Este artículo se publicó originalmente en VICE News.
Cada una de las miles de calles bautizadas con nombres de generales, capitanes o coroneles franquistas hacen, diariamente, apología del régimen dictatorial y criminal que gobernó España durante casi cuatro décadas. Cada una de las banderas franquistas exhibidas en manifestaciones ensalzan una ideología responsable de la muerte y desaparición de cientos de miles de personas.
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Muchos grupos de ideología franquista, pero incluso ayuntamientos democráticos como el del pueblo toledano de Guadamur, que proyectó imágenes de Franco en la fachada de su castillo, exaltan la represión política que pisoteó con impunidad los derechos humanos de los españoles que no comulgaban con un régimen ilegal y genocida.
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Pero España, a diferencia de Alemania respecto del nazismo, sigue sin juzgar la apología del franquismo tras 40 años de democracia. “El código penal alemán tipifica la apología del nazismo como un delito, algo que no sucede en el caso español”, explica a VICE News Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
De acuerdo con Carlos Slepoy, experto en Derecho Penal Internacional y representante de un grupo de querellantes en el proceso judicial que la magistrada argentina María Servini de Cubría inició contra el franquismo y algunos de sus exaltos cargos, la diferencia es que “el franquismo no fue derrotado y que, hasta hoy, ningún tribunal lo ha condenado por crímenes de guerra o de lesa humanidad” como sucedió en el caso del nazismo.
El Tribunal de Nuremberg —que condenó a la horca y a cadena perpetua a altos cargos del III Reich— probó, explica Ibarra, “que el régimen liderado por Adolf Hitler se sustentaba en una ideología racista y supremacista”.
Su inclusión como delito en el código penal alemán se ampara en esta sentencia, explica el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Para que en España pasara algo similar y teniendo en cuenta la inacción del sistema judicial español al respecto “sería necesario que el Tribunal Penal Internacional, un tribunal ad hoc como el que juzgó el genocidio de Ruanda o el tribunal de cualquier país amparándose en la justicia internacional condenara el franquismo y a sus responsables por crímenes imprescriptibles —como lo son los crímenes de guerra, contra la paz o de lesa humanidad—”, precisa Ibarra.
Slepoy considera que un fallo como el descrito por Ibarra allanaría el camino para penar cualquier manifestación de apología del régimen dictatorial. Si el franquismo es considerado como una ideología criminal que incita al odio, su enaltecimiento también lo sería.
El letrado sostiene, sin embargo, que si hubiera voluntad política también podría incorporarse el ensalzamiento del franquismo como delito en el código penal sin necesidad de que hubiera jurisprudencia en la materia. En este sentido, se refiere a la tipificación de enaltecimiento al terrorismo que sí recoge de forma explícita este conjunto de normas punitivas.
El ejecutivo del PP se negó a extraditar a Argentina a parte de los 19 investigados por torturas y homicidios en la causa que instruye Servini contra el franquismo
Con todo, Slepoy opina que nada de esto ha sido posible “debido al hecho de que todavía hay jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que simpatizan con esta ideología y políticos herederos del franquismo” que ponen trabas a la justicia internacional.
Lo cierto es que el ejecutivo del PP se negó a extraditar a Argentina a parte de los 19 investigados por torturas y homicidios en la causa que instruye Servini contra el franquismo pese a las instancias de la ONU para que el gobierno español accediera a la petición de la magistrada. Tampoco sirvió de nada la instrucción que envió la jueza al Ministerio de Justicia del gobierno popular para interrogarlos en España el pasado mes de abril.
El ejecutivo mantuvo que la ley otorga a España la competencia para enjuiciar a sus propios ciudadanos, que la materia investigada había prescrito y que buena parte de los supuestos delitos penales no eran considerados como tales cuando se llevaron a cabo. Así y con el amparo en la Ley de Amnistía de 1977 el gobierno ha conseguido hasta ahora evitar la reapertura de cualquier debate relativo al franquismo, aunque lo cierto es que dicha legislación vulnera todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por España.
“Si ni siquiera se permite juzgar a los responsables, condenar el enaltecimiento de la ideología franquista parece aún más improbable”, lamenta el letrado. No le falta razón a Slepoy. En octubre de 2013, el PP rechazó incluir la apología del franquismo como delito en la reforma del código penal impulsada por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
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