Hagamos un repaso vertiginoso de lo sucedido desde nuestro último reporte:
Tras la velada por Melvin Josué Gómez Escobar —hondureño de 21 años que falleció atropellado el domingo 21 de octubre en el camino hacia Estados Unidos— empezó la rudeza mexicana. A la noche siguiente, las autoridades de Huixtla les fumigaron encima mientras descansaban en la plaza del pueblo. Avanzaron fumigados. Pasaron Escuintla y llegaron a Mapastepec, siempre en Chiapas, siguiendo la ruta 200 que va paralela a la costa.
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En la asamblea del jueves 25 de octubre decidieron que se irían por Veracruz, dando un giro sorpresivo que descartaba definitivamente subirse al tren. Al día siguiente, la cabecera de la caravana llegó a Arriaga, la última ciudad de Chiapas en una ruta invisible, trazada por décadas y millones de pasos.
Mientras el mecanismo nacional de prevención de la tortura en México denunciaba las malas condiciones de reclusión en que se tiene a los migrantes que tramitan su refugio en México o esperan su deportación en la estación migratoria “Las Agujas” de la Ciudad de México, del otro lado del Suchiate, en Tecún Umán, Guatemala, se reunían cientos de personas para ingresar juntas a México.
Para cuando lo intentaron el domingo 28 de octubre, los militares y policías, que habían copado el área del puente sobre el río y sus alrededores, impidieron que los balseros trasladaran a la gente. Ese día hubo represión y murió Henry Adalid Díaz Reyes, hondureño de 25 años, a causa del impacto de un proyectil en la cabeza. No se sabe si fue una bala de goma o de gas lacrimógeno.
Entró gente continuamente por toda la frontera sur. Fray Tomás González, que gestiona el albergue para migrantes La 72 en Tenosique, en el estado fronterizo de Tabasco, afirmó que en una semana habían recibido en su albergue a la misma cantidad de gente que usualmente llega en un mes: 1500 personas.
Así, la frontera reveló su cara ficticia en esos días que la masividad protagonizó el movimiento, porque a los grupos más pequeños sí los detuvieron. Salvo una tercera caravana de unas 2000 personas que salió de San Salvador, capital de El Salvador, el 31 de octubre y logró entrar a México el 2 de noviembre, los grupos de 200 o menos personas que se abanderaron como caravanas fueron emboscados en la ruta y detenidos con fines de deportación. Los que no fueron detenidos en Ciudad Hidalgo, lo fueron 20 kilómetros más adelante, llegando a Metapa, camino hacia Tapachula.
La primera respuesta oficial del Presidente mexicano —que para el 26 de octubre era Enrique Peña Nieto— fue el plan “Estás en tu casa” que según lo consultado por este medio, no ofrecía nada que no estuviese contemplado ya en las leyes migratorias mexicanas. Sí los conminaba, en cambio, a quedarse en Chiapas y Oaxaca y ya no continuar subiendo.
El éxodo respondió por medio de Pueblos Sin Fronteras, llamando al libre tránsito y a un diálogo en la ciudad de México con las autoridades salientes y las entrantes que nunca se llevó a cabo. “Estas en tu casa” se tradujo en un intento masivo de detención en el borde entre Chiapas y Oaxaca, que se transformó en una demora en la ruta durante las horas del sol más canijas. Pero siguieron.
Para el lunes 29 de noviembre, la cabecera del éxodo centroamericano ya estaba en Niltepec —en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca— cuando atrás, en el Suchiate, se vivía otra escena de película. La segunda caravana del éxodo cruzó el río Suchiate haciendo una cadena humana, mano a mano, para entrar a México mientras un helicóptero les volaba encima y agitaba con sus aspas el agua y el viento. A pesar del asedio, también pasaron.
La primera caravana marcó la ruta para las que venían detrás por Juchitán y Matías Romero, en Oaxaca, avanzando con la idea de conseguir camiones, sin éxito. Decidieron ir primero hasta Donají y luego a Sayula de Alemán, en Veracruz. Allí se produjo la primera gran dispersión gracias a un mecanismo que se reveló como método: primero prometerles transporte y luego retirar la promesa.
El encargado de hacerla fue Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, y retractándose luego y causando un desasosiego brutal entre la gente que, junto al peligro real de la ruta —Ciudad Isla-Tierra Blanca— y la paranoia que les causó comprender en dónde se habían metido, desbandó a muchos.
Arturo Peimbert, ombudsman de Oaxaca, denunció la desaparición de cien migrantes en ese trayecto, en un confuso episodio que no ha sido confirmado ni investigado y que según dijo Peimbert a este medio, fue denunciado en la fiscalía federal de atención a delitos contra migrantes.
Corriendo y a cuentagotas, sin la gloria imaginada, entraron a la Ciudad de México. Estuvieron una semana en la capital, hospedados en el gran campo de refugiados que se montó en el estadio Jesús Martínez “Palillo”.
No se recibió aviso de ninguna persona faltante en el hecho mencionado por Peimbert en los espacios que fueron habilitados en el recinto capitalino. De hecho, no había casi denuncias según confirmó, salvo por dos mujeres (Gilberta O Rauda y Shiny Rauda González) cuyos nombres estaban pintados en un cartel colgado en el ingreso al comedor sobre la frase “te busca tu familia en carpa del consejo ciudadano”. Si ahí estaban, lo verían sin falla.
De México salieron en metro hasta Cuatro Caminos el sábado 10 de noviembre, con destino a Querétaro, aunque un día antes un grupo de hombres jóvenes se adelantó y fueron los primeros en llegar a Tijuana, en la frontera norte, el martes 13. Recorrieron 2700 kilómetros en cuatro días.
El resto del éxodo se movió al ritmo de un gran animal vertebrado, cuyas partes tienen decisión pero pierden fuerza si se separan del esqueleto. Fue moviendo sus piezas en tráilers o pagando autobuses, subiéndose y bajándose una y otra vez.
En Querétaro se dio un cambio de signo, cuando las autoridades locales que hasta entonces buscaban retenerlos y enlentecer su marcha, trataron que el éxodo pasara el menor tiempo y lo más lejos posible del centro de sus grandes ciudades. Si no salían de las carreteras, tanto mejor. Así, avanzaron rápido y sin descansar.
Para esto se montó un corredor de autobuses desde Jalisco —el último sitio que les dio albergue temporal, en un estadio dónde todos fueron registrados por nombre y nacionalidad— que comenzó en el Arenal, a 90 kilómetros de la frontera con Nayarit.
Después llegaron a Ixtlán del Río, Nayarit, dónde los esperaban camiones pagados por el gobierno municipal nayarita, que los puso excusándose en su propia crisis tras el paso del huracán Willa. De Ixtlán fueron llevados a la estación fitosanitaria de la Concha II, el primer punto en Sinaloa. Para todo había filas y esperas de dos, tres, siete horas para abordar. Ya sin refugio, volvieron a dormir a la intemperie.
El viaje de 700 kilómetros hasta Navojoa, Sonora, fue el trayecto más extenso del camino, sólo superado por los 1100 kilómetros que les tocó después, entre Navojoa y Tijuana, que tardaron casi dos días en recorrer.
Unas 2000 personas fueron desviadas a Mexicali y repartidas en siete albergues distintos. Cuando se reunieron nuevamente, alcanzaron su número más elevado en la frontera. Más de 6000 fueron alojadas hasta 1 de diciembre en un albergue temporal montado en el estadio de béisbol “Little padres park”, dónde tuvieron el muro fronterizo como horizonte.
La lucha por la representación
El primero en ser señalado como organizador de este movimiento masivo de gente fue el más enfático en desmarcarse de esa responsabilidad. Bartolo Fuentes es un periodista del norte de Honduras que también fue diputado durante un periodo.
Primero en entrevista telefónica y luego personalmente en la Ciudad de México (salió de Honduras por temor a ser encarcelado arbitrariamente) se encargó de explicarnos —y a todo el que le preguntara— que él no puede colgarse el mérito de haber organizado nada. No porque lo crea ilegal, sino porque no le pertenece.
Fuentes estuvo en la primera caravana del año y esa forma de viajar fue algo nuevo para él, aunque tenga experiencia cubriendo el tema migratorio. Confesó al rato de la charla que no tenía una relación cercana con los de Pueblos Sin Fronteras que organizaron la caravana de marzo. Fuentes dijo que incluso sentía que no lo querían.
Del éxodo actual, Pueblos Sin Frontera dijo desde el inicio que ellos tampoco habían tenido nada que ver, porque la fecha les parecía mala por coincidir con las elecciones de medio término en Estados Unidos. Pero que la experiencia cosechada en las caravanas anteriores los conminaba a poner el cuerpo ante la salida espontánea de la gente.
Irineo Mujica, uno de los referentes mexicanos de Pueblos Sin Fronteras, estaba visiblemente sorprendido en Tapachula al ver la magnitud que tenía sólo el primero de los grupos que entró a México. Que era imposible, decía, mover a toda esa gente junta.
Mujica fue detenido en México al igual que Fuentes en Guatemala y así apartados de cualquier participación que pudiesen llegar a tener. Cobraron relevancia otros integrantes de Pueblos Sin Fronteras como Gina Garibo, que comandaba las asambleas nocturnas en la Ciudad de México y Alex Mensing, que se ocupaba de hablar y convocar a la prensa.
Su discurso es que Estados Unidos tiene capacidad de procesar más solicitudes de asilo que las que efectivamente admite y que ellos facilitan el acceso de los casos que cuadran en la ley migratoria norteamericana. Así lo hicieron durante la caravana de marzo y lograron un altísimo nivel de aceptación (93% de los 400 solicitantes de asilo en su país).
Como contrapeso a esta organización poco a poco fue colocándose el padre católico Alejandro Solalinde. Primero se presentó en el sur de México (en Tapanatepec) dónde les ofreció albergue en Ixtepec y desde entonces, en sus sucesivas apariciones, ha bregado por la permanencia del éxodo en México.
Solalinde encabezó durante la segunda mitad de 2018 una serie de “mesas de trabajo” en las que buscó construir una agenda política sobre el tema migrante para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que no tiene cargo formal pero su cercanía es manifiesta.
En Tijuana, la tensión creció entre ambos grupos cuando Solalinde acusó a los representantes de Pueblos Sin Fronteras de haber acarreado a la gente al norte sin sentido. La lectura de Solalinde sobre Pueblos fue atendida por los representantes de dos de las principales organizaciones de Baja California: Ángeles sin fronteras de Mexicali y Juventud 2000 de Tijuana.
Clandestinos y precarios
Tijuana ha sido hostil con el éxodo, a pesar de ser la ciudad migrante por excelencia. Dos manifestaciones de corte racista marcaron el discurso en los medios, aunque la mayoría de la población no se haya expresado en ese mismo sentido.
Unos días antes de que llegaran, el 9 de noviembre, se realizó un cambio legal importante para esta coyuntura cuando Donald Trump emitió una “proclamación” que prohíbe que las personas que entran de manera irregular a su país soliciten asilo. El decreto sugiere que opten por acogerse a una forma precaria de permanencia en Estados Unidos, llamada “withholding of removal”.
La “suspensión de deportación” como podría traducirse, permite que la persona trabaje en Estados Unidos pero le prohíbe solicitar otro estatus migratorio permanente, ya que el “whithholding of removal” es temporal y precario. Puede revocarse por la sola voluntad de la autoridad norteamericana y deportar a la persona sin más.
Es decir, la suspensión de deportación permite a los migrantes trabajar por un tiempo indefinido, pero jamás convertirse en ciudadanos estadounidenses.
Aunque el juez federal John Tigar resolvió que el decreto de Trump es ilegal —ya que la ley migratoria sostiene que cualquier persona puede solicitar asilo sin importar la manera en que entró a Estados Unidos— los efectos de su fallo sólo duran un mes, por lo que la suspensión del decreto acaba este 19 de diciembre.
La consumación de este cierre se dio el domingo 25 de noviembre, cuando oficiales de CBP (aduana) y del a border patrol (policía fronteriza) dispararon gases y balas lacrimógenas por sobre el muro fronterizo hacia una manifestación que el éxodo hacía en México.
Un día antes de la gaseada, el Washington Post publicó que se había alcanzado un acuerdo entre el gobierno de López Obrador y el de Trump para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos, sean enviados a México para permanecer aquí el año o dos que tarde la resolución de su caso allá. De acuerdo con organizaciones sociales vinculadas con el tema consultadas por este medio, esta puede ser la solución de fondo que se dará a la caravana migrante, que inaugurará un nuevo método para ingresar legalmente a Estados Unidos, aunque violente sus derechos de decidir dónde vivir.
