Este año, el centro de las protestas en Turquía ha pasado de los pequeños y peligrosos parques urbanos al tema más actual de la libertad en internet.
El detonante ha sido la aprobación de una nueva ley que permite al gobierno turco ejercer más control sobre la red y bloquear sitios web sin necesidad de disponer de una sentencia judicial. Teniendo en cuenta que los principales medios de comunicación del país ya están sujetos a un estricto control por parte del Gobierno, no resulta extraño que las noticias sobre esta nueva restricción sobre la principal fuente de información objetiva de Turquía no haya sentado muy bien.
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El sábado pasado, activistas en favor de la libertad en internet llevaron su protesta a la plaza Taksim, epicentro de las manifestaciones del parque Gezi del año pasado. Al igual que sucedió en las protestas de 2013, la policía estatal ocupó las calles, arremetiendo contra las barricadas con cañones de agua y persiguiendo a los protestantes por la Avenida Istikal armados con pistolas de paintball. Los manifestantes lograron reagruparse y continuaron montando barricadas en las calles secundarias, antes de recibir un nuevo ataque de los policías antidisturbios con cañones de agua y gas lacrimógeno. Los enfrentamientos se prolongaron hasta altas horas de la noche, entre los gritos de “Hands off my internet!” (No me toques internet).
“Si no vengo aquí a protestar, vamos a perder nuestra libertad”, asegura Ceren, estudiante universitario de 24 años. “Con los principales medios de comunicación turcos bajo control [del Gobierno], solo nos queda internet. Si perdiéramos eso, nadie en el mundo se enteraría siquiera de nuestras protestas.”
Policías persiguiendo a los manifestantes con pistolas de paintball
Además de permitir al Gobierno bloquear cualquier sitio web que consideren, la nueva ley obliga a todos los proveedores de servicio de internet del país a conservar los datos de los usuarios durante un máximo de dos años, periodo en el que las autoridades pueden echar mano de esta información sin orden judicial previa. Esto podría traducirse en un internet inaccesible y alejado de la realidad, tal como sucede en países como Arabia Saudí o Corea del Norte, en los que sus Gobiernos autoritarios limitan enormemente la libertad de expresión.
La razón principal de esta nueva ley la encontramos en la paranoia del Gobierno de que un grupo llamado HARAMZADELER filtre en internet unas grabaciones delicadas, en las que se oye a altos mandos hablar e incluso bromear sobre la corrupción. Estas grabaciones ya sacaron a la luz varios escándalos en el Parlamento turco que provocaron protestas masivas en diciembre del año pasado y la dimisión de nueve de sus miembros, entre ellos cuatro ministros de gabinete, del Partido de la Justicia y el Desarrollo.
Esta ley parece, a las claras, un intento de Erdoğan y su partido de silenciar las críticas y por continuar haciendo lo que les dé la gana sin consecuencias. La buena noticia para la gente de Turquía es que la ley está pendiente de aprobación por parte de su Presidente, Abdullah Gül, y grupos internacionales de defensa de los derechos humanos y de la oposición le están instando a vetarla. Solo queda esperar que escuche.
