La oficina central de Comunicación del Gobierno (GCHQ por sus siglas en inglés) en Cheltenham, Gloucestershire. Foto: GCHQ
Este martes el gobierno británico aprobó su flamante y controvertida ley de vigilancia, que ha sido bautizada como la Ley de poderes investigativos.
La ley, que ha recibido un apoyo abrumador en las dos cámaras británicas, legaliza formalmente un enorme número de programas de vigilancia, muchos de los cuales fueron denunciados por Edward Snowden en 2013. Además, la ley introduce un nuevo poder que obligará a los proveedores del servicio de internet a almacenar los datos de todos sus clientes durante doce meses.
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Los defensores de las libertades civiles han denunciado que se trata de una de las leyes de vigilancia más extremas conocidas en democracia, mientras que las agencias encargadas de las fuerzas de seguridad consideran que la recolección de datos es fundamental en esta era de comunicaciones online.
“La Ley de poderes investigativos de 2016 garantizará que las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia y de seguridad británicas, dispongan de los poderes necesarios en esta era digital para desmantelar posibles ataques terroristas, gracias a un estricto programa de vigilancia y a un dispositivo de vigilancia desplegado a nivel mundial”, tal y como se lee un comunicado publicado por el ministerio del Interior del Reino Unido.
Gran parte de la ley ha sido diseñada para conferir poderes indiscriminados a los organismos de control y de represión del estado, que en adelante estarán facultados para fiscalizar y recolectar las comunicaciones móviles y por internet de todos los ciudadanos conectados en el país. En junio de 2013, después de acceder a los documentos filtrados por Edward Snowden, el periódico británico The Guardian descubrió que la agencia de Inteligencia, Seguridad y de Comunicaciones (GCHQ por sus siglas en inglés) del gobierno británico había desplegado una red submarina de cables para interceptar emails, historiales de internet e infinidad de otros datos.
La Ley contempla también la llamada “interferencia masiva de equipamientos”, que es el eufemismo con el que el gobierno británico se refiere a los pirateos masivos.
Pantallazo del historial de búsqueda de este reportero, de cuando Motherboard recolectó datos utilizando las herramientas de la Ley de Poderes de Investigación. GIF por el autor.
Anteriormente, esta clase de poderes eran gestionados bajo otras leyes de vigilancia redactadas entre los años 80 y principios del 2000. Ahora todas ellas serán controladas por el restrictivo y exhaustivo barómetro de la nueva ley de incautación de datos personales.
“En lugar de seguir en manos de las operaciones de vigilancia masiva no reguladas que se han estado llevando hasta la fecha de manera sospechosa, tanto legal como políticamente, la nueva ley se dedicará ahora a cobijarlas”, ha comentado Caroline Wilson Palow, consejera general de grupo de activistas Privacy International, a Motherboard.
El Reino Unido también introducirá un nuevo poder consagrado a la vigilancia masiva en la forma del llamado Registro de conexiones a internet (ICR por sus siglas en inglés). Básicamente se trata de interceptar todos los datos generados por un dispositivo conectado a un servidor de internet, lo que será creado y almacenado por los distintos suministradores de servicios online. Estos registros fiscalizarán toda la actividad generada por páginas web, plataformas de mensajes como WhatsApp o incluso los datos de cualquier conexión remota que puedas realizar con tu computadora, incluso cuando actualizas tu software.
La ICR no registrará todas las páginas que un usuario visite, sino la página principal a la que ha entrado. Así, habría registro de que alguien ha entrado, por ejemplo, en VICE.COM pero no necesariamente de las páginas dentro de la publicación que ha visitado.
A partir de ahora muchas agencias de seguridad podrán acceder a esos datos. Claro que también podrán hacerlo otros organismo públicos no tan evidentes, como la Agencia de alimentación, o la Agencia nacional de Salud.
Las fuerzas de seguridad británicas han emitido un comunicado en el que señalan que “la Ley permitirá ayudar a vincular a un sujeto determinado con una cuenta, un perfil o con cualquier acción que haya realizado estando conectado, de manera que podrá saberse el paradero de la persona en cuestión; interceptar las comunicaciones de posibles sospechosos, y fiscalizar la delincuencia online”.
La Agencia nacional contra el crimen no respondió nuestras preguntas. Un vocero del Ministerio del interior le dijo a Motherboard por teléfono que la ley será aprobada “a su debido tiempo”.
