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Primero fue el rechazo de la totalidad de los partidos políticos de la oposición y las asociaciones civiles a favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La calle también recogió el malestar de los españoles respecto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, y de la reforma del Código Penal. Una legislación que relega el papel del estamento judicial en los recursos a las sanciones impuestas por un agente a un ciudadano en relación a actos de protesta.
De hecho, hasta la propia ONU considera esta normativa como una amenaza “contra los derechos y libertades fundamentales de los individuos”. El texto legislativo está, además, recurrido ante el Tribunal Constitucional.
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Sin embargo, seguramente, las críticas que han gozado de menos visibilidad y las más dolorosas son las que proceden de algunos colectivos de los cuerpos de seguridad del Estado español, es decir, de parte de los efectivos que deben garantizar su aplicación y para los que ésta constituye una herramienta de vital importancia en el desarrollo de su trabajo.
Sólo dos de los cinco colectivos consultados por VICE News se declaran ampliamente favorables al planteamiento de esta joven legislación. Uno de ellos es la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). Con todo, José Cobo, secretario de comunicación de esta agrupación, reconoce a VICE News que en una ley de estas características “si los agentes ganan en derechos, la ciudadanía pierde”.
La ‘ley mordaza’ dejaría España fuera de la UE si hoy aspirara a ser país miembro. Leer más aquí.
“Yo miro por el cuerpo y los agentes están más protegidos porque muchas sanciones [impuestas por los efectivos de las fuerzas de seguridad] que pasaban por la vía judicial, ahora se resuelven con una multa “, explica el portavoz de AEGC.
Cobo se refiere a uno de los aspectos clave y más polémicos de esta ley y mediante el cual se sustrae a los jueces el control previo en la sanción de conductas.
“Antes, una sanción impuesta por los agentes [por insultar o agredir a un policía, por ejemplo] era recurrible ante un juez. Ahora, en cambio, se debe recurrir ante la delegación del gobierno y si se pierde sólo puede llevarse al juzgado tras el pago previo de la multa, lo que también implica, claro, hacerse cargo de los costes judiciales”, explica a VICE News Antonio Trevín, portavoz de la comisión de interior del partido socialista (PSOE) en el Congreso.
Hay que pensar, añade este diputado, “que los juzgados sólo solían confirmar el 10% de las sanciones [impuestas por los agentes]”.
Como el PSOE, el resto de los partidos de la oposición se han manifestado en contra de esta ley, que entró en vigor el pasado mes de julio gracias al único apoyo del gubernamental Partido Popular que, por entonces, gozaba de mayoría absoluta en la cámara legislativa. Ahora, con la pérdida de más de 60 escaños en los últimos comicios generales parece que esta iniciativa tiene los días contados.
“Esta ley fue aprobada por rodillo parlamentario, con la oposición de todos y sin que nos consultaran nada”, se lamenta Emilio Diz, portavoz de la Unión de Guardias Civiles (UGC), durante su conversación con VICE News.
La normativa, que utiliza fórmulas de sanción poco claras como aquellas que se refieren a la “perturbación grave de la seguridad ciudadana” entorno a las sedes de las cámaras legislativas o los parlamentos autonómicos, nació tras los convulsos y contestatarios años de la crisis que llenaron las calles de manifestaciones y concentraciones contra los recortes y la corrupción.
Además, la controvertida normativa sanciona los actos destinados a evitar desahucios o los escraches, así como el “escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”.
“Nos manifestamos totalmente en contra [de esta ley] porque nos oponemos a cualquier iniciativa que restrinja los derechos fundamentales de los ciudadanos”, asegura Diz. En este sentido, el portavoz asegura que se trata de una normativa para acallar los cánticos y los gritos de protesta. “No creo que se haya hecho pensando tanto en la protección y honorabilidad de los agentes, sino para recortar la libertad de expresión [un insulto a un político también puede ser origen de una sanción] y con fines recaudatorios”.
Así, la ley sanciona con entre 30.000 y 600.000 euros “las manifestaciones no autorizadas o prohibidas ante infraestructuras críticas” y aquellos comportamientos que puedan “perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos” o como se adelantaba en este artículo “frente al Congreso, al Senado y a los parlamentos autonómicos”.
“Hay que aclarar que se entiende por perturbar, ¿quemar contenedores, impedir el paso a un edificio público? No podemos dejar en manos de los agentes esta interpretación porque entonces dependerá de lo retrogrado o progresista que sea éste y [en última instancia] del carácter democrático del delegado o subdelegado que deba decidir”, considera Diz.
En los mismos términos se expresa Javier Estévez, el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el mayoritario con cerca de 30.000 policías nacionales afiliados, para quien la ley es demasiado “difusa” e imprecisa.
Para Estévez, la normativa cuenta con aspectos positivos como la sanción de los escraches que éste agente considera una violación de la intimidad. Sin embargo, asegura, “no da, en muchos casos, mayores garantías al trabajo policial, ya que por sus frases de contenido indeterminado y poco concretas (perturbación grave, injerencia mínima…) no facilita la labor policial ni el entendimiento de esta por los ciudadanos” y, además, “supone un verdadero recorte de derechos de los ciudadanos”.
Estévez asegura que ante las protestas sindicales de policías realizadas recientemente, algunas delegaciones y subdelegaciones del gobierno querían utilizar la ley Mordaza para identificar a los agentes concentrados y sancionarlos “con entre 600 y 30.000 euros”. Algo que, finalmente, no llegó a suceder.
Aunque la ley tenga importantes inconvenientes, concluye, la solución no es la derogación, sino la modificación, “hay que mejorarla”.
La Policía sólo tiene vetado el derecho a la huelga, mientras que la Guardia Civil tampoco goza del derecho a manifestarse por lo que la ‘ley mordaza’ nunca podría ser utilizada contra los intereses gremiales de la Benemérita que obedece a un régimen de naturaleza militar.
En el artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2015 la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana también se sancionan “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”.
De hecho, la primera vez que se aplicó la ‘ley mordaza’ fue por este último supuesto. Eduardo Díaz, un joven de Güímar, una localidad de las Islas Canarias, colgó en Facebook un texto sarcástico en el que se refería a la labor de la Policía Municipal, a la que denominaba “casta de escaqueados” y poco después recibió una propuesta de sanción [pendiente de resolver por la delegación del gobierno en esta comunidad] de entre 100 y 600 euros.
“Nadie demandó esta ley que, aunque nos protege [a los agentes] castiga duramente derechos fundamentales como el de manifestación”, asegura Juan Antonio Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) a VICE News. Queremos protegernos pero sin que esto signifique limitar los derechos de los ciudadanos, resume Fernández.
Otro aspecto polémico y que atañe directamente a las fuerzas de seguridad es la penalización de la difusión no autorizada de imágenes de sus acciones. En este sentido, Jesús Andrés de Dios, portavoz del Sindicato Profesional de la Policía, entiende que casos como los de la mujer de Petrer (Alicante) multada con 800 euros por captar una foto de un coche de la policía aparcado en una zona reservada para personas con discapacidad y publicada en una red social no debería ser motivo de sanción.
Con todo, Andrés de Dios, como Cobo y a diferencia del resto de entrevistados, considera que la mayor parte de los cambios impulsados por la ley, en aspectos como las sanciones por falta de respeto a los agentes, son positivos y contribuyen a la mejora de la seguridad.
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