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Cuando en 2011 salió ese polémico video de Franciso Santos pidiendo electroshocks para los estudiantes, creo que ni él ni ustedes ni nosotros pensábamos que, en cuestión de un par de años, íbamos a estar discutiendo, en efecto, los riesgos de que la fuerza pública tenga a su disposición artefactos capaces de causar este tipo de efectos. A la extensa lista de armas que ya tiene nuestro país se suman ahora 300 pistolas de electrochoque o tasers que fueron adquiridos el año pasado y hoy se encuentran en una fase piloto en Cali, Medellín y más recientemente Bogotá, y de los cuales ya hablamos anteriormente en VICE. La polémica compra ha generado preocupación, hasta el punto de que este miércoles 13 de agosto será debatida tanto en la plenaria de la Cámara como en la Comisión Segunda del Senado.
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“El general Palomino está bravo”, me dijo esta semana el representante del Partido Liberal Juan Carlos Losada, quien citó al debate en la Cámara al director general de la Policía Nacional. Palomino, quien en las últimas semanas ha defendido vehementemente por Twitter y medios varios la compra de los tasers, tendrá ahora que hacerlo frente al Congreso. También deberán llegar el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Humberto Guatibonza y el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, todos citados con un fin único: el de aclararnos cuáles serán las reglas del juego para los uniformados a la hora de utlizar este tipo de artefactos. “La policía tiene armas de fuego cuya utilización está condicionada a que haya una igualdad de fuerzas. Un policía no saca un arma de fuego hasta que no se siente amenazado por otra arma de fuego”, me dijo Losada. ¿Cuál es entonces la medida de fuerza de los tasers? “No veo claro cuál es el protocolo y cuál es la fuerza que equipara a un arma de estas”, responde el parlamentario.
El general Palomino creyó dejarlo claro cuando en días pasados publicó una foto en Twitter, donde un habitante de la calle estaba atacando con un cuchillo a un policía. “Entiendo el debate sobre las pistolas eléctricas, pero solo se usarán para causar el menor daño ante inminentes peligros”, señaló en su cuenta. Sin embargo, para muchos hay una pregunta que aún queda en el aire: ¿a qué se le considera un inminente peligro? Tengamos en cuenta que este año, al menos 100 uniformados han resultado heridos tratando de disolver riñas.
En un cuestionario enviado por algunos de los congresistas citantes al comandante de la Policía Metropolitana el general Guatibonza admitió finalmente que estas armas eran perjudiciales, contrario a anteriores declaraciones de esta entidad en las que se negaba el potencial letal de las mismas: “existe riesgo de efectos perjudiciales aplicada sobre personas con problemas cardiacos, arritmias o que usen marcapasos, los cuales podrían sufrir alteraciones serias”, se lee en las respuestas del comandante, publicadas por Semana.com.
De igual forma, la Policía ha insistido en llamarlos “dispositivos” en vez de “armas”, hecho que critica la representante a la Cámara por la Alianza, Verde Ángela María Robledo: “Ellos dicen que son artefactos eléctricos pero son armas, esa es la clasificación que tiene la resolución que expidió hace dos años el general (José Roberto León) Riaño”. En efecto, el director de la Policía de ese entonces, puso los tasers al nivel de grandes conocidos como el gas pimienta o las granadas de aturdimiento.
Aparte de querer, junto con Losada, la explicación de los protocolos de uso, la cuestión de Robledo es aún más interesante. Según la representante, estos tasers se empezaron a adquirir desde 2009. Sin embargo, no fue sino hasta hace dos años que el general José Roberto León Riaño firmó la resolución 02686, la cual reglamentó oficialmente estas armas. ¿Por qué se utilizaron los tasers traídos inicialmente, hace cinco años? “Adicionalmente, vamos a tener la oportunidad de escuchar qué va a decir Guatibonza sobre Bogotá, pues ya escuchamos que el alcalde Gustavo Petro (quien es, en teoría, el superior de la Policía) no está de acuerdo con esas armas”.
Según distintas investigaciones realizadas por Amnistía Internacional en Estados Unidos, estas armas han cobrado la vida de 450 personas aproximadamente entre 2001 y 2012, incluyendo la del graffitero colombiano radicado en Miami Israel Hernández el año pasado. La Policía, no obstante, podría argumentar que esta misma arma pudo haber salvado la vida de Diego Felipe Becerra, el graffitero asesinado por un policía en 2011, si el patrullero que disparó contra él hubiera estado equipado con un taser.
“De todas maneras, en ambos casos se hizo un uso excesivo de la fuerza”, me responde Losada. “Con un arma de fuego tú sabes a qué te atienes si le disparas a una persona, con un taser no sabes a qué te atienes, porque no es un arma que está diseñada para matar pero puede causar la muerte, por lo tanto, su utilización es muy complicada. Ahora, yo no digo que no haya casos en los que no sea correcta el empleo de estas pero sí quiero que me digan qué casos y cuáles armas son el equivalente a esta fuerza”. El panorama se ve complicado para especificar estos casos, sobre todo cuando un policía se encuentra bajo presión y cargado de adrenalina, sabiendo que su vida de una u otra manera está corriendo peligro.
Para Losada esta implementación conlleva una contradicción: “nosotros nos preguntamos si es necesario tener tasers en un país donde ya la violencia es tan grande como en Colombia; esto se vuelve un mecanismo más, generador de violencia y de represión”.
Quizá este miércoles la Policía se comprometa a diseñar un protocolo definido para el uso de estas nuevas armas. El punto importante es que se cumpla y no aparezca una nueva cifra de muertos por electrocución de ahora en adelante.
Posdata: Tras la finalización de los debates, se pueden resaltar las siguientes conclusiones: La Policía declaró que bajo ningún caso se utilizarán estas armas durante manifestaciones (tengamos en cuenta que ya se han utilizado para dispersar movilizaciones con anterioridad, según informó la personería de Medellín) o contra menores de edad: “No hemos usado estos dispositivos para el control de protesta social, no lo hemos hecho y no esperamos hacerlo”. La Policía utilizaría estos tasers en casos de rehenes que requieran reacción extrema, o cuando la vida de una persona, o la del uniformado, esté corriendo riesgo. Los protocolos de uso partirían de estos casos, para los cuales la empresa Taser ha capacitado a 226 personas, y la policía a más de 1400.
