Ayer en Argentina se conoció la desestimación por parte del Juez Federal Daniel Rafecas de la denuncia que el fiscal Nisman había realizado contra la Presidenta y otros actores del gobierno por encubrimiento una semana antes de aparecer muerto en su casa.
El fiscal había denunciado a Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman, y a otros dirigentes del gobierno de encubrir a ex funcionarios de la República de Irán en su vinculación con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en Buenos Aires en 1994.
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Según el Juez “ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el Fiscal Pollicita [que es quién relevó a Nisman en el caso] en su requerimiento, se sostienen mínimamente” y agregó que “la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito”.
La denuncia del Fiscal Nisman hacía eje en una supuesta decisión del gobierno argentino de buscar la anulación de las alertas rojas emitidas por Interpol que pesan contra los funcionarios iraníes acusados de haber perpetrado el atentado a la AMIA. Las alertas rojas son el instrumento que tiene la organización internacional para detener sospechosos.
Sobre esto, el Magistrado tuvo en cuenta las declaraciones de Ronald Noble, ex Secretario General de Interpol, quién ya había desmentido a Nisman antes de su muerte al expresar “puedo afirmar con un ciento por ciento de certeza, ni un atisbo de duda, que el Ministro de Relaciones Exteriores Timerman y el gobierno argentino han sido constantes, persistentes e inquebrantables para lograr que Interpol emita, mantenga vigentes y no suspenda o remueva sus notificaciones rojas”.
“No hay ninguna evidencia que revele que el gobierno argentino tenía intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la justicia argentina, si no que era al contrario. El gobierno argentino agotó todas las instancias para que la causa avance”, declaró el Juez tras la desestimación. “Las órdenes de captura nunca estuvieron en peligro. El Gobierno siempre fue firme y consistente en sostener estas ordenes de captura”. “Trabajé con una asombrosa y pasmosa tranquilidad”, afirmó el magistrado, y se encargó de destacar que “nadie, de un lado o del otro, se acercó para hacer sugerencias o presiones” sobre la definición que iba a tomar en torno a la denuncia de Nisman, que había tenido aval del nuevo fiscal de la causa, Gerardo Pollicita
Durante las últimas semanas algunos especialistas ya advertían que la denuncia carecía de peso. El ex fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Luis Moreno Ocampo había opinado que “la denuncia de Nisman no muestra ninguna intención de la presidenta o del ministro de darle impunidad a los acusados”. “Yo me tomé el trabajo de leer y la verdad que no hay pruebas en la denuncia” agregó. Desde su punto de vista “los medios publicaron que Nisman estaba acusando a la Presidenta, pero en realidad él presentó una denuncia, no una acusación. La diferencia básica es que la denuncia intenta iniciar una investigación judicial, mientras que la acusación es la culminación de la misma una vez que se ha reunido la prueba. Para hacer una denuncia, basta presentar una hipótesis. El error de Nisman es plantearlo como algo que ya está probado cuando es una hipótesis a investigar”.
Subrayó el hecho de que si bien “una acusación no exige un nivel de prueba” resultaba “raro” qué Nisman hablara como si tuviera prueba porque “por ahora hay cero pruebas”.
En ese sentido, Lucila Larrandart, directora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UBA, señaló días atrás que desde el punto de vista “jurídico y constitucional el escrito es defectuoso”.
Leopoldo Moreau, ex senador y diputado por el partido UCR escribió en su cuenta de Facebook “Esta decisión del juez Rafecas demuestra que Nisman fue el mascarón de proa de una maniobra urdida por un entramado mafioso de grupos económicos y mediáticos concentrados, ex servicios de inteligencia y un sector del poder judicial”.
Los medios de comunicación que circulan bajo la órbita del Grupo Clarín, el enemigo número uno del gobierno, dieron como cierta la denuncia de Nisman contra la Presidenta semanas antes de que el Juez Rafecas se pronunciara, y consiguieron que medios de todo el mundo se preguntaran hasta qué punto podía estar involucrada Fernández de Kirchner en la muerte del fiscal.
El periodista mediático Luis Majul había escrito ayer en el periódico liberal conservador La Nación, que “al juez federal [Rafecas] no le queda otra alternativa que convalidar la imputación contra la Presidenta por el delito de encubrimiento en el atentado contra la AMIA”.
Tras la desestimación del Juez, Laura Alonso, diputado opositora por el partido PRO, se expresó por twitter “Respeto la decisión del juez #Rafecas . El fiscal puede apelar. Decidirá si se avanza, o no, el tribunal superior #Nisman”. En la misma sintonía, otra diputada opositora del PRO, Patricia Bullrich, comentó “más allá de que nos guste o no lo que dice Rafecas, aceptamos lo que la Justicia diga”.
El último 18 de febrero se había realizado una masiva manifestación denominada “La marcha del silencio” en la capital argentina, con réplicas en otras ciudades. Fue convocada por un grupo de fiscales bajo la consigna de reclamar justica por la muerte de Nisman y de inmediato se sumaron los líderes políticos de la oposición. En el contexto de una fuerte puja política que existe dentro del Poder Judicial en el país, fue catalogada como “marcha opositora” desde el kirchnerismo. Fernández de Kirchner la denominó como el “bautismo de fuego del Partido Judicial” en una carta publicada en Facebook.
El juez Rafecas accedió a su cargo en 2004 nombrado por el entonces presidente Néstor Kirchner. El periodista Jorge Lanata, quién lidera mediáticamente a la oposición desde los medios del Grupo Clarín, acusó a Rafecas de actuar en el caso “como un soldado del kirchnerismo” ya que se “apresuró en alinearse con el Gobierno”. Lanata considera que Rafecas no ha sido imparcial en esta causa por miedo a que la petición de investigación que hay pendiente contra él por su papel en la causa contra el actual cicepresidente por corrupción acabe siendo aprobada.
La muerte de Alberto Nisman se encuentra en plena fase de investigación. El fiscal fue encontrado muerto de un disparo en la sien en el lavabo de su casa el 14 de enero. Queda aun por resolver si se trató de un asesinato o un suicidio. A través de Wikileaks se supo que Nisman tenía contactos con la embajada de Estados Unidos, la CIA y el Mossad.
Mientras que la oposición intenta adjudicar al gobierno de Fernández la responsabilidad directa o indirecta de su muerte, desde el gobierno se ha señalado a una facción de los Servicios de Inteligencia desplazada recientemente por la Presidenta y al establishment económico y comunicacional como los responsables de una operación mafiosa.
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