Este artículo fue publicado originalmente en !PACIFISTA!, nuestra plataforma para la generación de paz.
Las muertes por culpa de la guerra son cada vez menos. Este martes, en el lanzamiento de su informe Forensis 2016, el Instituto de Medicina Legal informó que menos del 4% de los 11.532 homicidios ocurridos ese año en Colombia están relacionados con la violencia sociopolítica.
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La reducción es sostenida desde 2004, cuando arrancó la desmovilización de distintas estructuras paramilitares, y continuó expresándose en 2016, cuando el gobierno y las Farc decretaron el cese al fuego bilateral y definitivo. El año pasado, el conflicto armado colombiano dejó 210 muertos, mientras una década atrás ocasionó 2.134 víctimas fatales.
Pese a ello, de acuerdo con el Instituto, la tasa de homicidios en Colombia (23.6 por cada cien mil habitantes) sigue siendo preocupante: es superior al promedio de América Latina (21 por cada cien mil habitantes), y varió menos de un punto entre 2015 y 2016. Los datos dicen que, aunque termine definitivamente la confrontación ideológica por la vía militar, el país deberá seguir ocupándose de otros fenómenos que alimentan la violencia homicida.
Para llamar la atención sobre ese desafío del posconflicto, el Instituto incluyó en su informe Forensis un apartado sobre el comportamiento de los homicidios en los 25 municipios donde están ubicadas las zonas veredales en las que se alojan las Farc, que son los lugares donde se concretan las primeras medidas de reincorporación de los excombatientes. El análisis, elaborado por investigadores de la Fundación Ideas para la Paz, resume los principales beneficios y desafíos que la paz les ha traído a esos territorios, antiguos teatros de operaciones de la guerra.
Homicidios ocurridos en los 25 municipios donde hay zonas veredales. Gráfico: Forensis-Medicina Legal
La primera conclusión de los investigadores es que la disminución sostenida de los homicidios que experimentaron esos 25 municipios entre 2012 y 2016 es resultado directo del proceso de paz. Los ceses al fuego unilaterales decretados por la guerrilla, la suspensión de bombardeos por parte del gobierno y los acuerdos de desminado humanitario, entre otras medidas de desescalamiento, “pudieron impactar significativamente en el comportamiento de los homicidios”, según el informe.
Otra razón para creer en que los diálogos de La Habana redujeron las muertes violentas en esos territorios es, de acuerdo con Forensis, que la disminución se registró mayormente en zonas rurales, que es donde se desarrolla el conflicto. El documento insiste en que los avances en la mesa de negociación, incluyendo las firmas de los acuerdos parciales sobre puntos de la agenda, “influyeron de alguna manera para que hubiera una sensación de avance entre los guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública que hizo que se fueran desactivando progresivamente la confrontación en las áreas rurales”.
La segunda conclusión del informe es que, mientras disminuyen los homicidios asociados al conflicto, aumentan las muertes violentas relacionadas con otro tipo de violencia, como el “ajuste de cuentas” y la disputa por economías criminales. El incremento se reporta desde 2013 y repunta en 2015, lo cual podría explicarse, de acuerdo con los investigadores, “a partir de los cambios en las formas de autoridad y regulación social que ejerce la guerrilla sobre estos territorios y el desmonte progresivo de los sistemas de protección y autoridad que instauraron durante el conflicto”.
Gráfico: Forensis-Medicina Legal
Mejor dicho, el informe plantea que el desmonte de las Farc como organización militar podría haber incrementado las disputas entre distintos grupos ilegales por el control de rentas criminales en territorios de antiguo control guerrillero. El control de la minería ilegal, las zonas donde se produce cocaína, los corredores del narcotráfico, el contrabando y los mercados de drogas son motivos de confrontación entre grupos criminales.
Así ocurre, desde 2014, en los 25 municipios estudiados, si se analizan las cifras en conjunto. Sin embargo, el informe resalta que el aumento de la violencia homicida no asociada al conflicto en esos territorios está jalonado por tres municipios largamente afectados por la guerra: Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander) y San Vicente del Caguán (Caquetá). Los tres representan el 66% de las muertes violentas no asociadas al conflicto que ocurrieron en esos 25 pueblos entre 2014 y 2016.
En el caso de Tumaco, que representa el 51% de esos homicidios, Forensis asegura que el incremento está relacionado con el control del narcotráfico. La zona, calificada en el informe como “el puerto más importante para la salida de droga por el Pacífico”, vive un reacomodo de distintos grupos armados, entre los que se cuentan bandas criminales surgidas de la disidencia de la columna Daniel Aldana y de las milicias de las Farc, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo.
La confluencia de esos actores incrementó los homicidios que las autoridades llaman “venganzas y ajustes de cuentas” en zonas rurales y urbanas de Tumaco. De acuerdo con Forensis, el fenómeno obedeció al reacomodo de los grupos que se disputan el control del narcotráfico, a los enfrentamientos entre las Farc y sus estructuras disidentes (antes de la dejación de armas), y a la violencia que ejercieron esas disidencias contra las comunidades.
Gráfico: Forensis-Medicina Legal
En Tibú, ubicado en la región del Catatumbo, también ha aumentado la violencia relacionada con “ajustes de cuentas”, que representó el 71% de los homicidios ocurridos allí entre 2015 y 2016. Aunque en el municipio operan el frente Libardo Toro del EPL o “Los Pelusos” y el ELN, el informe asegura que el aumento de los homicidios en el área urbana “podrá estar relacionado con la incursión del Clan del Golfo o la instalación de redes subcontratadas a su servicio para controlar el microtráfico y otros negocios como la prostitución y la extorsión”.
En el área rural de Tibú, según el informe, el aumento podría guardar relación con ajustes de cuentas entre personas de la comunidad, que ya no cuentan con el control social que antes ejercían las Farc, y con violencia selectiva ejercida por el EPL, que incursionó en el municipio tras la salida del frente 33 de las Farc para tomar el control del negocio del narcotráfico.
Finalmente, en San Vicente del Caguán el Instituto reporta un incremento del 51% en las muertes ocurridas entre 2015 y 2016, que obedeció “a reacomodos internos de las estructuras de las Farc, donde esta guerrilla trata de mantener la cohesión de sus miembros y milicias”. En el municipio opera una disidencia del frente 14, que a finales de 2016 se enfrentó con la columna móvil Teófilo Forero.
Por eso, el informe concluye que, aunque la violencia del conflicto armado esté en vía de extinción, todavía nos quedan los muertos del narcotráfico y la avidez por el control de otros jugosos negocios ilegales. Esto “constituye un grave riesgo para la consolidación de la paz en estos territorios”, se lee en el documento.
