El legado de la crisis: Río tras los Juegos Olímpicos

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Durante los Juegos de Río pasé todo un día con Hugo Costa, un geógrafo que vive en el norte de la ciudad, donde se concentra la clase obrera, para hablar sobre el legado que han dejado los Juegos Olímpicos. Me mostró un nuevo sistema de autobús que se había presentado como un beneficio permanente para los ciudadanos, aunque en realidad había acabado haciéndole la vida más difícil a él y a su familia, sin haber aliviado ninguno de los problemas de transporte y habiendo acabano con las últimas zonas verdes del barrio. En otras palabras, es una más de las falsas promesas que se hicieron a la gente de Río con ocasión de las Olimpiadas. Pero Costa sigue siendo un ciudadano orgulloso que intenta hacer de su ciudad un lugar mejor.

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A principios de este mes, le envié un mensaje por Whatsapp para preguntarle cómo iban las cosas.

“Bueno”, me contestó Costa, “las noticias sobre Brasil no son muy buenas”.

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Cuando la atención de los medios se desvió de las Olimpiadas para ocuparse de otros asuntos, Brasil siguió cayendo en una profunda crisis política y económica. Desde 2014, el desempleo se ha duplicado y el PIB ha caído en un 8,4 por ciento. Tras la destitución de la anterior presidenta, Dilma Rousseff, el nuevo gobierno brasileño de derechas aprobó una medida de austeridad draconiana, que congelará el gasto durante 20 años y recortará los salarios y pensiones de los empleados del gobierno hasta en un 30 por ciento. Una ley que las Naciones Unidas han denunciado por inaudita y “carente de todo matiz y compasión”. (Además, no hay que olvidar que estamos hablando de un país que sigue sin dividendos ni impuestos de sociedades).

De todo Brasil, Río es el lugar que ha recibido el mayor palo. El estado de Río —así como la propia ciudad— ya estaba arruinada antes de que empezaran los Juegos Olímpicos. Los ingresos de Río dependen en gran medida del precio del petróleo, que sale de las reservas explotadas a finales del 2000. Cuando se desplomaron los precios del petróleo a nivel mundial, se agotó la liquidez de Río y también la de la mayor empresa de Brasil, Petrobras, la petrolera propiedad del gobierno federal que tiene su sede y muchas refinerías y plantas en Río.

Los fondos de rescate federales que mantuvieron a Río a flote durante las Olimpiadas hace tiempo que se agotaron y, gracias a las exenciones fiscales que se facilitaron a los promotores y otras empresas relacionadas con las Olimpiadas, el gobierno no ha podido recaudar ningún ingreso del gran evento que duró tres semanas. Hoy, el gobierno debe unos 30.000 millones de euros a varios acreedores, entre los que se incluye el gobierno federal.

Petrobras está también en el centro de un enorme escándalo de corrupción conocido como operación Lava Jato, “lavado a presión”, en el que hay involucrados más de 1 900 millones de euros en sobornos y comisiones clandestinas, algunas de ellas relacionadas con los Juegos Olímpicos. La mayor empresa de construcción de Brasil, Odebrecht, también está en el centro de la operación Lava Jato. Se encargó de supervisar más de la mitad de los contratos de construcción de las Olimpiadas y tuvo su propio departamento de sobornos para tratar esos asuntos.

Como parte de una cooperación con las autoridades durante la investigación, Odebrecht ha implicado directamente al alcalde saliente de Río, Eduardo Paes, uno de los mayores defensores de los Juegos Olímpicos. Los ejecutivos de la empresa dicen haberle dado a Paes hasta 8,62 millones de euros para su campaña de reelección en 2012. A principios de este mes, los activos de Paes estaban congelados a causa de ciertas irregularidades relacionadas con los impuestos medioambientales del campo de golf olímpico (la empresa de desarrollo FIORE habría tenido que pagar unos 452 000 euros en impuestos, pero no lo hizo y el coste acabó recayendo en la ciudad).

Los activos de Paes fueron congelados porque sus planes eran mudarse a los EEUU para dar clases en la Universidad de Columbia, pero luego el mismo Paes anunció que no daría clases en esa institución. Todo este lío con el campo de golf no me sorprende ni un pelo después de todo lo que descubrí sobre él en agosto, y sabiendo cómo Paes y la ciudad habían orquestado su construcción sobre un suelo declarado área de protección ambiental para beneficiar al dueño multimillonario de FIORE.

Hasta ahora, los proyectos “heredados” de las Olimpiadas tampoco parecen muy prometedores. Odebrecht “ganó” también la licitación para proyectos como las líneas de autobús BRT que circulan a través del barrio de Costa. Una de las obras que ha quedado por finalizar, la línea Transbrasil —que sin ningún sentido se solapa con la autopista y las líneas de ferrocarril existentes que conectan el centro con el norte de la ciudad— ha quedado completamente interrumpida por culpa del escándalo desatado por la corrupción.

La nueva línea de metro construida para los Juegos Olímpicos, que conecta las zonas más pudientes del sur con el resto del sistema de metro, sigue siendo prohibitivamente cara para muchos cariocas y no existe ningún plan de transbordo con los autobuses de la ciudad y las líneas BRT existentes.

Para hacernos una idea, un viaje que incluye autobús y metro —una necesidad para la mayoría porque el metro no llega a muchas zonas— ahora cuesta 7,90 reales (2,3 euros), una oferta muy cara para la clase obrera de Río. En un principio, el estado y las empresas de autobuses acordaron ofrecer un descuento de 90 céntimos, que se reembolsaría a las empresas de autobuses a través de los ingresos fiscales del estado, pero las empresas de autobuses ahora se niegan a aplicar tal descuento porque el gobierno está arruinado y no tiene ni un céntimo para devolverles el dinero.

Otro de los proyectos más sonados, el lavado de cara a la bahía de Guanabara, también parece destinado a convertirse en un fracaso histórico, ya que no solo no se consiguió acondicionar la bahía para celebrar la competición olímpica de vela, sino que a principios de diciembre de 2016, la empresa encargada de la limpieza de la zona despidió a los trabajadores del proyecto.

Respecto a las instalaciones olímpicas, siguen donde estaban, cuando ese no era el plan inicial. Desde finales de noviembre, el parque olímpico está vacío y lleno de basura, dando un aspecto de abandono que no hace pensar que pueda volver a usarse para algún evento deportivo que se celebre en un futuro próximo. Por otro lado, todavía no se ha puesto en práctica el plan para readaptar los estadios temporales repartidos por la ciudad y convertirlos en escuelas. Dada la realidad financiera de Río, no parece probable que esos planes lleguen a materializarse.

En cuanto al campo de golf, cuyo proyecto inicial también contemplaba mantenerla abierta al público durante veinte años, un informe de AFP de noviembre señalaba que existía un problema de financiación y que el campo prácticamente no se utiliza, en parte debido a que la cuota mínima para disfrutarlo es de 74 dólares y también a que el golf no es un deporte demasiado popular en Brasil. En cualquier caso, el impago de varias cuotas por parte de la Federación Brasileña de Golf compromete el futuro del campo.

Ante la lista enorme de proyectos monumentales estancados y planes frustrados, los cariocas han manifestado su malestar en las urnas. El profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Río de Janeiro Mauricio Santoro, me explicó que tres de los políticos más implicados en el proyecto de las Olimpiadas “el alcalde de Rio, Paes, el gobernador estatal, Sérgio Cabral, y la expresidenta de Brasil, Rousseff” se enfrentan a cargos por corrupción y ya han dejado de desempeñar sus funciones. Cabral ha sido arrestado, Dilma sometida a juicio político y Paes parece que verá su carrera política arruinada tras su implicación en el caso de corrupción Lava Jato.

Por otro lado, el candidato escogido por Paes para sucederlo perdió en las urnas ante Marcelo Crivella, un pastor evangélico conservador cuya figura contrasta tremendamente con la imagen liberal y permisiva de Río.

Con toda esta vorágine, es fácil olvidarse de que el propósito de todo esto era mejorar la imagen de Río de Janeiro. Durante una década, la ciudad y todo Brasil se volcó en los preparativos para ser la sede de dos acontecimientos deportivos de gran calibre las Olimpiadas y el Mundial de 2014 en un esfuerzo por mostrar al mundo su ascensión en la economía mundial. Una apuesta que podría haber llegado a buen puerto con las condiciones apropiadas. Pero no fue así, y las consecuencias van a resonar en la vida de los cariocas durante décadas.

Pese a todo, no resulta fácil determinar qué parte de culpa tuvieron las Olimpiadas y el Mundial de fútbol. Según Santoro, Brasil pagó más de lo que se podía permitir por celebrar dos fiestas descomunales y actualmente está pagando el precio. Pero eso no es todo, ya que también hubo algo de mala suerte. Todo lo que podía salir mal lo hizo y el gobierno no supo reaccionar adecuadamente y optó por conceder exenciones fiscales a las grandes corporaciones y por una política laxa de líneas de crédito en un momento en que los ingresos que reportaba el petróleo iban en descenso. Todo el mundo acumuló deuda, incluidos los consumidores de a pie y los funcionarios, muchos de los cuales perdieron el trabajo cuando el gobierno. Miles también fueron despedidos cuando salió a la luz el escándalo de Petrobras. Ni que decir tiene que albergar aquellos dos eventos deportivos no ayudó en nada, sino más bien al contrario, engrosó la deuda unos cuantos miles de millones más.

Eso no exime a las estructuras de poder de Río y Brasil de su parte de responsabilidad ni quiere decir que no se haya aprendido nada para futuras oportunidades de albergar eventos similares. Los últimos dos años vividos por Brasil son un ejemplo perfecto de la facilidad con la que los vientos de la política y la economía pueden cambiar y de hasta dónde conviene apostar por proyectos de futuro. No olvidemos que, cuando Brasil obtuvo la candidatura para albergar los Juegos Olímpicos en 2009, tenía potencial para superar a Francia y al Reino Unido siendo como era la quinta mayor economía del mundo. Hoy día, el país tiene un presidente que nadie ha elegido, un plan de gasto público calificado por la ONU de inhumanitario, el mayor escándalo de corrupción activo del mundo y un montón de pagos pendientes que nadie sabe cómo saldar.

Santoro señala que quizá esta lección pueda extenderse más allá de los países en desarrollo: “Vamos a ver, en el mundo en que vivimos actualmente, ¿quién dispone de instituciones políticas sólidas?”. ¿Qué país, se preguntaba, apostaría por un proyecto a diez años vista ahora mismo?

“Creo que la crisis iba a llegar igualmente, con o sin Juegos Olímpicos”, asegura Santoro, “pero el hecho de haber albergado el Mundial hace dos años y luego las Olimpiadas en 2016…”, hace un pausa para soltar una carcajada contenida, “… es gracioso, porque parece que lo de las Olimpiadas fue hace muchos años. Porque ahora en Río reina un talante muy distinto. Es como algo perteneciente a un pasado muy remoto”.

La ceremonia de clausura se celebró hace apenas cinco meses.

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