Pasaron ocho años desde que los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) proclamaran el fracaso de la denominada “guerra contra las drogas”, dando inicio al debate sobre un nuevo paradigma para Latinoamérica. Desde entonces dos países se declararon abiertamente en contra del modelo único propuesto por las convenciones de Naciones Unidas y decidieron emprender un camino propio, lejos de la prohibición. Pero sólo uno de ellos, Uruguay, optó por legalizar todas las formas de consumo de la droga más usada en el mundo: la mariguana.
Ese pequeño país sudamericano es uno de los que tiene la mayor prevalencia de consumo de cannabis en la región: más del 8 por ciento de su población declaraba haberla consumido en el último año en comparación con menos del 2 por ciento en Ecuador y Paraguay, según los últimos datos de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Estamos en un camino de un experimento”, dijo el ex presidente uruguayo José Pepe Mujica a la BBC en 2014, meses después de que se aprobara la ley que reguló el consumo, venta y producción de la mariguana con fines recreativos, medicinales y para investigación científica. Desde entonces Uruguay permite el autocultivo y la formación de clubes de consumidores, aunque los interesados deben registrarse ante organismos oficiales y cumplir con topes máximos de producción. En mayo se abrirá la inscripción para la compra en farmacias de hasta 40 gramos mensuales de cannabis que en julio distribuirán dos empresas privadas.
Videos by VICE
“Uruguay está posicionado por lejos como el país más avanzado en las Américas en términos de regulación del cannabis. Probablemente sea alcanzado por Canadá, pero esto dependerá de la versión final del modelo de regulación que ahí adopten. Pero las autoridades uruguayas todavía tienen mucho en sus manos, así que estamos esperando para ver si realmente en julio se volverán los primeros en legalizar y regular el mercado de esta droga a todo nivel”, dijo a VICE Geoff Ramsey, investigador de la Washington Office for Latin America (Wola), organización no gubernamental que asesoró al gobierno uruguayo durante el proceso de legalización del cannabis .
Como ya había advertido Mujica, el modelo uruguayo no es “una piedra libre para que la gente salga a consumir drogas”. Quienes cosechen en su casa están habilitados a un máximo de seis plantas mientras que los clubes pueden cultivar hasta 99 pero deben tener sólo entre 15 y 45 socios. Y, además de seguir el proceso de creación de una asociación civil (que implica, por ejemplo, aprobar estatutos), deben comunicar dónde producirán la droga (cumpliendo requisitos como el de una distancia mínima de centros educativos). Los usuarios que están esperando comprar su cogollo en farmacias tampoco la tienen fácil: deben ser mayores de edad, estar dispuestos a dar sus datos personales a un organismo oficial (que los guardará como datos sensibles) y sólo pueden adquirir hasta 10 gramos semanales de una droga que, según publicó el semanario local Búsqueda, sólo tendrá entre 1 por ciento y 2 por ciento de THC (el componente psicoactivo del cannabis). Antes de comenzar la venta el gobierno desplegará una amplia campaña de sensibilización sobre los riesgos del consumo de drogas.
“Por ahora Uruguay ha implementado su modelo de forma muy cuidadosa, pero es interesante que Canadá se está moviendo más rápido con su proyecto aunque la gran diferencia allí es que ya funciona la industria del cannabis medicinal. Uruguay tuvo un camino más difícil porque tuvo que comenzar todo de cero y eso hace que la demora que han tenido sea entendible”, añadió Ramsey.
Si el proyecto que los legisladores canadienses estudian es aprobado, a mediados del año que viene todos los mayores de 18 años podrán cultivar hasta cuatro plantas, comprar cannabis en establecimientos autorizados y caminar con hasta 30 gramos de consumo personal. Además en las últimas elecciones de Estados Unidos los estados de California, Massachusetts y Nevada se sumaron a la lista de jurisdicciones que permiten algún tipo de uso (medicinal o recreativo) de la mariguana.
Con esos nuevos paradigmas marcando el camino, otros países de la región han dado sus primeros pasos. Tras la firma de un decreto presidencial, el Congreso colombiano aprobó el año pasado el uso medicinal del cannabis y el Ministerio de Salud Pública emitió algunos decretos que marcarán las reglas de ese nuevo mercado, en el que participarán firmas locales y canadienses. Aunque Chile aún debate una ley que permita el acceso medicinal a la droga, la Fundación Daya consiguió en 2014 una habilitación administrativa para plantar 850 plantas en el municipio de La Florida, como parte de un estudio clínico para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. Según el Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión, el 48 por ciento de los chilenos apoya la legalización de la mariguana, el mayor nivel de aprobación de toda la región seguido de Colombia (casi 44 por ciento) y Uruguay (42 por ciento).
“En Latinoamérica es claro que Uruguay está solo. Pero podría no ser así por siempre. El próximo gran candidato para la legalización del uso recreativo es Chile. Puede ser que no sea uno de los temas principales de la campaña presidencial en este momento, pero no hay forma de escapar al hecho de que allí están los mayores niveles de apoyo a la legalización en toda Latinoamérica. Y también es allí donde está uno de los mayores porcentajes de población que afirma utilizar mariguana. Así que el candidato que gane estas elecciones deberá lidiar con esa realidad”, afirmó el investigador de Wola.
En marzo, Argentina despenalizó el cannabis con fines medicinales, habilitó el aceite de mariguana para pacientes que sufran de ciertas dolencias y autorizó la investigación científica de la planta. Su cultivo, sin embargo, sigue penado con hasta 15 años de cárcel. El año pasado, en México, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un proyecto de ley que elevaba las cantidades permitidas para consumo personal (de cinco a 28 gramos) que aún no fue tratado, pero que supone situarse por encima de lo permitido en Colombia (20 gramos), Ecuador (10 gramos) o Perú (8 gramos). Lo que sí avanza es el uso medicinal, luego que en diciembre el Senado aprobara una iniciativa de ley de uso medicinal que reglamenta ese mercado y que ahora debe ser estudiado por la Cámara de Diputados. Y sigue vigente el largo y administrativo camino que la Suprema Corte de Justicia abrió para los autocultivadores, luego que diera el amparo a cuatro activistas en su derecho a cultivar.
“Es difícil decir un solo país entre los que menos han avanzado en Latinoamérica porque varios, como Ecuador, Bolivia y Perú, tienen leyes que habilitan la posesión de ciertas cantidades pero luego incluyen disposiciones en sus códigos penales que criminalizan hasta tal punto el uso del cannabis que lo confunden con el tráfico a gran escala. Ecuador, por ejemplo, cambió su definición de posesión personal restringiéndolo al espacio compuesto por el hogar de la persona. Son prohibiciones totalmente absurdas. Parecería que quienes las escriben ignoran la realidad de los usuarios o realmente piensan que la gente se hace de drogas mágicamente en pequeños paquetes de pequeñas cantidades legales”, apuntó el investigador.
Aunque el presidente Evo Morales apoyó el camino de la legalización emprendido en la región, en Bolivia el uso y consumo de la droga sigue fuertemente criminalizado. El país —que supo salirse de las convenciones de Naciones Unidas para defender su derecho a la producción de la hoja de coca— apenas este año reformó su legislación, dando proporcionalidad a las condenas por microtráfico. Hasta entonces era común que las personas que fueran encontradas con tan sólo pocos gramos en su posesión, terminaran con sentencias de más de 10 años de prisión.
En Guatemala el Congreso rechazó la discusión de un proyecto que permitía el uso recreativo y medicinal de la planta, a pesar que en 2012 el ex presidente Otto Pérez habló en favor de la legalización. En Brasil las agrupaciones de madres de hijos con epilepsia refractaria debieron emprender una dura batalla legal para que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria les permitiera la importación de aceite de mariguana, que ayuda a reducir los ataques de epilepsia. Y si bien el Congreso recibió en 2015 tres proyectos que legalizaban el mercado, la discusión está lejos de darse.
Uruguay, por su parte, ha hecho un hincapié muy fuerte en que el cannabis que ahora produce el Estado no podrá salir del país ni ser comprado por extranjeros. Las autoridades uruguayas han recordado una y otra vez que su “experimento” está pensado para evitar el “turismo cannábico”, restringiendo el acceso a sus ciudadanos naturales o legales. Si bien está sucediendo este modelo, que es único en el mundo, está rodeado de países que lo miran con mucha atención.
“Soy de esos optimistas que cree que las Américas están logrando un consenso a favor de la legalización. Pero no es liderado por los gobiernos sino por la sociedad civil y la demografía. Las generaciones más jóvenes tienen actitudes más liberales en torno a la mariguana y eso no cambiará. En el corto plazo las reformas de las políticas de drogas dependerán de lo que suceda en las elecciones presidenciales que en los próximos dos años habrá en Chile, Colombia, México o Brasil. Pero no importa cuál partido gane, los gobiernos deberán entender que la prohibición del cannabis se está volviendo algo impopular. Y además Estados Unidos está perdiendo cada vez más legitimidad como director de esa política ahora que la mayoría de los estadounidenses tienen al menos una forma legal de acceso”, opinó Ramsey.
