En 2001, los presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton (izq.), y de Colombia, Andrés Pastrana (der.), firmaron el Plan Colombia. Al centro, el entonces ministro de Hacienda y hoy presidente, Juan Manuel Santos.
Este artículo hace parte de ¡PACIFISTA! nuestra plataforma para la generación de paz.
Mientras buena parte de los círculos políticos de Colombia y Estados Unidos celebran el “éxito” de los 15 años de la implementación del Plan Colombia, algunos académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que los impactos de ese acuerdo bilateral no fueron del todo benéficos para el país.
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Es el caso de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), una ONG estadounidense defensora de los derechos humanos. A propósito del aniversario del Plan, Wola acaba de presentar un balance sobre ese billonario paquete de medidas, acordado por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton para “salvar” a Colombia del narcotráfico.
El informe incluye los éxitos y fracasos del Plan, cuya inversión fue superior a los US$9 billones. Estas son sus principales conclusiones:
‘El Plan Colombia privilegió lo militar sobre lo social’
Aunque se suponía que la intervención del Plan Colombia se concentraría en los campos social, institucional y militar, Wola asegura que la mayor cantidad de recursos se invirtieron en la guerra. De los US$ 9.94 billones que Estados Unidos le ha entregado a Colombia, el 71% se han usado en asistencia militar y policial, afirma.
Esos dineros se habrían destinado al fortalecimiento de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, reformas en la doctrina y la estrategia de las Fuerzas Armadas (en temas como movilidad, inteligencia y derechos humanos), la fumigación aérea con glifosato, la protección de oleoductos, el desarrollo de los planes militares Patriota y Consolidación Territorial, y el uso de bombas inteligentes contra los máximos comandantes de las Farc. Asimismo, para adquirir helicópteros y barcos, realizar mantenimiento de aeronaves, y entrenar a miles de soldados colombianos.
Según Wola, la Policía y el Ejército han recibido el 71% de los recursos del Plan Colombia. Foto: Felipe Abondano
En contraste, dice Wola, tan sólo el 29% de los recursos se destinó a la sustitución de cultivos ilícitos, la atención a la población vulnerable y desplazada, la reforma al sistema judicial, la protección del medio ambiente y la promoción de los derechos humanos.
La mayor parte de esos programas están a cargo de USAID y, según Wola, desde 2008 “se han sofisticado y han tenido algunos éxitos importantes en gobernanza rural (…) y coordinación interinstitucional”.
‘Los niveles de seguridad mejoraron’
Aunque cuestiona el ‘enfoque guerrista’ del Plan Colombia, Wola dice que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas sí contribuyó a una reducir significativamente los homicidios, las masacres, los secuestros, los desplazamientos forzados y las acciones armadas ejecutadas por las guerrillas.
Según esa ONG, los resultados positivos se deben a la adquisición de helicópteros, que permitieron mejorar la movilidad de las tropas “para responder a ataques y secuestros”; al despliegue, aumento y sofisticación de las labores de inteligencia del Ejército, al mayor cubrimiento y capacitación de la Policía en áreas rurales y urbanas, y a la oferta de programas de reintegración que incrementó las desmovilizaciones individuales de guerrilleros.
Sin embargo, Wola señala que “los avances en seguridad se concentran en los centros poblados y a lo largo de las carreteras principales. La población rural, sin embargo, ha resultado menos beneficiada. Esto es importante porque allí continúan prosperando los grupos armados, el narcotráfico, el despojo de tierras y otras actividades del crimen organizado, como la minería y la tala ilegal”. Y agrega que, “incluso en ciudades pequeñas, donde las ofensivas contra la guerrilla han traído una presencia permanente de las fuerzas de seguridad, la probabilidad de encontrar grupos armados a pocos kilómetros sigue siendo alta”.
La ONG también llama la atención por el incremento en los niveles de extorsión, que, en casos como el de Buenaventura, afecta a “todos los niveles de la economía”.
‘La lucha contra las drogas fracasó’
Según Wola, con los dineros del Plan Colombia se fumigaron con glifosato más de un millón seiscientas mil hectáreas de hoja de coca; sin embargo, esa “estrategia no funcionó”.
La razón para llegar a esa conclusión es que la reducción de los sembradíos no ha sido sostenida. Cifras del Departamento de Estado de EE.UU. evidencian que mientras entre 2002 y 2003 el número de hectáreas se redujo, aumentó notablemente en 2007, disminuyó entre 2008 y 2012, y se disparó desde 2013.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Colombia habían 69.000 hectáreas sembradas con hoja de coca en 2014. Foto: Archivo
En paralelo, en Estados Unidos los precios de la cocaína no han sufrido cambios significativos, y el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ley de Asuntos de Aplicación, William Brownfield, reportó en noviembre de 2015 que el consumo de esa sustancia iba en aumento.
Otros analistas han señalado que la lucha frontal contra las drogas en Colombia “trasladó” el problema del narcotráfico e incrementó los niveles de violencia en varios países del continente.
‘Persistieron las violaciones a los derechos humanos’
Wola asegura que “aunque los grupos armados ilegales cometieron más homicidios, masacres, desapariciones, secuestros, desplazamientos, violencia sexual y otros delitos, las fuerzas de seguridad colombianas, protegidas por Estados Unidos, cometieron una proporción alarmante de abusos, especialmente durante los primeros años del Plan Colombia”.
Ejemplo de ello serían los más de 3.000 “falsos positivos” que presuntamente cometió el Ejército entre 2002 y 2011, las alianzas de militares, policías e integrantes del DAS con paramilitares, y las ‘chuzadas’ orquestadas desde ese organismo de inteligencia.
No obstante, Wola dice que para contrarrestar esos “abusos” el Congreso de Estados Unidos ha ido condicionando la entrega de los recursos del Plan Colombia al cumplimento de distintas medidas, tales como la judicialización de los militares acusados de participar en “falsos positivos”.
Esa ONG también llamó la atención sobre los graves impactos que la guerra ha causado sobre las mujeres, las comunidades indígenas y afrodescendientes, los defensores de derechos humanos y la población LGBTI.
