Seguir estos días la actualidad sobre las llamadas “cloacas del Estado” es bastante difícil. La biografía de Villarejo parece ser la única brújula, un misterioso personaje que ha trabajado (presuntamente) para el BBVA, Corinna zu Sayn-Wittgenstein o incluso la empresa estatal de petróleo de Guinea Ecuatorial. Su historial de trabajos, incluyendo escuchas, chantajes sexuales y otras actividades, le hacen parecer el “Señor Lobo” tarantiniano para las altas esferas españolas. Y todo desde que comenzaran las investigaciones de la supuesta grabación ilegal de Villarejo de una conversación privada entre miembros de las fuerzas de seguridad. Algo que pertenece, recordemos, a la investigación de las estafas de uno de esos otros “invent man” ibéricos: el pequeño Nicolás. Desentrañar toda la maraña de relaciones que unen a Villarejo con las élites de este país será el trabajo de futuros (y valientes) biógrafos.
Pienses lo que pienses sobre Podemos y sus políticas, utilizar fuerzas policiales o parapoliciales (es decir, no oficiales pero contratadas por el Gobierno) contra la oposición es un ataque a la totalidad del sistema democrático. En teoría, lo que distingue a las democracias consolidadas es la igualdad a la hora de participar en el juego político. El resto de grandes partidos lo consideran un asunto pasado, un fallo concreto de unas manzanas podridas. La reacción del Gobierno, afirmando que “ya no hay cloacas”, completa la narrativa.
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Casado, Rivera y Sánchez parecen sumarse a la idea de que esto es una excepción. En teoría, el Estado es un aparato neutral, con profesionales que actúan más allá de toda influencia partidista. Pero hay otra larga tradición política que es algo más sospechosa respecto a su funcionamiento. Un sano nivel de desconfianza hacia las instituciones es algo propio de la democracia.
Por supuesto, en la época de Pizzagate y Qanon, estas cosas hay que manejarlas con cuidado y tampoco nos vale dejarlo todo a la frase con la que se han cerrado más de una y más de mil tertulias de terraza: “el estado capitalista es el comité ejecutivo de la clase dominante”. No vivimos en una dictadura (todavía). Pero, desde los años 70, hay un hilo negro de colaboraciones entre fuerzas de seguridad y paramilitares fascistas. Todo esto son antecedentes (más violentos, sin duda) de lo que sucede hoy con el espionaje político.
Todo está inventado: los años 70, Watergate y la Operación Gladio
A mediados de los 70, todo parecía abocado al desastre. Al menos para los que habían tenido el control hasta ese momento. En los países occidentales, los movimientos surgidos de mayo del 68 cuestionaban todos los principios de la gente bien. La Comisión Trilateral (financiada por un Rockefeller, ni más ni menos) reúne entonces a las personalidades más importantes de las regiones más poderosas del mundo: Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. Esta Comisión encarga a una selección de científicos sociales que expliquen qué está pasando; y qué se puede hacer al respecto.
El informe encargado por esos científicos sociales (obviamente conservadores) tiene un título muy descriptivo: La Crisis de la Democracia. Su conclusión era que los problemas de los 70 tenían que ver con un exceso de democracia. Es un poco como aquello que se dice “dales la mano, y te cogen el brazo”.
“En teoría, el Estado es un aparato neutral, con profesionales que actúan más allá de toda influencia partidista, pero hay otra larga tradición política que es algo más sospechosa respecto a su funcionamiento”
Casos como el Watergate y personajes como Kissinger, Secretario de Estado con Nixon, representan la cara internacional de esa estrategia para hacer la democracia “más manejable”. Además de sus terribles actividades en Indochina, Kissinger urdió el golpe de Estado contra Allende en 1973 y conspiró para asesinar al líder independentista chipriota Makarios junto a la dictadura griega.
En ese mismo sentido, los servicios de inteligencia de la OTAN organizaron la llamada “Operación Gladio”, que reunió a viejos fascistas en grupos paramilitares. ¿Su objetivo? La “estrategia de tensión”: violencia más o menos dirigida, para intimidar a la izquierda y justificar la represión política y el conservadurismo en Europa Occidental. En Latinoamérica, la “Operación Cóndor” fue abiertamente más violenta, entrenando a los generales que después facilitaron las dictaduras en Chile y Argentina; entre otros abusos de derechos humanos en la región.
La extrema derecha española en democracia, el tonto útil de la ley
“Nuestra mayor preocupación tiene que ser que España se mantenga lo más estable posible los próximos años y que los comunistas vean frustrada cualquier intención que puedan tener de extender su influencia en la Península Ibérica”.
Este claro mensaje pertenece a un memorándum enviado por la Embajada de los Estados Unidos en España a Henry Kissinger cuando al otro lado de la frontera, en Portugal, una revolución de comunistas y militares izquierdistas terminó con la dictadura. Los EEUU no podían permitir que pasase lo mismo en España.
No hay posibilidad de confirmar con exactitud la colusión estadounidense con la extrema derecha de aquellos días. Lo que está claro en ese y otros mensajes que se pueden consultar en Wikileaks es que la relación entre las fuerzas de seguridad de ambos países es intensa. Igualmente, hay múltiples cables diplomáticos posteriores que demuestran la obsesión norteamericana por conseguir la entrada de España en la OTAN.
“Internacional, nacional o local; lo cierto es que existen muchos indicios para darnos cuenta de que Villarejo no hay uno: hay muchos”
Por otro lado, quien se acostó fascista en 1975 no se levantó demócrata en 1977. Personajes como Antonio González Pacheco, “Billy el Niño” (acusado de torturas), comienzan su carrera en el franquismo en la infame Brigada Político Social. La BPS tenía como misión aniquilar cualquier oposición al régimen. Tras pasar por esta “escuela de fascismo”, asciende a Inspector de la Policía Nacional y acaba recibiendo una Medalla de Plata al Mérito Policial. El Ministro del Interior Martín Villa, el que le concede la Medalla, es el responsable político de la represión violenta de militantes de izquierda a finales de los 70. Como indicó un libro de Melchor Miralles y Ricardo Arqués a finales de los 80, en aquella época la mayoría de jefaturas de Policía del país estaban a cargo de veteranos de la BPS. El mismo Villarejo, aunque sin haber llegado a ocupar cargos similares, es agente de esta Policía todavía por democratizar entre 1972 y 1983.
Al otro lado de la línea de estos “agentes de la ley”, están los grupos terroristas de extrema derecha. No sabemos si esa línea daba tono o comunicaba. En cualquier caso, estos grupos pertenecen a una internacional fascista con demasiadas conexiones con Gladio y demasiada cancha para actuar con autonomía en España.
La composición de los atacantes que asaltaron a la facción socialista del carlismo durante los Sucesos de Montejurra de 1976 es muy reveladora respecto a esas relaciones: además de carlistas de derechas, están los Guerrilleros de Cristo Rey (GCR) y una serie de mercenarios extranjeros que son un “quién es quién” del movimiento fascista internacional. Sobre los GCR, hay que indicar que Paul Preston y Rodríguez Tejada sugieren una relación tanto con Fuerza Nueva como con el SECED (los servicios secretos). Aquí tendríamos la conexión clave entre fuerzas de seguridad, partidos de extrema derecha y mercenarios fascistas. A través de sus personajes, conoceremos un poco más los objetivos de estos paramilitares que se oponían a la naciente democracia.
Allí estaba Jean-Pierre Cherid, paramilitar de la OAS francesa: el grupo terrorista que se oponía a la independencia de Argelia. Luego sería también miembro de los GAL y otros grupos terroristas anti-ETA. Stefano delle Chiae es otro de los que conectan el gobierno tardofranquista con el nazismo: colaboró con Klaus Barbie, el carnicero de Lyon con la Gestapo, en el golpe de Estado boliviano de 1980. Delle Chiae está conectado al terrible atentado en Bolonia “la Roja” y otras actividades unidas a la estrategia de tensión; directamente conectada a la red Gladio. En 1987, Delle Chiae afirmó que miembros de la policía estaban envueltos en la “Semana Trágica”: el asesinato de los abogados de Atocha, y de Yolanda González y Arturo Ruiz en siete días de 1977. Algunos de ellos no tuvieron problemas para encontrar trabajo después de cumplir la condena. El asesino de Yolanda González, Emilio Hellín Moro, trabajaba en 2013 para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como formador.
Uno de los facilitadores para estos asesinatos fue Jorge Cesarsky, colaborador de la Triple A argentina. Las conexiones con la dictadura de los generales no son puntuales: documentos desclasificados en Argentina muestran que militares españoles colaboraron en sus tareas “antisubversivas”(torturas, asesinatos) en 1977. Cesarsky fue arrestado ese mismo año por su relación con los GCR junto a Carlos Pérez, un cubano colaborador de la CGR y miembro de uno de los grupos anticastristas apoyado por el gobierno norteamericano en Miami. A Pérez se le conecta con el asesinato del exministro de Allende, Orlando Letelier, en Washington. Entre Barbie, Delle Chiae y los dos últimos; se establece un vínculo bastante claro entre las Operaciones estadounidenses Cóndor (para Latinoamérica) y Gladio (para Europa Occidental).
“Solo si los partidos que se hacen llamar constitucionalistas se enfrentan al “momento Villarejo” con valentía se evitará un desastre mayor. De no hacerlo, lentamente, la democracia se pudrirá y a nadie le parecerá extraño que los cuerpos policiales persigan a la oposición”
Hay muchos otros nombres que son menos conocidos de lo que deberían. Más neofascistas italianos: Carlo Cicuttini y Vincenzo Vinciguerra encontraron refugio en la España posfranquista. Grupos locales, como la Triple A española, autores de la bomba a la revista satírica El Papus y varios asesinatos. Muchos de ellos, en Euskadi. El Caso Scala, del que fueron acusados miembros de la CNT después identificados como confidentes policiales. Otros, por su carácter local, no han trascendido. La Batalla de València, en los años 80, tuvo como protagonistas a miembros de extrema derecha que se aseguraron de que la Autonomía valenciana sucediese en sus términos. En 1978, pusieron una bomba en Sueca, en la casa de Joan Fuster. Se ha estudiado la connivencia de periódicos como Las Provincias, políticos locales y fuerzas de seguridad en su “pasividad” ante el auge del fascismo valenciano en los 80.
Internacional, nacional o local; lo cierto es que existen muchos indicios para darnos cuenta de que Villarejo no hay uno: hay muchos. Nuestra democracia ha estado tutelada desde el principio para que la Transición no fuese una ruptura total con el pasado. Qué duda cabe que las cosas han mejorado: lo que antes eran tiros y bombas, hoy son escuchas y chantajes. Sin embargo, su agresión a la democracia es igual de peligrosa.
Desgraciadamente, llevamos varias décadas de democracia con muchos asuntos sin resolver. El más peliagudo son los GAL, donde Villarejo es actor secundario. Fue destituido como Inspector Jefe de la Policía por elaborar un informe que buscaba desacreditar al juez que investigaba el caso; Baltasar Garzón. Y aquí llegamos a la raíz del problema. Un escándalo del tamaño de los GAL debería haber causado una reflexión profunda sobre la construcción del país y la composición de las fuerzas de seguridad, pero no fue más que un arma electoral arrojadiza en manos del PP para que luego Villarejo, al mando de Fernández Díaz, se encargó de buscar y difundir falsos rumores sobre personalidades independentistas. Por no hablar de su rol en torpedear las investigaciones de las distintas tramas de corrupción que rodean al PP.
Solo si los partidos que se hacen llamar constitucionalistas se enfrentan al “momento Villarejo” con valentía se evitará un desastre mayor. De no hacerlo, lentamente, la democracia se pudrirá y a nadie le parecerá extraño que los cuerpos policiales persigan a la oposición.
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