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Desde que Daniel comenzó a trabajar en un diario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, teme escribir una nota que salga del “guión” de quienes ahí mandan, que no son precisamente los directores y editores de su medio.
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En este estado al norte de México, en disputa por los cárteles de Los Zetas y el Golfo, hay un método al que los reporteros tienen pavor y que, según versiones de la zona, fue creado en los cuarteles militares y aprendido por los criminales desde hace al menos una década: el “tableo”.
Ese castigo se aplica, casi siempre, de esta manera: se rapta al periodista, se le lleva a un rancho o a un lugar apartado, se le cuelga a un árbol cabeza abajo —desde los pies— y se le golpea en las nalgas con una tabla, en la que previamente se hicieron hoyos para reducir la resistencia del aire.
Daniel y Juan Cedillo, este último corresponsal de la revista Proceso en el noreste de México, hablan así de esta técnica de tortura.
“Normalmente eran 20 tablazos. Ya, si se ponían sádicos, te daban 50”, explica Cedillo, entrevistado en un café de la ciudad de Monterrey. La víctima puede permanecer así por horas o días… hasta que es liberada: pasan semanas antes de que pueda volver a sentarse o a dormir boca arriba.
“Hace ya casi dos años, el grupo criminal de Los Zetas ‘levantó’ a la mayoría de los periodistas que seguían cubriendo la fuente policiaca en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y los tableó”, recuerda Cedillo. ¿El motivo? “Nada más para recordarles quiénes eran los que mandaban”.
‘Normalmente eran 20 tablazos. Ya, si se ponían sádicos, te daban 50’.
Daniel lo explica así: “los narcos te sacan de tu oficina, te llevan a un lugar lejano, bajan tus pantalones y te golpean repetidamente con una tabla en las nalgas hasta que se te ponen rojas. El mensaje es que aprendas a publicar lo que ellos te dicen”, cuenta el reportero, quien habla con VICE News a condición de no revelar su identidad ni el medio para el que escribe.
El trabajo de Daniel consiste en escribir mientras finge que no ve lo que pasa Nuevo Laredo. Es una especie de reportero sin ojos, sin boca y a veces sin manos. Apagar sus sentidos le ha servido para seguir vivo en los 10 años que lleva ejerciendo su oficio.
“Los narcos hacen un press kit y lo debemos de publicar tal cual. No se trata de que nos dicten la nota; ellos la hacen con fotos y todo, y nosotros sólo le damos difusión. Casi siempre buscan a los medios de más impacto para publicar lo que les conviene”, explica Daniel.
Para hacer llegar y obligar al medio —ya sea radio, web o impreso— a que publique la información que ellos quieren, o en su defecto “prohibir” que se den a conocer ciertos hechos, el narco usa “enlaces”.
En general, los encargados de la nota policiaca “se fueron perfilando como los enlaces, e incluso ellos están en la nómina [de los cárteles]”, dice Daniel.
‘Los narcos hacen un press kit y lo debemos de publicar tal cual’.
El control es tal que no confía en sus propios compañeros de trabajo, pues cualquiera podría ser un “funcionario” del área de Comunicación Social de ‘la maña’, como le llama a los periodistas coludidos con los grupos criminales.
“No puedes confiar en nadie en la redacción. Por lo menos tres veces a la semana algún compañero me dice que no puedo publicar una nota porque la información puede afectar al cártel. No discuto, borro la nota y hago alguna sobre otro tema que no ponga en riesgo mi integridad”, explica Daniel.
“Los Zetas impusieron una moda, porque yo creo que ni el Cártel del Golfo lo había hecho, de querer tener un control sobre los medios, como una estrategia de guerra y de control”, explica por su parte Juan Cedillo.
“El grupo que tiene la plaza empieza a imponer un control y una política de comunicación. Te llega un comunicado del crimen organizado donde dice ‘Oye, queremos que publiques esta información’. Una vez que colgaron nueve cuerpos en un puente en Nuevo Laredo, nos mandaron la foto, y la información del hecho”. Así de claro.
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Tamaulipas es el estado más peligroso del país para ejercer el periodismo, pero no es el único.
En México, durante los peores años de la ‘Guerra contra el narco’, la prensa sólo cubrió el 45 por ciento de la información vinculada a los hechos relacionados con las bandas del crimen organizado; esto quiere decir que los ciudadanos únicamente nos hemos enterado de menos de la mitad de la violencia desatada entre los años 2007 y 2011, en los que el presidente Felipe Calderón estaba en la presidencia.
Una base de datos que fue compartida con VICE News por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) revela que de un total de 36.000 sucesos registrados —entre ejecuciones, agresiones y enfrentamientos relacionados directamente con el narco— sólo 16.364 fueron cubiertos por los medios, según el cotejo que realizaron los investigadores en diferentes sitios de noticias.
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Al hacer un ranking sobre las entidades que menos cubrieron los hechos, Tamaulipas se coloca en el primer lugar: ahí sólo se cubrió el 13 por ciento de los hechos sucedidos en los 5 años referidos.
En otros estados con fuerte presencia del crimen organizado —como Coahuila, Veracruz y el Estado de México—la prensa apenas cubrió la tercera parte de los eventos registrados en la base de datos.
Además se observa que a medida que el tiempo transcurrió, el porcentaje de la cobertura de la prensa, respecto al número de hechos registrados, fue disminuyendo. El año con menor porcentaje de cobertura fue el 2010, en que sólo se reportó en los medios el 37 por ciento de los hechos ocurridos. Aunque dada la cantidad de sucesos, sí hubo más notas respecto a los otros años analizados.
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En casi todo México, en la cobertura que hacen editores y reporteros, tienen peso los cárteles de las drogas.
Hay regiones donde esto se presenta de una manera más avasalladora. Se llaman “zonas de silencio” y son aquellos sitios en los que los medios han decidido dejar de informar con independencia, sobre los hechos que tienen mayor impacto en su vida cotidiana: los de la violencia criminal.
Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19 —una organización que protege a periodistas— habla de estas zonas de silencio: “son lugares completamente controlados por grupos criminales, donde ya no hay una frontera entre el crimen organizado y el gobierno; y en este contexto los medios se han visto obligados a autocensurarse”.
“De los 23 periodistas que tenemos documentados que han desaparecido del 2003 al 2015, el 98 por ciento cubría temas de seguridad y temas de corrupción”. Para Maldonado la única opción para fortalecer el periodismo es combatir la impunidad, y es que “el 99,7 por ciento de las averiguaciones previas por delitos contra periodistas no alcanzan una sentencia. Esa cifra está incluso por encima del promedio de todos los demás delitos, el cual es de 98 por ciento”.
Estamos hablando de que en los ataques contra la prensa, la impunidad es prácticamente total.
El ‘Sistema’ y los ‘enlaces’.
Unos le llaman la “Coordinación”. Otros, “El Sistema”. Unos más, “Los Mandos”. Pero si en Veracruz, la entidad con el mayor número de periodistas asesinados en los últimos años, se desecharan los eufemismos, se hablaría del Área de Comunicación Social de Los Zetas, la cual está conformada por un grupo de “enlaces”.
Pablo es un reportero de la fuente policiaca en la zona centro del estado y, al mismo tiempo, es el encargado de “alinear” a sus colegas periodistas a los intereses del cártel. Durante una conversación con VICE News en Español cuenta el modo en el que operan los encargados de callar a la prensa… desde adentro del gremio.
A él le gusta autodenominarse “enlace” y asegura que su trabajo consiste básicamente en “prohibir” la publicación de ciertos hechos: “en checar que los compañeros mantengan el orden para las publicaciones como accidentes, o los ’14’ [asesinados]. Yo tengo que hablar con ellos y ordenarles ‘¿sabes qué? No se publica’. Y así se le comunica a la ‘flota’ [reporteros] y se tiene que cumplir”.
Pablo comenzó su labor hace unos ocho años. En la cobertura de un accidente automovilístico en la carretera Tinaja-Sayula, un hombre le ordenó que borrara las fotografías que había tomado. Días después, un mando de la policía le confesaría a Pablo que ese hombre misterioso, supuesto policía, era miembro de Los Zetas y que había pedido una cita con él. Al salir del encuentro, el reportero había aceptado un ‘sueldo’ de 4.000 pesos semanales [unos 180 dólares] para trabajar bajo el mando del jefe de plaza, en ese entonces, ‘El Comandante Lobo’.
Su teléfono nunca debe estar apagado. A los compañeros —que están por debajo de él— los envía a cubrir narcomantas o asesinatos de los “contras” de madrugada, y ellos reciben unos 3.000 pesos mensuales [135 dólares] desde la ‘nómina’ del Los Zetas. Cuando hay un choque, un robo o un ejecutado, a Pablo le llueven mensajes y fotografías de reporteros que esperan su aprobación para poderlas difundir. “Esto no va”. “Sí, publícalo, pero quita esto”. En Veracruz, asegura, esa relación es normalizada: pocos se atreven a publicar información policiaca sin preguntar a un “enlace” como él. Y, al menos, hay siete más haciendo ese trabajo en las regiones de la entidad: Tuxpan, Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Orizaba, Córdoba, Xalapa, Huasteca.
Si un periodista de algún medio crítico se “sale del huacal”, se les llama la atención de manera personal. “Un compañero dentro del ‘Sistema’ se encarga de citar a la persona en equis lugar y ya ‘platican’… entre comillas…”
—¿Cómo es eso?
—Se les invita a subir a una unidad, se les da un paseíto y se les recuerda que tienen familia y que piensen bien las cosas…
El pago por “alinearse” a Los Zetas se entrega mensualmente en un hotel o restaurante. Los que se niegan, o trabajan con otros grupos delictivos, conocerán la furia de otros mandos y sus castigos irán desde un “paseo”, un breve secuestro, o unos “tablazos”. La escalofriante práctica se repite en Veracruz.
Lo que lleva a personas como Pablo a ser un “enlace”, dice, es el miedo y la precariedad laboral. “Te dicen ‘éntrale, tú te llevas bien con la ‘flota’ y te presionan. Y así te vas involucrando hasta que… pues, también la pinche necesidad ¿no? Tenemos un sueldo muy bajísimo, como reportero acá pagan 2.500 pesos quincenales [115 dólares cada quince días], ¿te imaginas? Y mira, te voy a decir algo… una vez me di cuenta que mi jefe estaba metido en ‘El Sistema’. Entonces me dije ‘¿yo qué?’… Uno sabe que está mal, pero… si los jefes están involucrados… ¿por qué uno no?”
Noé Zavaleta, de La Crónica de Xalapa, indica que en cada región de Veracruz, la hostilidad y el clima adverso viene de distintas situaciones: “por ejemplo, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Jamapa, Manlio Fabio, hasta Cotaxtla, es el crimen organizado el que tiene sitiado a los colegas. Son quienes marcan la directriz y yo me atrevería a pensar que en muchos casos son hasta los ‘guardabarreras’ de la información. [Ellos dicen] qué se publica, qué no se publica. O cómo una ejecución se va a manejar, o se va a hacer pasar por asalto violento. Porque a ese grado hemos llegado”, se lamenta.
En Veracruz, van 21 periodistas asesinados desde el 2000, según datos de Artículo 19.
Cuando el martirio comenzó en Chihuahua
Este hombre nos transmitió el terror por la mano al estrechárnosla para despedirnos. Su nombre es Sergio Belmonte y en agosto de 2008 —a casi dos años de que Felipe Calderón hubiera declarado ‘la guerra contra el narco’— era el vocero del ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera norte de México.
Su labor era mesurada, hablar con periodistas para fijar posturas institucionales; pero aún así, tenía miedo: “Ojalá cuides mis palabras para que no se sienta que dije algo comprometedor, aunque lo haya dicho”, pidió. “Por mi familia. Tú te vas, nosotros nos quedamos aquí y nos pueden matar a todos”.
Visitamos la región en ese periodo que Belmonte describió como “el peor mes del peor año de la historia de Ciudad Juárez”, por los niveles de violencia. Pero apenas empezaba el martirio de esa urbe y las cosas se pondrían bastante más graves en los siguientes años.
La mañana del 6 de noviembre de 2008, una cabeza humana dentro de una bolsa fue hallada al pie del Monumento a El Papelerito [chico vendedor de diarios] en la céntrica Plaza del Periodista. Pertenecía a un joven cuyo cuerpo había sido colgado de un puente. Fue “como un mensaje hacia los periodistas; sin embargo, no atinamos a ver qué venía”, reflexiona Rocío Gallegos, Directora General del Diario de Juárez.
Recuerda que en ese entonces —cuando ella era jefa de reporteros en ese mismo diario— a un periodista llamado Armando Rodríguez ‘El Choco’ le tocaba cubrir hasta 20 homicidios al día.
No sólo para él era difícil, también para sus compañeros porque “en una guerra tú sabes quiénes se están enfrentando, quiénes están combatiéndose y peleando por algo”, explica hoy Gallegos, sentada en su oficina. “Aquí nosotros sabíamos, a lo mejor, que se estaba peleando por una plaza, por el trayecto de tener el espacio para el paso de droga, pero no sabíamos de dónde, ni quiénes eran. No sabías exactamente dónde estaba el frente de guerra”.
En medio de la lucha entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa, los periodistas sentían desconfianza hacia las autoridades porque “cuando hablas y pides información, los militares te empiezan a ver como sospechoso”, recuerda Gallegos. Y ‘El Choco’ documentó que muchos agentes y mandos pertenecían a las organizaciones criminales, a las que también incomodaba la tarea de los informadores.
Una semana después, por la mañana del día 13, cuando ‘El Choco’ se encontraba al volante de su auto, esperando que se subiera su hija para llevarla a la escuela, un asesino le disparó en la cabeza. La niña fue testigo.
Ese fue el asesinato 39 de un periodista en México en los primeros ocho años de este siglo. En los siguientes ocho años, se cometieron 61 homicidios más. De esta forma, el del 10 de diciembre de 2016, cuando la víctima fue el reportero de radio Adrián Rodríguez Samaniego, también en Ciudad Juárez, ejecutaron el número 100 en este milenio, según datos de Artículo 19. Como ‘El Choco’, Adrián Rodríguez salía de su domicilio cuando fue baleado por un pistolero.
Reportear en la entidad con más asesinatos del país: Guerrero
Guerrero es el estado con más homicidios en el país y ha sido una entidad clave en la llamada ‘Guerra contra el narco’. Sólo en 2016, hubo 2.213 asesinados, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública recientemente publicados. Al tener una geografía que facilita la producción de mariguana y amapola —tiene la mayor producción del país—, y además estar en la ruta de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ha sido un escenario natural para la disputa entre los grandes cárteles.
Entre algunos de los cárteles con mayor poder están el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos, Los Ardillos, Guerreros Unidos y ahora con mayor penetración el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Algunas bandas criminales, incluso, han formado o se han infiltrado en ciertos grupos de autodefensa, surgidos desde la población para defenderse del crimen.
Al haber tantas bandas criminales en la región, con sus respectivas células, es común que se produzcan enfrentamientos violentos, y los reporteros están expuestos a quedar en medio de ellos en cualquier momento.
Bernardo Torres fue uno de los periodistas que quedaron atrapados en medio de una refriega —el 24 de noviembre de 2016—, entre dos grupos armados de autodefensas, identificados bajo el nombre de Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Pasaron horas, antes de que interviniera la Policía Federal, cuenta.
“Con ellos —explica Torres— no se puede dialogar, no se puede entablar comunicación. Nos dimos cuenta ese día, con el enfrentamiento, no había forma de comunicarnos con ellos”. Además “en caso de que hubiese una persona herida, un periodista herido, no había forma de señalar a nadie. El asesinato de un periodista, en un enfrentamiento como el que se dio, quedaría en la impunidad, porque no hay a quien sancionar”, dice.
Lo mismo pasaría en cualquier otro contexto de ataques, y ello coloca al reportero en una situación de completa vulnerabilidad.
Algunas veces sólo se calla, pero otras se cede, en Chiapas
Chiapas, una entidad sureña del país que hace frontera con Guatemala, no vive una situación mejor.
Isaín Mandujano, del portal Chiapas Paralelo, explica que en la frontera sur del país, los periodistas han tenido que aprender a respetar ciertas líneas rojas. “No puedes, de alguna manera, arriesgar el pellejo, cuando sabes que no hay garantía de seguridad, y cuando sabes que hemos pagado caro ya el atrevimiento: tenemos muchos colegas ya exiliados, asesinados, desaparecidos”.
Mandujano explica que “aunque tú sepas que aquí está el capo, que ahí anda el capo, pues no vas a poder escribir sobre este capo porque está ‘amafiado’ con los grupos de poder”. Algunas veces, los medios sólo callan. Otras, se ven obligados a rendir su agenda a las imposiciones que los criminales realizan a través de sus “enlaces”: así ocurre en los lugares donde la mafia tiene ‘Jefe de Prensa’”.
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De norte a sur, los periodistas en México están teniendo que abandonar la profesión o huyendo a otros países. Incluso, en la Universidad de Morelia, Michoacán, el estado donde inició la ‘Guerra contra el narco’, cerró la carrera en el 2012 a petición de los padres de familia quienes argumentaron temor por los jóvenes.
“En Nuevo Laredo, a la corresponsal de Reforma le aventaron un cadáver en la cochera de su casa, a Martha Cáceres, y después le dieron una golpiza”, ejemplifica Erick Muñiz, editor en el periódico ABC de Monterrey. “Estuvo hospitalizada y la chica mejor se retiró y buscó trabajo por otro lado”.
Esto ha provocado que las tareas informativas empiecen a ser asumidas por personas que, sin preparación profesional, ni más opciones laborales, están dispuestas a enfrentar el peligro, los “castigos” y el maltrato cotidiano del crimen.
En un contexto en el que los asesinatos y otras agresiones no son investigados ni sancionados por las autoridades, y en el que los reporteros de los estados ganan salarios muy bajos que pueden ser de unos 6.000 pesos mensuales [unos 272 dólares], la alternativa para algunos ha sido crear organizaciones de apoyo mutuo, que sirven tanto para adquirir entrenamiento profesional, como para tener mejores oportunidades de enfrentar los peligros.
“Si la gente en nuestras ciudades se levanta para ir a trabajar, los periodistas no podemos dejar de hacer nuestro trabajo”, dice Rocío Gallegos quien forma parte de la Red de Periodistas de Juárez. Juan Cedillo y otros reporteros como Melva Frutos y Erick Muñiz, son parte de la Red de Periodistas del Noreste.
Daniel, por su parte, va aguantando el tormento de esta profesión en solitario; y no niega que le gustaría huir de Tamaulipas. Cuando le contamos que según los datos que tiene VICE News, su estado es el que menos cobertura ha dado a lo hechos relacionados con el ‘narco’, expresa: “pues sí, puede que la mitad de la gente nos cuestione por no publicar las cosas completas, pero la otra mitad entiende que lo hacemos por protección. Aquí no hay forma de querer hacerle al valiente”.
***Los testimonios de los periodistas Rocío Gallegos, Melva Frutos, Juan Cedillo, Erick Muñiz, Bernardo Torres, Isaín Mandujano y Noé Zavaleta fueron recabados como parte de un largometraje documental sobre censura y violencia contra periodistas, que realizan los colectivos Ojos de Perro vs la Impunidad y Cuadernos Doble Raya.
***Este texto es parte de un trabajo en colaboración con el Programa de Política de Drogas del CIDE, en el que participaron Alejandro Madrazo, Froylán Enciso y Laura Atuesta por parte del CIDE y Saúl Hernández, Karla Casillas y Laura Woldenberg por parte de VICE News. Ilustraciones por Clementina León.
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