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Por Redacción Judicial, ‘El Espectador’
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de escuchar la acusación que la Fiscalía le tenía preparada a Luis Gustavo Moreno, la persona que se convirtió en la génesis de un escándalo de corrupción al interior del alto tribunal. A diferencia de las investigaciones que se surten en la justicia ordinaria por las irregularidades que cometió como abogado, el proceso ante la Corte Suprema tiene que ver con las actuaciones ilícitas que realizó mientras se desempeñó como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.
La audiencia empezó sobre las 8:45 de este lunes. Allí, luego de la presentación de cada una de las partes, y del arribo de Moreno en medio de un dispositivo de seguridad compuesto por agentes del CTI que lo despojaron de su chaleco y casco, el fiscal Jaime Camacho empezó a documentar lo que, desde la captura de Moreno, se ha venido documentando a la opinión pública. Que Moreno era pieza clave dentro de un grupo corrupción que direccionaba expedientes de personas investigadas por el alto tribunal a cambio de millonarias sumas de dinero.
Como parte de la dirección especializada contra la corrupción, Moreno tenía entre sus funciones coordinar investigaciones, participar en comités técnicos y darles partes del trabajo realizando a sus superiores. Dentro de esas investigaciones se encontraban casos como el despilfarro de las regalías y el sonado caso del cartel de la hemofilia que, entre otras cosas, comprometían al entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
Por eso, dice la Fiscalía, Moreno a través de su socio, el abogado Leonardo Pinilla, contactó a Lyons para decirle que usaría su cargo para ayudarlo a “obstruir” las investigaciones. El exfiscal tenía conocimiento de que Jesús Eugenio Sarmiento y Maximiliano García Bazanta, en el trámite de un principio de oportunidad, entregaron información clave y fueron testigos en uno de los procesos contra el exgobernador. Y Moreno, por su parte, tuvo acceso a esa información.
La acusación explicó que Moreno y Pinilla buscaron a Lyons, se reunieron, le manifestaron que tenían esas declaraciones y que el objetivo era “restarles credibilidad”. Por ese trámite, el exfiscal habría cobrado $100 millones y una cantidad adicional por concepto de defensa. “El señor Luis Gustavo Moreno conocía las funciones propias del cargo y abusó de ellas con voluntad dirigida a recibir dadivas indebidas. De manera que los comportamientos descritos son atribuidos a título de dolo”, explicó el fiscal Camacho.
Moreno pide rebaja en la pena
El defensor de Moreno, Pedro Enrique Aguilar, les pidió a los magistrados que aceptaran la solicitud de su cliente de allanarse a los cargos. La reclamación se hizo porque en el Tribunal, donde comenzó este proceso judicial, no aceptaron la responsabilidad de Moreno por supuestas presiones de la Fiscalía. Sin embargo, cuando el magistrado Luis Antonio Hernández le pregunto al exfiscal si aceptaba los cargos, este le dijo que sí y que desde que fue capturado pidió perdón y expresó su deseo de colaborar con la justicia. “He manifestado desde el minuto cero sin conocer, incluso, evidencias ni detalles, mi responsabilidad con dolor y con vergüenza. Lo hecho saber no solo a las autoridades sino también a la opinión pública”.
De esta manera Moreno pide que le rebajen hasta la mitad de la pena, argumentando que su colaboración ha sido permanente y que aceptó su responsabilidad luego de resolver algunas situaciones. “Ya quedaron saldadas las inquietudes por las que creí que se me estaba vulnerando mi consentimiento. Así que con dolor y con vergüenza acepté mi responsabilidad”, explicó. Así las cosas, los magistrados de la Corte tendrán la última palabra para determinar al grado de responsabilidad y el monto de la pena que tendrá que pagar el exfiscal.
