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El pasado 8 de octubre, Efigenia Vásquez murió como consecuencia de las heridas que un proyectil de arma de fuego de “carga múltiple” le causó en el pecho, según Medicina Legal. Estaba en una protesta del pueblo indígena kokonuko, que reclama la propiedad colectiva de un terreno en el que actualmente funciona un negocio privado de termales en Puracé, Cauca.
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En lugar de turistas, el negocio hoy está repleto de agentes del Esmad. Mientras algunos miembros de la fuerza antimotines vigilan desde lo alto de la montaña a los indígenas del resguardo y los graban con cámaras de video, otros se bañan en pantaloneta en las aguas calientes de los termales.
Efigenia, quien tenía 31 años y una trayectoria de trabajo en la emisora Renacer Kokonuko, es la periodista número 154 asesinada en Colombia. Pero a diferencia de los otros casos, cuya mayoría permanece en la impunidad, en este la evidencia ya recolectada podría potencialmente señalar a los responsables.
La versión del general
El pasado 10 de octubre, el general William Salamanca declaró ante los medios de comunicación que la Policía Nacional “no utiliza” el tipo de “perdigones, artefactos y armamento” que acabó con la vida de Efigenia. “En mi opinión ( los responsables) son los mismos indígenas, aquellos que con el rostro cubierto y utilizando armas de fuego no convencionales pudieron haber causado la muerte de la periodista,” dijo el general.
Para apoyar su versión, entregó a los medios un video filmado —según él— por “integrantes de la misma comunidad”, en el que se ve a manifestantes indígenas manipulando armas hechizas y dirigiéndolas contra de agentes de la Policía (https://www.youtube.com/watch?v=KUEV35BiUlY).
Los cartuchos de carga múltiple son artefactos explosivos cargados con perdigones: tuercas, balines, vidrios o tornillos que salen disparados hiriendo a todo el que se encuentre en el cono de dispersión que se genera cuando se acciona el arma. Pueden ser disparados a través de un arma de fuego, o pueden estar integrados a un artefacto explosivo como una granada, una “papa explosiva” u otro armamento no convencional que al estallar genera también un cono de dispersión por el que sale disparada la metralla.
El general dijo que sus declaraciones las daba “en aras de la transparencia”. Sin embargo, su versión, se fue opacand. Para comenzar, es difícil creer que el video filtrado fue filmado por comuneros del resguardo, ya que desde el punto de vista de la cámara resulta bastante obvio que lo grabó la Policía misma. Los agentes están en su derecho de grabar los procedimientos que realizan. ¿Por qué entonces no decir la verdad?
Sin ruborizarse, el general afirma que la Policía no usa armamento no convencional para controlar manifestaciones. Sin embargo, está documentado que el Esmad sí lo ha hecho. En la investigación que declaró al Estado responsable por la muerte del joven Nicolás Neira en una manifestación en Bogotá en 2005, un agente de la Policía señaló al entonces capitán Julio César Devia de ordenar la fabricación de municiones “recalzadas”, o de “carga múltiple”, cuyo uso tiene prohibido el Esmad (https://www.youtube.com/watch?v=mCg6BAO0Uk8).
Así mismo, en la investigación por la muerte del estudiante Óscar Salas en una protesta en la Universidad Nacional, otro patrullero confesó que ese día el escuadrón del Esmad del cual hacía parte disparó cartuchos de carga múltiple contra los manifestantes: puntualmente habló de granadas cargadas con canicas (https://www.youtube.com/watch?v=FHqRPZbWpco ). “El mayor Rafael Méndez nos dice: ¡Súbanse con todos los juguetes! Esto quiere decir: las recalzadas,” dijo el patrullero.
Todo esto sin mencionar los casos correspondientes al paro campesino de 2013 y al informe número 49 de 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trata específicamente el uso de armas no convencionales por parte del Esmad (http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2014/COAD1196-07ES.pdf).
Por su parte, Edward Avirama, el coordinador de la Guardia Indígena Kokonuko señaló al Esmad de ser el responsable de la muerte de Efigenia: “Acá nos han atacado con recalzadas”, dice. “El gobierno puede decir ‘esos son simples gases’, pero nosotros podemos dar fe que ellos están recalzando”.
La directora general de la Unesco, Irina Bokova, hizo un llamado al Estado colombiano para que investigue la muerte de Efigenia (https://en.unesco.org/news/director-general-urges-investigation-killing-journalist-efigenia-vasquez-astudillo-colombia ). Bokova entendió lo importante que es que se aclaren los hechos y por qué internacionalmente puede convertirse en un caso emblemático del derecho a la información de los pueblos indígenas.
La censura del Esmad contra la emisora
Y esto podría ser así, en primer lugar, porque ilustra la situación del derecho a la información de las comunidades. La muerte de Efigenia sucede en una zona en silencio. En la mayoría de los municipios de Cauca sus habitantes no pueden acceder a medios de comunicación que producen información local. En Puracé, el único medio es Renacer Kokonuko, al que por años estuvo vinculada Efigenia. Su sede es una pequeña casa ubicada en el interior del resguardo y cuenta con los equipos mínimos para emitir su señal. La potencia de la radio sólo da para cubrir unos diez kilómetros a la redonda.
Renacer coexiste con la presión que el Esmad le impone en la cotidianidad debido a su línea editorial completamente afín a las pretensiones del cabildo, que busca que el predio en que funcionan los termales pase a ser propiedad del resguardo. Según denuncian los trabajadores de la emisora, el Esmad les ha cortado la energía, ha intentado entrar violentamente a sus instalaciones y, recientemente, después de la muerte de Efigenia, personas sospechosas se han acercado a preguntar por los nombres de quienes trabajan allí.
Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre los cortes de energía en su informe de fondo del caso Radio Estrella del Mar en Chile, en el cual no la policía sino el alcalde del municipio de Las Guaitecas le quitaba la luz a una emisora cuya línea editorial era crítica de su gobierno. La Comisión reconoció esto como un acto de censura, y el Estado se vio obligado a cesar los cortes y a reparar a la emisora para evitar una condena en la Corte Interamericana (https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/CHPU12799ES.pdf).
El caso de Efigenia también es relevante por la posibilidad real de que los hechos se esclarezcan gracias a la numerosa evidencia que la Fiscalía ha recolectado en poco tiempo: desde los proyectiles que los médicos extrajeron del cuerpo de efigenia y los reportes forenses detallados, hasta los testimonios de varias personas presentes y el amplio material videográfico en poder de los investigadores que incluye un video del momento en que Efigenia cae herida.
Esto debería ser más que suficiente para que la justicia avanzce en sus investigaciones sobre el asesinato de Efigenia.
El general Salamanca cerró sus declaraciones a los medios de comunicación advirtiendo que “si los indígenas (…) no exigen que no haya artefactos, armas en estas protestas, aquí puede haber más muertos de sus comunidades”. Se puede complementar eso diciendo que, si la fuerza pública no exige a sus integrantes, el cese del uso de artefactos no convencionales, aquí puede haber también más periodistas muertos.
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El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, según información que llegó a la Flip, agentes de la Policía Nacional y del Esmad atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora indígena para la que trabajó Efigenia Vásquez, Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, las ventanas y el techo. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron obligados a salir del aire.
* Sebastián Salamanca es coordinador de defensa a periodistas de la Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip). Sigue a Sebastián: @jssalamanc
