Un antiguo conflicto entre el grupo indígena mapuche y el gobierno de Chile desató protestas violentas la semana pasada, lo que llevó al presidente Sebastián Piñera a declarar estado de emergencia en algunas partes del país.
Los mapuches, el grupo indígena más grande de Chile, llevan años exigiendo la autodeterminación y la restauración de sus tierras ancestrales, principalmente en el sur del país. Los líderes mapuches argumentan que sus tierras nativas, que ahora son propiedad de hacendados y empresas madereras, les deberían ser devueltas. La disputa ha provocado estallidos de violencia y varias muertes, especialmente durante la última década.
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Piñera decretó “estado de excepción” durante 15 días en las regiones sureñas de Biobio y La Araucania, lo que permite al gobierno desplegar soldados en la región para apoyar a la policía local y mantener la paz. En una rueda de prensa para dar a conocer las medidas, afirmó que los “grupos armados” de la zona se han involucrado en “graves y reiterados hechos de de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo, al crimen organizado”.
No está claro qué tan involucrados están los mapuches en el narcotráfico y el crimen organizado. Si bien ha habido algunos casos aislados, no hay evidencia comprobable de que sea algo generalizado. En enero, los grupos mapuches locales emitieron un comunicado en el que se deslindaban del crimen organizado en la región, y afirmaban que los involucrados eran “agentes externos a las comunidades que estaban intentando introducir en ellas drogas y malas prácticas”.
Piñera dijo también que la violencia no solo ha cobrado las vidas de inocentes, sino también las de policías y funcionarios del gobierno.
“Este estado de emergencia lo hemos decretado para poder permitir a los habitantes de las zonas afectadas vivir con mayor paz, poder ejercer mejor sus libertades, poder ejercer mejor sus derechos y poder vivir sin miedo y sin violencia”, dijo Piñera. El estado de emergencia de 15 días podría extenderse otros 15 días más.
Piñera no hizo mención directa a los mapuches en su discurso, pero cuando se refirió a la destrucción de los bienes públicos y privados y la violencia en la región fue claro que se refería a los activistas de ese grupo indígena, el cual representa alrededor del 12 por ciento de la población de Chile de casi 20 millones.
Los diferentes gobiernos chilenos han restado importancia a los reclamos territoriales de los mapuches y han utilizado palabras como “terrorismo” para describir su insurgencia. Sin embargo, los mapuches han enfrentado siglos de persecución y marginación, y dicen que, para empezar, solo están luchando por lo que ya era suyo. Los colonizadores españoles no pudieron conquistar a los mapuches, y fue solo después de la independencia de Chile en el siglo XIX que las fuerzas estatales finalmente tomaron el control del grupo indígena y su tierra.
“Queremos dejar claro que siempre hemos estado dispuestos a dialogar, para discutir la causa mapuche con las diferentes personas que puedan ser necesarias, pero no vamos a ceder en nuestras demandas territoriales y políticas y los procesos de transformación que vamos a llevar a cabo”, le dijo a EFE Héctor Llaitul, destacado líder mapuche. “Aunque eso implique todo el odio y toda la persecución que recibimos por parte del estado y el sistema”.
Si bien miembros de los mapuches han destruido maquinaria forestal, incendiado plantaciones de pinos e iglesias y ocupado tierras, el grupo también ha sufrido la peor parte de la violencia de las fuerzas de seguridad.
En 2017, ocho mapuches, incluido Llaitul, fueron encarcelados por organizar ataques en la región, pero luego se comprobó que una unidad policial fabricó pruebas en el caso. Al año siguiente, la policía mató al nieto de 24 años de un líder indígena local, lo que provocó protestas en todo el país. Las tensiones volvieron a aumentar en julio, cuando hombres encapuchados supuestamente invadieron las instalaciones de una empresa maderera y terminaron en un enfrentamiento con la policía en el que murió otro hombre mapuche.
La declaración del estado de emergencia de Piñera se produjo pocos días después de que organizaciones mapuches realizaran una marcha de protesta en la capital, Santiago, que terminó en un enfrentamiento violento con la policía. Durante los disturbios, una mujer mapuche murió, al menos 17 personas resultaron heridas y 10 personas más fueron arrestadas, según los medios locales, luego de que los manifestantes se enfrentaran a los cañones de agua de la policía con palos y piedras.
El anuncio del estado de emergencia se produjo cuando Piñera enfrenta un escándalo después de que su nombre surgiera como parte de una investigación global, conocida como Pandora Papers, sobre irregularidades financieras por parte de la élite mundial. El miércoles, los legisladores de la oposición iniciaron un proceso de acusación para destituir a Piñera por su presunta vinculación con la venta de una empresa minera familiar, transacción que quedó al descubierto en la investigación.
