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Su pesadilla empezó en 2010. Fermín, el pseudónimo que utilizaremos para preservar su identidad, venía de una situación compleja: parado de larga duración con mujer e hijos. “No vio salida”, recuerda en una entrevista con VICE News Victoria, nombre falso con el que nos referiremos a su hermana.
Le interceptaron en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, en Perú, con 2 kilos y 300 gramos de cocaína. Ni era adicto ni andaba con malas compañías, asegura Victoria. De familia obrera y orígenes humildes, Fermín pasó a engrosar la cifra de los cerca de 300 españoles presos en este país latinoamericano por intentar llevar droga de vuelta a España.
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En su tierra, Fermín era redero, se dedicaba a trenzar redes para la pesca, pero la crisis le llevó al mundo de la hostelería. Antes de ser encarcelado trabajaba de forma esporádica de cocinero en contratos sucesivos de un mes o cubriendo bajas. Hasta que consiguió un trabajo a más de 300 kilómetros de su casa, o al menos eso es lo que les dijo a sus familiares.
La noticia de su arresto llegó el día que debía regresar en tren para reunirse con su familia. “Nos llamó desde ahí y nos dijo ‘estoy preso en Perú. Por favor, sacadme de aquí’”, rememora Victoria.
El perfil de Fermín, un hombre de entre 25 y 45 años en una situación económica desesperada, es representativo de la población española encarcelada en el extranjero. Su familia no saben quién le contactó, pero su hermana conoce casos en los que las organizaciones de narcotráfico han reclutado en la cola del paro o de entrega de alimentos para los necesitados que lleva a cabo la organización parroquial Cáritas.
De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores español, Perú encabeza el ranking de países en lo relativo al número de ciudadanos del reino que cumplen condena en sus penitenciarias. Son 281 y la mayoría fueron apresados por haber ejercido de correo para llevar droga a España: son las llamadas mulas encarceladas en la nación suramericana, la primera productora de hoja de coca del mundo.
“Hay 1.711 españoles ahí tirados. La palabra es tirados, porque en Perú es donde peor funciona el consulado español, el que menos se preocupa”, lamenta Victoria. La hermana de Fermín afirma que esta falta de implicación se da tanto durante la reclusión y como cuando salen de la cárcel. Conoce casos de personas que no pueden volver porque no tienen recursos y el consulado no se hace cargo de ellas.
“La legislación peruana es enrevesada y los penados contraen una deuda económica con el estado, algo que alarga el proceso para facilitar el traslado de los presos a España, una de las máximas prioridades de los penados y de sus familiares”, asegura a VICE News el presidente de la Fundación + 34 Javier Casado, que asesora y ayuda a los presos y a sus familiares.
Lo cierto es que en el tratado firmado entre España y Perú en 1986 a este respecto, se especifica que “el traslado del reo puede ser rechazado si este no ha cumplido o garantizado el pago, a satisfacción del estado trasladante, de las multas, gastos de la justicia, reparación civil o condenas pecuniarias”.
Sin dinero, los afectados no pueden abandonar el país y algunos se ven obligados a mendigar para saldar la deuda. La exoneración de las multas es un proceso largo en el que el condenado debe demostrar que no tiene recursos para asumir la deuda.
La hermana de Fermín mantiene un canal de comunicación con el funcionario que suele atender estos casos en el consulado. Los presos tienen, teóricamente, una visita mensual en la que los servicios consulares les dan una asignación al preso para cubrir los gastos derivados de la alimentación y la atención sanitaria necesaria. Sin embargo, los incumplimientos y la falta acompañamiento por parte de las autoridades españolas, son alarmantes, de acuerdo con Victoria.
“Te puedo contar, por ejemplo, que por mediación de otros presos, me he enterado de que a mi hermano lo han quitado del hospital echando sangre por la boca, el consulado ni siquiera lo sabía, ni se personaron en el hospital”, explica ella.
Los españoles en los penales peruanos son vistos como “billetes”, sostiene Victoria. “Entra un español en una cárcel de allí y todo el mundo se frota las manos. Pagas por todo, hasta por tener un sitio en el suelo donde dormir”, añade.
La higiene, las llamadas, la comida. En el primer centro penitenciario en el que estuvo, en Sarita Colonia, impera un sistema llamado “disciplina”. Un preso tiene autoridad sobre el español, y eso le da derecho a cobrar comisiones por el dinero que le exigen a su familia a cambio de su bienestar y seguridad. Y eso pasa porque los técnicos dejan que ocurra, asegura la hermana de Fermín.
En el penal en el que hoy sigue recluido el protagonista de esta infausta historia cobra casi todo el mundo: presos y funcionarios.
Las prisiones peruanas son referidas como infiernos. El número de reos prácticamente triplica su capacidad y la droga entra con facilidad. Fermín ha sido víctima de la accesibilidad a las substancias estupefacientes, y hoy a su hermana le consta que sufre una adicción a las drogas. Pero esa no es la mayor de las amenazas a las que debe enfrentarse.
La supervivencia [en relación a la comida, a la atención médica] tiene un precio que se suma al de las extorsiones y las amenazas a las que estarían expuestos presos como Fermín en los penales peruanos. En suma, Victoria paga a las portadoras [mujeres de presos latinoamericanos que están con su hermano en la cárcel] entre 400 y 800 euros al mes.
“Me ha mandado fotografías de mi hermano con papeles en la boca pidiéndome dinero, me han mandado auténticas barbaridades y salvajadas a las cuales accedes, porque no sabes lo que puede pasar”, denuncia Victoria.
Un drama que, en muchos casos, es solo el primer capítulo del infierno al que deben enfrentarse personas como Fermín tras su experiencia en las cárceles. Victoria asegura que conoce casos de personas que llegan completamente cambiadas, que una vez de vuelta tienen graves problemas de ansiedad debido a la experiencia vivido o de convivencia a causa de su adicción.
A Fermín le quedan días para volver a España. Hace cerca de un mes que su expediente de expulsión fue definitivamente aprobado por las autoridades peruanas y la decisión le fue notificada. Un proceso que Victoria inició paralelamente con la petición de traslado de su hermano para que acabara de cumplir su condena en España. En este último caso, la inacción del gobierno del país andino y la falta de presión del consulado dilataron el proceso, que nunca finalizó, durante años.
“Se habían hecho todas las gestiones, habían dado su conformidad el Ministerio de Exteriores de España, los jueces de Perú, mi hermano, pero el consulado no hizo ninguna presión para que la Presidencia de Perú estampara su firma. Esperamos durante tres años, él se desanimó y por eso empezó a consumir drogas”, recuerda la entrevistada.
Ahora, ante la inminencia de su regreso, Victoria teme que no vuelva a ser el mismo.
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