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“Los saharauis somos poco autocríticos pero también hay cosas que hacemos mal. La corrupción existe, pero es muy difícil de demostrar”, lanza Lehdia M. Dafa, una de las pocas voces que se atreve, desde su lado del ring, a criticar abiertamente al Frente Polisario.
Lo hace desde la defensa del derecho a la autodeterminación de su pueblo y cuenta a VICE News que su principal preocupación son los refugiados — entre 90.000 y 200.000 según a quién se pregunte — que viven en Tindouf (Argelia) desde hace 40 años. “Jamás aceptaré que el Sahara sea marroquí”, afirma esta doctora de 42 años expulsada de su casa en El Aaiún, junto a su familia, en noviembre de 1975, durante la Marcha Verde.
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En la otra esquina del cuadrilátero está Abdellah Tourabi, director del semanario marroquí Tel Quel: “Por supuesto que el Sahara es marroquí. Históricamente son fronteras que no estaban ahí; son herencia del colonizador (España y Francia)”, explica.
Tourabi hace suya la “causa nacional”, como se suele decir en Marruecos, pero también es uno de los escasos marroquíes que se atreve a criticar algo relacionado con la sacrosanta causa. Reprocha a las élites del país haber anulado todo debate:
“No se puede tratar a los marroquíes como si fueran menores. El Sahara no puede ser una cuestión tabú; no nos pueden decir qué es lo que tenemos que pensar. No se puede salir a la calle y gritar simplemente ¡Sahara marroquí! sin comprender nada”.
Marruecos vive por y para la llamada “causa nacional”, un dogma que no se discute y que condiciona su política interior y exterior. Ningún partido político, salvo el marxista Vía Democrática — sin representación en el parlamento marroquí — se atreve a alzar una voz disidente.
Marruecos apela a los vínculos históricos, previos a la colonización española, de algunas tribus de la zona con los sultanes marroquíes. Así lo señaló el confuso dictamen del Tribunal de la Haya en octubre de 1975, que también indicaba, sin embargo, que esos vínculos no constituían “lazos jurídicos de soberanía territorial del Sahara con Marruecos, por lo que seguía siendo necesario aplicar el principio de autodeterminación de las poblaciones”, escribe Bernabé López García, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Conflicto entre Marruecos y Suecia: manual para montar un armario Ikea en el Sahara. Leer más aquí.
El rey Hassan II de Marruecos, haciendo una lectura del dictamen a su favor, dio orden para iniciar la Marcha Verde de 350.000 civiles y 20.000 soldados que entraron en El Aaiún el 6 de noviembre de 1975. Una forma de hacer la guerra sin declararla, como mandan los cánones de Sun Tzu.
Una semana más tarde, el 14 de noviembre, España, Marruecos y Mauritania firmaron los Acuerdos de Madrid sin la presencia de ningún representante saharaui y establecieron un reparto ilegal del territorio. La Resolución 1514 de Naciones Unidas marcaba que España no podía abandonar su papel de potencia administradora sin dar la oportunidad a los saharauis de ejercer su derecho a la autodeterminación. Pero lo hizo. Y así hasta hoy, sin referéndum a la vista.
Una guerra formal y cuarenta años más tarde, Marruecos sigue diciendo que el Sahara es marroquí y el Frente Polisario sigue inamovible en su reivindicación del referéndum. Con una diferencia: Marruecos, que presentó un plan de autonomía en 2007, controla de facto el territorio.
“La propuesta de autonomía de Marruecos no es seria, porque no tiene la soberanía, pero el Frente Polisario debe presentar una propuesta que no sea el referéndum, algo nuevo. Han pasado 24 años desde el alto el fuego con Marruecos. Es demasiado tiempo”, señala Dafa.
En diciembre se celebrará el XIV Congreso del Frente Polisario y si la salud no se lo impide, es muy probable que el nuevo secretario general sea Mohamed Abdelaziz, que ejerce el cargo desde 1976. Los de la cúpula también han pasado demasiado tiempo en la cúpula, expone Dafa sin concesiones:
“Esta gente que nos dirige ahora se ha enriquecido a base del sufrimiento de los refugiados y les conviene que haya campamentos, que haya ayuda humanitaria, porque ellos son los administradores y tienen su vida resuelta. Sus familias están en el extranjero, entrando y saliendo sin problemas y sus hijos están en los sitios más alejados de los campamentos, en Suiza, en Estados Unidos”.
Activistas saharauis se manifiestan durante el Fórum Social Mundial celebrado en Túnez en 2014. (Imagen por Mohamed Messara/EPA)
El febrero pasado, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento europeo desempolvó un informe de la Oficina Antifraude de la Comisión Europea (OLAF) que detallaba el “fraude masivo” y la “malversación” de fondos de la Comisión destinados a la ayuda a los refugiados de los campamentos de Tindouf entre 2003 y 2007.
El documento detallaba cómo los alimentos de primera necesidad, como la leche en polvo o la harina se vendieron en el mercado negro y se sustituyeron por productos de peor calidad, que son los que acabaron llegando a los refugiados.
La Comisión pidió también un censo de refugiados que no se actualiza desde hace 40 años. La cifra que le dio Argelia fue 155.000 pero según el documento, hay 91.000 refugiados en Tindouf. Representantes del Frente Polisario denunciaron entonces la “manipulación” de los lobbies marroquíes para desanimar a los donantes y Marruecos usó el informe como arma arrojadiza en los medios de comunicación para defender sus tesis. En medio de la guerra siguen las decenas de miles de refugiados que viven en una situación de precariedad alimentaria alarmante, con consecuencias graves para su salud.
Abdellah Tourabi también se pregunta adónde ha ido a parar el dinero que invierte Marruecos en el Sahara. “Esas inversiones sólo benefician a una minoría de notables”, afirma a VICE News, una idea que desarrolla el último número del semanario que dirige: “El poder central ofrece a personalidades que le son fieles un papel económico importante a través de la redistribución de ayudas y subvenciones”, y cita a familias involucradas también en el poder político como los Joumani, los Baouaida o los Derham.
El pasado 6 de noviembre, con motivo de la Marcha Verde, Mohamed VI anunció inversiones millonarias en infraestructuras por valor de más de 7.000 millones de euros y prometió terminar con la cultura de las rentas y las subvenciones que tanto reprochan los marroquíes a su gobierno.
La creencia generalizada es que los saharauis viven de las subvenciones. El estado marroquí paga una renta de 180 euros a unas 120.000 personas, según el Consejo Económico y Social, además de otras ayudas a los “arrepentidos” de Tindouf, los que, según denuncian las asociaciones, se han pasado al lado marroquí.
Tourabi afirma que el mensaje del rey es un reconocimiento de los errores que señaló en 2013 el Consejo Económico y Social. En este informe se recomienda poner en marcha una gobernanza renovada y transparente que atraiga a inversores privados y que favorezca la creación de empleo. Nada se dice en contra de la explotación de fosfatos y pesca en aguas del Sahara porque Marruecos considera que es parte de su territorio.
Lo que sí señala el informe es que se debe respetar la efectividad de los derechos humanos en la región, algo que se pasó por alto en el discurso real. La Constitución de 2011 prohíbe la creación de partidos regionales y aunque recientemente ha legalizado la Asociación de Víctimas Graves de Violaciones de Derechos Humanos, la policía les ha impedido manifestarse en dos ocasiones.
Tourabi lamenta que no se de voz en los medios públicos a otras opiniones, “aunque no nos guste lo que dicen” y que los marroquíes no sepan cómo está evolucionando el dossier. Dafa pide a sus representantes que desvelen a la población “qué se está negociando exactamente con Marruecos” en la ONU.
Es poco probable que Tourabi o Dafa renuncien a la causa nacional que defiende cada uno, pero los dos, alejados de la corrección política que impone cada parte, abogan por una aproximación menos simplista y menos de trinchera para avanzar. La alternativa es prolongar una espera que dura ya 40 años.
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