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“Es triste y vergonzoso que haya tenido que hacer una huelga de hambre para que reconozcan mis derechos”, asegura a VICE News Andrés Merino, el exmilitar que hace una semana dejó de comer e instaló un campamento improvisado a la salida de las oficinas del Ministerio de Defensa para exigir al gobierno español que le pagara su pensión por invalidez.
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El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ya había fallado a favor del derecho del exmilitar a recibir esta prestación el pasado 18 de mayo, pero, seis meses después y tras cuatro años de lucha judicial, Merino todavía no había percibido ninguna retribución.
Tras la presión mediática de los últimos días, dos representantes de Defensa se reunieron hoy con Merino y formalizaron un acuerdo por el que se comprometen a pagarle un adelanto al exsoldado antes de Navidad. El avance, aclara el exmilitar, correrá a cuenta del cobro retroactivo de cuatro años de sueldo que también le reconocía la sentencia del TSJM.
“De momento, esto me permitirá estar tranquilo durante seis meses en vez de tener que sobrevivir con ayudas de amigos y familiares”, explica Merino, quien actualmente solo cobra 426 euros en concepto de ayuda familiar para sacar adelante sus cuatro hijos. Una situación que le obligó a dejar su vivienda y mudarse con su familia a casa de los abuelos de su mujer, que trabaja por horas y sin seguridad laboral alguna.
En relación al pago de la pensión, el acuerdo establece que Defensa cumplirá con lo que resuelva el TSJM en referencia a la aclaración que el ministerio le pidió a este tribunal hace unos días. Dicha aclaración concierne al grado de invalidez de Merino que, de acuerdo con un primer informe de un tribunal médico militar era de un 33 por ciento, pero que un documento posterior rebajó al 16 por ciento.
Una discusión porcentual relevante si no fuera por el hecho de que el perito forense designado por el tribunal de Murcia atribuyó al exsoldado la incapacidad absoluta y estableció, en consecuencia, no sólo el derecho a la pensión y al cobro retroactivo de su sueldo sino también el retorno del importe de la factura pagada por las costas del proceso judicial.
Para acceder a la citada prestación, se requiere un 33 de invalidez y que las lesiones causantes hayan tenido lugar en acto de servicio, como sucedió en el caso de Merino y como se recoge en el artículo 1.2 del Real Decreto 1186/2001.
Este exmilitar se lesionó primero durante una misión en Afganistán y luego volvió a lastimarse la espalda en una caída sufrida en un cuartel de Almería, España. Ambos accidentes le obligaron a someterse a diversas operaciones de columna que no le permitieron recuperar la condición física, hoy sufre de cojera, para seguir con sus obligaciones como soldado.
El acuerdo de hoy es una pequeña victoria para Merino, pero habrá que estar muy atentos al desenlace de un caso que aún no se ha cerrado.
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