Este proyecto se realizó con el apoyo del Pulitzer Center.
Angélica López mira desde la vereda frente al primer departamento que llamó suyo en Buenos Aires, una pieza ubicada en una casa pintada de blanco, en el barrio de Almagro. El lugar tiene ventanales y una baranda color verde pastel que hace juego con una palmera que se asoma por arriba de un patio interno.
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Vivió ahí en 2016, después de haber migrado de Perú a Argentina con una familia para la cual trabajaba. Cuando ese trabajo se terminó, López buscó otro para sobrevivir. En la casa blanca, eran todos trabajadores y trabajadoras — provenientes de Perú, Paraguay y Argentina que trabajaban en fábricas o como empleadas domésticas, igual que ella. López se sentía segura en Almagro. El timbre sonaba cada vez que alguien entraba por el portón, y ella caminaba por las calles tranquila.
Pero su trabajo no duró, y el alquiler subió hasta ser inalcanzable. López se tuvo que ir a un barrio más humilde, la Villa 1-11-14, en Bajo Flores, donde alquila una pieza que comparte con su hijo mayor, que está estudiando y donde dice no sentirse tan segura como en su anterior casa. La pandemia complicó su vida aun más — el único trabajo que pudo sostener fue limpiando una casa, dos días por semana, cobrando por hora. Los 10,000 pesos ($100 US) argentinos que gana por mes no son suficientes para sobrevivir, y tuvo que recurrir a un comedor gratuito durante los meses más pesados de la cuarentena.
“Nosotros tenemos pocas posibilidades para poder prosperar,” dijo López, 52, ese día en Almagro a fines de abril.
Pero las realidades cambian y López, como muchas de sus compañeras, está en búsqueda de eso: posibilidades y prosperidad. Ella forma parte de una ola de trabajadoras que viene subiendo y luchando para ser vistas y reconocidas por una sociedad y un sistema económico que dependen de su trabajo. Todas las mañanas en Argentina, miles de mujeres emprenden viaje, atravesando las fronteras invisibles que nos separan por autopista, por tren o colectivo, dejando un hogar y entrando a otros.
“Somos un ejército de mujeres”, dijo Andrea Antuñez, 51, una trabajadora de casa particular en Buenos Aires.
Según el gobierno argentino, alrededor de 1,4 millones de personas trabajaban en el “sector doméstico” antes de la pandemia. Son casi en su totalidad mujeres (99 %), representan el 8 % de la fuerza laboral del país y el 17 % de todas las mujeres trabajadoras. Casi la mitad son el único sostén de la familia en sus hogares. La gran mayoría — un 76 %, según datos oficiales — trabaja en condiciones informales, es decir, sin aportes jubilatorios y sin garantía de pago en caso de enfermedad u otros derechos laborales.
Para un sector en condiciones ya insostenibles, la pandemia generó un quiebre más profundo.
Los números son crudos: un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda reveló que hubo 317,947 menos personas trabajando en el sector doméstico a fines de 2020, en comparación con un año anterior, lo que implica una caída de más del 20%.
Jefas de hogar se quedaron sin su único ingreso. A algunas les pagaron usando una normativa del gobierno nacional que cubría el 50 % del salario durante la cuarentena. A otras las despidieron sin avisarles — un despido no declarado, que se descubrió cuando se empezó a flexibilizar la cuarentena, y los empleadores no contestaron más los mensajes. “Hubo trabajadoras que estuvieron encerradas en las casas de sus empleadores, lo que podemos llamar casi un secuestro – la situación que se daba era: o te quedas acá o te despido,” dijo Macarena Romero, una politóloga en Buenos Aires que investiga temas relacionados con la migración, género y el trabajo de cuidados.
Frente a una situación de emergencia absoluta, se sembró una nueva respuesta: trabajadoras de casas particulares empezaron a organizarse, en agrupaciones autogestivas que buscan amplificar sus demandas. Salieron a la calle, ese lugar de demanda social en Argentina, aun cuando la cuarentena todavía regía.
Angélica fue una de ellas. Se convirtió en un referente para la Agrupación Trabajadoras de Casas Particulares en lucha, que busca conformar un nuevo sindicato como parte del Partido Obrero. En una manifestación a mediados de abril, bajo un sol ardiente, ella tomó el micrófono, tímidamente al inicio, hasta que su grito se escuchó afuera del Ministerio de Trabajo en Buenos Aires.
“Por más que [la clase política] no quisieran ver movilizaciones, tiene que haber, y va ver, porque ¿de qué forma haces escuchar al gobierno tu protesta, tu reclamo, tu inquietud?”, dijo López. “A mí no me van a pagar si me enfermo. No tenemos garantía por ningún lado. Así que si estás mal, tienes que fingir, e ir. Porque si no me muero del Covid, te vas a morir de hambre.”
Estas condiciones no son nuevas. Si bien Argentina aprobó una ley en 2013 que mejora la situación para las trabajadoras domésticas a través de un sistema de registro que les da protecciones laborales y una jubilación, la gran mayoría sigue sin ser registrada por sus empleadores. Este año, representantes de trabajadores, empleadores y el gobierno acordaron un aumento del 42 % que se implementa de forma escalonada. El salario es de entre 28 000 y 34 000 pesos al mes, entre $285 y $350 USD, para una trabajadora registrada por su empleador que paga aportes. También se acordó un aumento de 1 % por antigüedad por año, a partir de septiembre de 2020. Pero en un país como Argentina, que sufre de una inflación anual altísima, ese 42 % se evapora y muchas mujeres siguen bajo de la línea de pobreza.
“Aun con los aumentos que nos dieron, que al principio parecieron mucho, hoy estamos por debajo del salario mínimo vital y móvil,” dijo Matilde Brítez, referente de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines (ATHA).
ATHA también nació en la pandemia. Un sábado de abril, en un edificio en pleno centro de Buenos Aires, 18 mujeres levantaron copas de plástico para brindar por el momento histórico.
“Esto es algo que es colectivo, todas estamos luchando por la misma cosa”, dijo Estela Abila ese día, después de ser elegida presidenta de ATHA. “Que todas las chicas sean visibilizadas, que reconozcan que somos profesionales.”
Abila tiene 59 años. Hace 40 que trabaja en casas. “Cuando entré a trabajar así, no había trabajo, y mis viejos no me podían mantener,” dijo Abila, sentada en un departamento en Buenos Aires donde su marido es portero. Fue un trabajo que ella eligió, y que le generó un buen ingreso para su familia. “A mí el trabajo me ayudó muchísimo”, dice.
Igual, vivió momentos duros, como cuando una empleadora no le quiso pagar la indemnización después de 22 años. Lo tuvo que pelear con una abogada y aprendió, en esa instancia, lo poco que vale su trabajo. Fue una de las razones por las cuales se sumó a la asociación.
“Vos porque estás limpiando una casa, no sos menos que ellas [que te emplean]. Somos iguales. La diferencia es que no estudiaste. No estudiaste porque no pudiste, no estudiaste porque no quisiste, bueno, bancátelo lo que estás haciendo pero no por eso hay que ser sumisa a algo,” dijo.
Organizaciones como la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas de Argentina (AMUMRA) vienen trabajando para empoderar a trabajadoras de casas particulares. Ofrecen capacitaciones para que conozcan sus derechos legales y les dan herramientas para poder fortalecer su posición en caso de que pierdan el trabajo.
Para las mujeres migrantes, las dificultades han sido aun más durante la pandemia, pues son cuerpos más criminalizados por las fuerzas policiales. En 2020 se arriesgaron para salir a trabajar a pesar de las fuertes restricciones, lo cual fue una decisión pesada. Algunos empleadores las cambiaron de categoría, anotándolas como cuidadoras de niños para poder obtener permiso de circulación. Siendo migrante fue mucho más difícil acceder a la asistencia económica que ofreció el gobierno durante la pandemia, dijo Romero, ya que hay requisitos de residencia.
“Me parece súper importante recalcar que es un contexto de oportunidad a pesar de un contexto de crisis profunda. Y que esa crisis tiene que ver con la profundización de desigualdades que son preexistentes”, dice Romero. “Hay que deconstruir esta idea de que estas mujeres son vulnerables por características que son propias. Características sociales, características étnicas en el sentido de procesos de racialización—no de características étnicas preexistentes—o características que tienen que ver con cuestiones de clase. Sino que es el contexto que las vulnerabiliza.”
Justamente contra eso luchan mujeres como López. Ella tuvo que volver a Perú por unos meses para cuidar a su papá que se enfermó de Covid. La organización colectiva sigue, igual que su sueño de volver algún día a la casa pintada blanca.
“Tenemos que salir para que nos escuchen porque si no estamos en casa, y nadie nos escucha.”
