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Los intensos rayos del sol del medio día chocan con la tierra seca, y se mezclan con el olor que emana de un hoyo en el que hay decenas de cadáveres enterrados por años. En el lugar hay policías, periodistas, peritos y defensores de derechos humanos; varios portan cubre bocas que poco ayudan para soportar el hedor.
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En este sitio cubierto de muerte, Araceli Rodríguez Nava se apresura a hacer un cartel de bienvenida. “Sabes te extrañamos en casa. Bienvenido a tu identidad. ¡Sin ti nada era igual!”, dice el letrero adornado con el dibujo de un corazón, además trae una fecha y una hora que pocos de los que están ahí olvidarán: 12:23 horas del 24 de mayo de 2016.
Es una bienvenida a alguien que no se sabe quién es. Y no se sabe porque el estado de putrefacción de su cuerpo impide identificarlo. Se trata del primer cuerpo que fue exhumado ese día en una fosa clandestina operada por el gobierno de Morelos, en la que se han encontrado más de 100 cuerpos.
La ubicación de la fosa en la que las autoridades arrojaban cuerpos de personas cuya muerte estaba siendo investigada, fue posible gracias a María Hernández, una mujer que al buscar a su hijo logró confirmar uno de los rumores que temían los ciudadanos de México: no sólo los narcotraficantes abren fosas ilegales para arrojar cuerpos asesinados, también las autoridades gubernamentales.
‘Tuvimos que hacer un trabajo que le corresponde a las autoridades’.
Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, hijo de María, fue privado de su libertad por varios sujetos armados tres años antes de la exhumación masiva, el 24 de mayo de 2013. Él era comerciante en Cuautla, un municipio del estado de Morelos, ubicado a poco más de una hora de la Ciudad de México.
Desde entonces su familia se enfocó en buscarlo. Sin embargo, una semana después una noticia los sacudió: el cuerpo de Oliver fue encontrado sin vida en Ayala, un municipio vecino, con visibles rasgos de tortura y disparos de arma de fuego.
Su madre, junto con su tía Amelia reconocieron a Oliver por la ropa que portaba, pero las autoridades estatales no les entregaron el cuerpo ya que debían hacer pruebas genéticas porque aparentemente las condiciones del cadáver impedían su reconocimiento pleno, lo cual les impidió sepultarlo conforme a los deseos de la familia.
María Hernández, madre de Oliver. (Imagen por Issac Esquivel/Cuartoscuro).
Un mes después de la desaparición de su hijo, el 24 de junio de ese año, las pruebas científicas confirmaron lo que su madre ya sabía: el cadáver que tenían las autoridades en su poder era el de Oliver. Sin embargo, a pesar de ello, no se los entregaron porque supuestamente faltaban realizar más pruebas.
Finalmente, 18 meses después en noviembre de 2014, María supo que el cadáver de su hijo se encontraba en una fosa, gracias a la información dada por un funcionario de la Fiscalía General del Estado. Debido a la presión que ejerció la familia de Oliver, se ordenó la exhumación de sus restos.
El 6 de diciembre de 2014, en el municipio de Tetelcingo, Morelos, María y Amelia atestiguaban una escena dantesca: cientos de restos humanos eran sacados — con una retroexcavadora —de un agujero hecho sobre la tierra.
Los huesos estaban impregnados de tierra y los peritos del gobierno estatal los iban acomodando en tablas de madera. Era imposible saber cuántas personas habían sido arrojadas ahí, pero las hermanas de Oliver contaron al menos 150 bolsas de plástico con restos humanos.Su cuerpo fue casi el último en salir de la tierra.
Ante la magnitud de los hechos y debido a que las autoridades no presentaron los permisos correspondientes para sepultar cadáveres en la zona, María y Amelia contactaron con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través de Jaime Luis Brito, en ese entonces director de Servicio Social de la universidad.
Las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Jesús Alejandro Vera, se comprometieron a documentar el caso y hacerlo público, así como a dar acompañamiento jurídico a las víctimas.
En una conferencia de prensa realizada el día de ayer, en la que defensores de derechos humanos, autoridades de la UAEM y la madre y tía de Oliver, presentaron un informe del caso, se señaló que en la fosa de Tetelcingo había 117 cadáveres, enterrados ilegalmente por las autoridades estatales, de los cuales 84 presentaban huellas visibles de violencia física.
Algunos presentaban disparos de arma de fuego, otros quemaduras en el cuerpo o heridas realizadas con armas punzo cortantes, unos más con fracturas, amputaciones o traumatismos, a algunos cadáveres les faltaba el cráneo. Incluso se encontraron los cuerpos de tres niñas: una recién nacida, una de siete años y una de entre ocho y diez
Roberto Villanueva, representante del programa de Atención de Víctimas de la UAEM, dijo que la forma en que fueron sepultados los cadáveres era similar a como lo hacen Los Zetas, uno de los cárteles del narcotráfico más sanguinarios, mientras mostraba fotografías para comparar una fosa de la organización criminal con la de Tetelcingo.
‘Esto no termina, apenas vamos empezando’.
Para reconocer los cadáveres, la Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM tomó los perfiles genéticos de éstos para entregarlos a la Procuraduría General de la República (PGR) y compararlos con los datos genéticos de personas que han reportado familiares desaparecidos. La PGR señaló que tendrá los resultados la próxima semana.
“Fuimos nosotros, las víctimas, las que tuvimos que hacer un trabajo que le corresponde a las autoridades”; expresó Amalia en la conferencia de prensa, y reconoció que la UAEM fue la única institución que las ayudó para que el caso se visibilizara y las autoridades comenzaran a hacer algo.
Por su parte, María dijo en referencia a su hijo: “Oliver, valió la pena todo esto porque más familias verán la oportunidad de tener a sus seres queridos con ellos. Valió la pena todo lo que hemos pasado y sufrido. Esto no termina, apenas vamos empezando”.
Trabajos de exhumación en Tetelcingo. (Imagen por Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro)
Por otro lado, Javier Pérez Durón, fiscal del estado, mencionó que la exhumación de los cuerpos realizada este año en Tetelcingo, se hizo con transparencia, y que el asunto estaba resuelto. “Sólo estamos cotejando los resultados entregados hoy a la PGR para identificar a los cadáveres”, señaló,
En ese sentido, Graco Ramírez, gobernador de Morelos dijo, en una conferencia de prensa casi simultanea a las de las víctimas, que se había avanzado significativamente en el caso de la fosa de Tetelcingo y que el estado que gobierna es una entidad segura en la que el secuestro ha disminuido 80 por ciento.
En Twitter, el gobernador señaló que los cadáveres de la fosa ya se encuentran depositados de manera correcta y reglamentada en un panteón de Cuautla. También, reconoció que el trato a Oliver fue indignante ya que se arrojó su cuerpo a una fosa a pesar de ser una persona identificada.
Asimismo, dijo que las autoridades periciales y de justicia involucradas en el caso ya se encuentran con vinculación a un proceso legal por su irresponsabilidad. No obstante, “el trabajo que hizo el fiscal Pérez Durón con peritos de la Comisión Nacional de derechos Humanos y la PGR, nos permite tener todo hoy ya bien”.
Sin embargo, no se refirió a los avances en la investigación respecto a la fosa encontrada en el municipio de Jojutla, en la que las propias autoridades reportaron que hay al menos 30 cuerpos enterrados.
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