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El gobierno mexicano compró a una empresa de ciberseguridad israelí un software especializado en la lucha contra el terrorismo, pero en lugar de usarlo contra criminales, lo dirigió ilegalmente contra periodistas y activistas de derechos humanos que han incomodado al poder político.
Así lo revela una investigación publicada este lunes por las organizaciones mexicanas Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC, que ubica a once “objetivos” del gobierno mexicano, entre ellos a Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, representante de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, impulsor de la reforma anticorrupción #Ley3De3; la periodista Carmen Aristegui y a su hijo adolescente, Emilio Aristegui.
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El informe explica que través del programa Pegasus —adquirido en 2011 por el gobierno mexicano por cerca de 80 millones de dólares— se enviaron mensajes de texto hacia los teléfonos de las personas que el gobierno mexicano quería espiar. Los mensajes eran noticias falsas o mensajes ambiguos con información personal que podían interesar al periodista o activista. Y les acompañaba un enlace.
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Si el usuario daba clic en la liga de internet, el teléfono quedaba inmediatamente infectado por Pegasus: la libreta de contactos, documentos, fotografías y videos podían ser revisados o eliminados vía remota, y también se podía encender a distancia la cámara del teléfono o el micrófono para que los usuarios pudieran ser espiados en video y audio.
“Una vez que se logra la infección con Pegasus es prácticamente imposible salvar el teléfono”, comentó John Scott Ralton, del centro de investigación de ciberseguridad CitizenLab, con sede en Toronto, Canadá.
En los once casos denunciados, los “objetivos” recibieron mensajes maliciosos cuando hacían alguna investigación o trabajo que incomodaba al gobierno federal mexicano, ya sea por actos de corrupción o por la indebida actuación de las fuerzas de seguridad.
Las ONGs que realizaron el informe llevaron a cabo este lunes una conferencia de prensa en la cual anunciaron que ya interpusieron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República para que se investigue quiénes son los responsables del espionaje ilegal y se les castigue. Además, pidieron medidas cautelares de protección contra las once víctimas.
‘El presidente Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones’.
“Exigimos la apertura de investigaciones imparciales, independientes y transparentes, el castigo a los responsables de este abuso de poder, exigimos reformas legales para regular las intervenciones telefónicas y garantizar la rendición de cuentas”, dijo Ana Cristina Ruelas de la organización Artículo 19.
“¿El gobierno tendrá la voluntad de investigarse a sí mismo? Ya todos sabemos la respuesta”, añadió Mario Patrón, a quien el 20 de abril de 2016 le llegó un mensaje malicioso que decía “EL GOBIERNO DE MEXICO MADRUGA AL GIEI” junto con un enlace.
En ese tiempo, Patrón era el mediador entre el gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de expertos que daba asistencia técnica a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y cuyos dictámenes contradecían la versión oficial del Estado.
Según la investigación, cada mensaje malicioso habría costado unos 77.000 dólares que salieron del presupuesto público.
“Somos los nuevos enemigos del estado. En nuestra sociedad la democracia se ha erosionado”, señaló Juan Pardinas en una entrevista con The New York Times. Pardinas recibió el 21 de diciembre de 2015 un mensaje con un enlace a la dirección de un falso funeral donde se velaría al papá de un amigo.
El periodista Rafael Cabrera, coautor de la investigación sobre la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, fue otro de los objetivos: a él, el 21 de mayo de 2016, le llegó un mensaje con supuestas imágenes de relaciones sexuales con su pareja, junto a un enlace.
“El presidente Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones. Estamos aquí preguntando muchas cosas, ¿que tiene que decir sobre esto?”, preguntó Carmen Aristegui.
El tema se posicionó rápidamente en Twitter como uno de los más discutidos con la etiqueta #GobiernoEspía, que fue usado para increpar al gobierno de México el uso de recursos públicos para espiar a periodistas.
“En caso de que, en efecto, como toda la evidencia sugiere, los intentos de infección de los dispositivos de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción con el malware de espionaje Pegasus, comercializado exclusivamente a gobiernos por la empresa NSO, fueron llevados a cabo de manera ilegal, sin autorización judicial y para fines ilegítimos, es claro que se acreditaría la comisión de diversos delitos”, concluye el estudio y cita el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas que se castiga con seis a 12 años de prisión.
El resto de los periodistas y activistas espiados son Stephanie Brower y Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; Sebastián Barragán, periodista de Aristegui Noticias; Carlos Loret de Mola, periodista de Televisa Noticias, El Universal y Radio Fórmula; Alexandra Zapata del IMCO; y los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
El anuncio llega a poco más de un mes del asesinato del reconocido periodista sinaloense Javier Valdez, cuyo homicidio es el sexto contra periodistas en lo que va del año.
El gobierno de México responde
Luego de varias horas de intensa polémica en redes sociales, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, emitió un tuit a las 6:05 de la tarde con un comunicado que contiene la postura oficial de la administración de Enrique Peña Nieto.
Se trata de un texto de tres párrafos firmado por el director general de Medios Internacionales, Daniel Millán, quien negó las acusaciones y llamó “a quienes pudieran ser víctimas” a presentar una denuncia ante las autoridades, lo que ya habían hecho desde la mañana los periodistas y activistas aludidos.
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