sigue siendo cuántas cárceles va a necesitar, porque esto ya no lo va a parar.
Foto del #20NovMx, por Daniel Villa.
Cuando Enrique Peña Nieto da un discurso en el Estado de México, entre su gente y sus porras y su sistema tradicional de política, manda un mensaje contrario a la Constitución porque equipara la violencia a las protestas, y dice que si siguen las protestas no habrá investigación [sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos] dice que los que protestan están en contra de su proyecto de nación, y lo que genera el contexto para sujetos desestabilizadores, que antes no estaban en ningún lado. Cuando él habló de desestabilizadores, [el procurador Jesús] Murillo Karam los fabricó.
Le urge al presidente llevar la atención y llevar los esfuerzos de la sociedad a otro lado para liberarse él de la posición de dar cuentas sobre Ayotzinapa, pero el problema es que eso no se va a ir.
¿Cuántas y cuáles normas legales se violaron por parte de las instancias gubernamentales durante estas detenciones?
Primero, la PGR no aplicó el principio de presunción de inocencia. Un policía rinde parte al ministerio público que recibe a las personas y se supone que el MP debería valorar si existe o no evidencia sobre ellos. La evidencia que han presentado son los testimonios de los policías, no hay otra. Los acusados que declararon no aceptaron en ninguno de los casos los hechos, y ante dos testimonios [que nieguen las acusaciones] debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, pero en México eso evidentemente no está pasando.
Segundo, el derecho a una defensa adecuada. Yo estuve, tengo la evidencia, frente a un ministerio público y no pude ingresar. [A los detenidos] los incomunicaron durante horas.
Y por supuesto el derecho a presentar pruebas en su favor. Al no tener una defensa adecuada los detenidos no pudieron reunir las evidencias de que no participaron en los hechos que se les atribuyen.
Foto del #20NovMx, por Daniel Villa.
¿Qué puede hacer la sociedad civil para ayudar a los presos políticos?
Llamo a la sociedad a no tener miedo, a seguir exigiendo con voluntad. Hay que estar retando a una sociedad donde todos tengamos un nivel aceptable de vida y un nivel aceptable de seguridad, que veamos claramente lo que [el gobierno] está haciendo. Y creo que la sociedad debe ayudar a estos once jóvenes a cargar esa losa tan pesada y seguir haciendo las cosas de manera pacífica, como las hicimos. Ya hay evidencias suficientes para decir que estas personas que queman cosas y agreden a los policías son parte del mismo Ejército y de la misma policía, no creamos ya en eso.
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