Los sin cuotas: los inmigrantes que podrían quedarse fuera de la solidaridad europea

160.000. Esta es la cifra cerrada que Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, confirmó el miércoles en relación a los refugiados que tras haber alcanzado la frontera de la UE, sobre todo en Grecia, Hungría e Italia, deberán ser reubicados mediante la formula de las cuotas entre los países europeos. 380.000 es la otra, la del total de personas que han llegado al espacio Schengen por ruta marítima, según las cifras facilitadas por ACNUR.

La diferencia entre ambas: 220.000. Un número, que aunque no responde de forma rigurosa al total de personas que van a quedarse fuera de la legalidad y sin amparo, pues es imposible conocer el destino final de cada una de los inmigrantes que alcanzaron territorio europeo y hacer estimaciones precisas sobre los que están por llegar, nos acerca a la sombría cuestión de los sin cuotas.

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Sólo los refugiados entran en los cupos y poderse acoger al derecho de asilo dependerá, sobre todo, de los criterios utilizados para dirimir si la vida del solicitante o su libertad están en peligro y del estudio pormenorizado de cada caso.

De acuerdo con el Estatuto del Refugiado de la ONU de 1951, para acceder al derecho de asilo, los solicitantes deberán demostrar que provienen de un país en conflicto o en el que existen “fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas”.

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En este contexto, Juncker, que compareció este miércoles con motivo de la celebración del estado de la UE, anunció su intención de promover un sistema de dos listas: la de los países seguros y la de los países inseguros. Una iniciativa, dijo, que persigue “agilizar” el estudio de solicitudes de asilo registradas en la UE y que, pese a su compromiso de no excluir a aquellos cuyo país de origen se considere seguro del derecho a acogerse al asilo, muchos expertos cuestionan.

“Tratar de automatizar el proceso con el único criterio de dónde proviene la persona es enormemente peligroso”, asegura a VICE News Félix Vacas, profesor titular de Derecho Internacional Público y relaciones internacionales en la universidad Carlos III.

Además, Marc Serra, miembro de Tanquem els CIEs y del Observatorio de Derechos DESC, explica a VICE News que no hay criterios firmes para atribuir a un contencioso la condición de conflicto bélico, por ejemplo.

Se trata de un asunto muy delicado, con un amplio abanico de matices y cuestiones técnicas que pueden incidir en la decisión final sobre la vida de una persona y que, a veces, asegura Serra se resuelve en términos políticos. “¿Es Eritrea un país seguro? ¿Hay guerra en Nigeria? Probablemente, no, pero Boko Haram está actuando, ¿Es Egipto un país seguro bajo el régimen dictatorial de Al-Sisi?”, cuestiona Vacas, para quien resulta clave saber cómo se determinará qué es y qué no es un país seguro.

El caso es si, como Juncker ha prometido y pese al sistema de listas, los casos van a tratarse de forma individualizada. “Hay que analizar cada caso en su individualidad: en países del África Subsahariana a los negros albinos se les persigue por ser negros albinos, es posible que en ese estado no haya guerra ni un conflicto étnico de raíz terrorista, pero hay persecución de grupos humanos”, apunta Vacas. Un caso que, a juzgar por la definición de refugiado, podría dar lugar a diferentes interpretaciones.

Con todo, precisa Rosa Otero, portavoz de ACNUR a VICE News, “hay muchos casos que no entran dentro de la casuística del refugiado y que requieren de una protección especial”. En este sentido, Otero se refiere, por ejemplo, a los menos irregulares o a las personas extranjeras que hayan sido víctimas de trata. “Europa debería acordar una política común que aborde los casos de inmigrantes económicos y evalúe aquellos con necesidades específicas”, sostiene.

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Un tema que Juncker abordó tangencialmente cuando habló sobre la necesidad de establecer mecanismos legales de entrada al territorio comunitario para que tanto migrantes como refugiados tengan opciones para llegar a Europa más allá de la vía irregular.

Con todo, el plan presentado por el presidente de la Comisión Europea, incluye la aceleración de las expulsiones de aquellos que no tienen derecho al asilo.

Muchas de estas expulsiones afectarían a los inmigrantes económicos sin ninguna especificidad que les otorgue derechos y que, con toda probabilidad, no podrán alcanzar ni el amparo internacional ni la regularidad ni en este esfuerzo de emergencia ni por la vía ordinaria y sobre los que se prevé que se aplique la ley con más dureza.

Una realidad que también es muy cuestionable si tenemos en cuenta que, de estos 380.000 inmigrantes que han llegado a Europa desde enero, hay ciudadanos de Gambia, Senegal, una zona la del África Occidental donde, por ejemplo, casi 34 millones de personas están subalimentadas.

Serra afirma que “hay muchas personas que se ven obligadas a irse de su país por situaciones económicas que, a veces, siguen a un conflicto armado”. En este sentido, concluye, que “los supuestos que incluye la definición de refugiado también debería tener en cuenta estas situaciones”.

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