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“Fuimos secuestrados. No nos dejaron hablar con nuestras familias ni con nuestros abogados. Nadie sabía dónde estábamos y no se nos dio ninguna información. Estábamos completamente incomunicados”, relata el estudiante mexicano Hugo Bautista. Bautista se acuerda de la noche en la que fue apresado fulminantemente por la policía durante una manifestación.
Hugo y su novia, Tania Damián, son dos de los 11 detenidos que podrían haber terminado pasándose décadas a la sombra, después de haber sido acusados de pertenencia a organización subversiva, de intento de asesinato y de disturbios. Hugo, Tania y otros 9 manifestantes fueron ilegalmente detenidos en el transcurso de una masiva protesta contra el corrupto gobierno del presidente del país, Enrique Peña Nieto. Los hechos sucedieron un 20 de noviembre de 2014.
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Su liberación se produjo nueve días después — gracias a la presión ejercida desde las redes sociales, la prensa y por las organizaciones pro derechos humanos — y fue saludada en su día como una histórica victoria contra el abuso de poder. Ahora, sin embargo, muchos activistas están proclamando que eso no es suficiente.
Cinco de los 11 detenidos aquel día de noviembre quieren ahora imputar a los funcionarios del gobierno mexicano que están detrás de su detención. Estos serían responsables de los presuntos delitos de abuso de autoridad, detención ilegal, tortura y falsificación de evidencias.
La iniciativa constituye un intento sin precedentes por conseguir que los funcionarios públicos se enfrenten a las consecuencias derivadas de su comportamiento abusivo. Ahora, una formación integrada por algunos de los activistas y académicos más eminentes del país, han unido esfuerzos para apoyar a la causa de los manifestantes detenidos.
“Estamos luchando por la libertad de expresión y por que se garantice el derecho a manifestarse”, explicó Denise Dresser, una reputada analista política, durante la rueda de prensa organizada para comunicar el caso. “La desobediencia es histórica. Hoy estamos aquí para defender la desobediencia legítima, y para proclamar que la tarea de un estado democrático consiste en permitirla en lugar de destruirla”.
El grupo ha subrayado que su intención es imputar a los funcionarios que infligieron los abusos y a todos los que idearon lo que han convenido en describir como “la estrategia de represión”, latente durante su intervención.
Imagen por Daniel Villa
“La bueno de este caso es que normalmente el estado puede esquivar su responsabilidad con solo culpar a aquellos que llevaron a cabo las acciones, como si sus superiores no existieran”, argumenta Margarita Griesbach, abogada que trabaja para una ONG que protege los derechos de los niños, y cuyo papel en el caso ha sido determinante. “Sin embargo, eso nunca sucede. Siempre hay alguien que da la orden”.
La enorme manifestación que constituye el núcleo del caso, se celebró el día del aniversario de la revolución mexicana. Sucedió durante una época de crispación popular, de una indignación que se disparó tras la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el estado de Guerrero, al sur del país. Los estudiantes fueron agredidos por la inquietante asociación de la policía municipal y un cartel de la droga local en septiembre de 2014.
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La manifestación discurrió de manera pacífica y durante su transcurso se registraron algunos incidentes violentos. Sin embargo, al final, el momento culminante se vivió con la arbitraria ofensiva policial y con la cadena de detenciones injustificadas. Los detenidos fueron liberados a las pocas horas. Claro que no todos ellos tuvieron la misma suerte. 11 de ellos fueron enviados a una prisión de máxima seguridad sin que se les permitiera contactar a sus abogados o a su familia. Y lo que es peor, mientras eran intimidados física y psicológicamente.
Los agentes de la policía aseguraron más tarde que los 11 detenidos habían sido interceptados en el mismo lugar mientras intentaban asesinar a uno de sus agentes. Según las fuerzas del orden, los detenidos gritaban en aquel momento proclamas contra el presidente del país, entre ellas la de “muere Peña”.
Además, la policía aseguró que los detenidos eran miembros de una organización subversiva, algo que quisieron ilustrar denunciando que se llamaban compa los unos a los otros. Compa, por compañero, un término usado por los comunistas equiparable a camarada. Al menos, tales fueron las conclusiones de la policía. Lo que sucede es que en México compa se ha convertido también en una palabra muy habitual del argot de la juventud. Es una palabra afectiva que se usa entre amigos.
El día posterior a los arrestos, el ministro del Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, justificó la brutalidad policial. Según él, la policía hizo todo lo necesario para proteger a la mayoría de los manifestantes, quienes se comportaron pacíficamente.
“Grupos a los que ya se conoce por el uso de la violencia, asaltaron y atacaron a las fuerzas de seguridad”, declaró Osorio a la emisora Radio Fórmula. “Hemos actuado con firmeza y determinación y no vamos a permitir que unos pocos hieran a los demás, ni ataquen a las instituciones, porque cuando lo hacen también están atacando a los mexicanos”.
La explicación oficial se rebajó conforme la presión por liberar a los 11 manifestantes empezó a propagarse. Muy pronto, otros participantes en la manifestación inundaron las redes sociales de vídeos, testimonios y palabras que delataban la inconsistencia de los cargos que se les imputaba. Igualmente, las reacciones en las redes sociales permitieron descubrir que el lugar donde la policía aseguraba haber arrestado a los manifestantes era igualmente inconsistente.
Finalmente, todos fueron puestos en libertad en un plazo de 9 días — debido a la clamorosa falta de evidencias.
“El sistema mexicano está ideado para castigar a sus ciudadanos; para castigar a cualquiera que no piense como el gobierno o que no esté de acuerdo con ellos”, afirma Carlos Pichardo, uno de los cinco detenidos que está batallando por que los funcionarios asuman la responsabilidad que les corresponde. “Aquí las autoridades se creen que pueden hacer lo que les de la gana. Y esa es la razón por la que estamos aquí, el motivo por el que les hemos denunciado y por el que vamos a pelearles”.
El grupo de denunciantes que tanto Pichardo como el resto han formado, ha resuelto apropiarse del término compas para bautizar a su flamante colectivo, al que han llamado Compas por los Derechos Humanos.
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“Esto es parte de una campaña de represión”, asegura Griesbach.
Si bien es habitual escuchar a los activistas mexicanos discutir sobre tales situaciones en los foros internacionales — como la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos — nunca antes el sistema judicial mexicano había tomado medidas severas contra los abusos de los funcionarios del país. Es algo, sencillamente, insólito. De tal forma, ninguna de las instituciones que han sido denunciadas ha respondido públicamente a las acusaciones vertidas en su contra. La policía federal aseguró a VICE News que todavía está a la espera de recibir la notificación pertinente donde se le informe de que existe una investigación criminal abierta en su contra. Esta será emitida desde la oficina del Fiscal General, pues es allí donde los activistas interpusieron la denuncia.
“Estamos nerviosos” confiesa Griesbach. “Esa es la razón por la que decidimos convertir este en un caso colectivo, para así impedir que se nos persiga y se nos criminalice con la facilidad habitual”.
Mientras tanto, algunas de las víctimas aseguran que haber padecido la experiencia de ser tratados como delincuentes peligrosos, les ha dejado marcados de por vida.
Imagen por Nathaniel Janowitz
“Fuimos víctimas de irregularidades y comportamientos abusivos desde el primer momento. Nos golpearon y a mí hasta me cortaron aquí”, relata Hugo Bautista mientras se señala una cicatriz que le ha quedado debajo del ojo izquierdo. “Decidieron no decirnos qué iba a pasar con nosotros. Y, más tarde, durante el traslado a la penitenciaría federal, abusaron de nosotros sexualmente, nos sometieron a tocamientos, nos restregaron sus pistolas por nuestras cabezas. Aunque lo peor de todo sucedió en un plano psicológico, porque lo peor fue no saber si se iban a deshacer de nosotros”.
La novia de Hugo, Tania, que estudia en la misma academia de Ciencias Políticas que su novio, cuenta que las mujeres detenidas no fueron torturadas físicamente tanto como los hombres. Sin embargo, para ella, el auténtico daño infligido fue psicológico.
“Ahora temo que algún día me secuestrarán. No solo en mitad de una protesta, sino mientras camino por la calle. Tengo miedo porque soy una de los 11, porque sé que este gobierno está convencido de que puede secuestrar a quien quiera por la razón que quiera”, explica Tania. Y, a pesar de todo, asegura que tanto ella como Hugo continuarán participando en marchas y manifestaciones. “Sí, lo haremos. Yo tengo miedo, pero no podemos consentir que el miedo nos paralice”.
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