Hace treinta años, con la llegada a Colombia del papa Juan Pablo II, ocurrió lo improbable. En el marco de su visita y con la adopción de la Ley 48 de 1987, se le concedió una rebaja de una sexta parte de la pena privativa de la libertad a quienes habían cometido delitos antes del 1 de julio de 1986. Todo en virtud de la celebración del llamado “año del Jubileo”.
Como recuerda Yesid Reyes, el jubileo es “una antigua tradición católica que permite otorgar durante un año indulgencias a los fieles que cumplan algunas condiciones establecidas por el Vaticano”. En un principio, sus beneficios eran el perdón de las deudas, la liberación de los esclavos o la restitución de tierras a quienes las habían perdido. Con el transcurso de los años, sus favores se limitaron a rebajas de penas o indulgencias restringidas.
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El recuerdo de los efectos de esa misericordia papal (y, sobre todo, el de los beneficios que recibieron durante la venida de Juan Pablo II a estas tierras) ha permanecido muy vivo en la memoria de los privados de la libertad. En marzo del 2015, el papa Francisco declaró el año de Jubileo de la Misericordia en celebración del quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Ese año misericordioso y sus celebraciones se cumplieron en octubre del año pasado y dejaron, solo en Roma, un saldo de 4.000 condenados beneficiados en más de 12 países.
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La inminente visita del máximo jerarca de la Iglesia Católica detonó el rumor de que, como hace treinta años y como ese año de Jubileo decretado por el papa, este sería un año de indulgencias penitenciarias en Colombia. Ese rumor sembró en la cabeza de los presos de todo el país la idea de que, con la llegada de Francisco, serían favorecidos con una rebaja de penas y, en el más esperado de los casos, serían liberados. La expectativa fue alimentada con la radicación de cuatro proyectos de “Ley de jubileo”: uno del Gobierno, uno del Centro Democrático, uno del Partido Conservador y uno del Partido de la U.
Los tres primeros proyectos coinciden en que, de aprobarse el jubileo, se concedería un descuento de una quinta parte de la pena a los condenados (por ejemplo, si la persona está condenada a diez años de prisión, se le perdonarían dos). Solo el proyecto de Roy Barreras y Armando Benedetti, de la U, planteó un descuento diferente: no de una quinta, sino de una sexta parte de la pena.
Aunque los proyectos se diferencian en qué crímenes no serían “jubileables”, todos coinciden en que los delitos de lesa humanidad —como el genocidio y la tortura, o delitos contra menores de edad— no podrían participar de esta misericordia. Según el proyecto del Gobierno, se excluirían también el feminicidio, los delitos con ácido o aquellos contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. También el lavado de activos, el terrorismo o actos de corrupción de más de 50 salarios mínimos, entre otros.
Desde que se anunció la venida de Francisco, detonó el rumor de que este sería un año de indulgencias penitenciarias
El del Centro Democrático tiene como requisito adicional que se haya pagado la mitad de la pena para que se le conceda el perdón y excluye a los condenados por delitos contra la administración pública (peculado y demás actos de corrupción), feminicidio y, claro, narcotráfico. El del senador conservador Juan Manuel Corzo excluye, además, todo delito que sea consecuencia del conflicto interno armado y/o que se realicen en ejecución del mismo.
En el papel, la motivación principal de los proyectos del Centro Democrático y del partido Conservador era la de mermar las crisis de hacinamiento en las cárceles y los problemas de salubridad, socialización y de derechos humanos que ello ha conllevado. Considerando las precarias condiciones por las que atraviesan algunos privados de la libertad en la cárceles del país, las medidas suenas apenas razonables. Según proyecciones, la adopción de alguno de estos proyectos implicaría la libertad de cerca de 40.000 personas, a quienes se les reduciría parte de su pena concediéndoles la excarcelación.
Como son proyectos de leyes ordinarias, deben pasar por cuatro debates en el Congreso. Y no solo eso, sino que deben hacerlo con una mayoría de más de la mitad de los asistentes siempre que estén la mitad más uno presentes. Deben también tener al visto bueno del Presidente para sobrevivir el proceso legislativo y someterse al estudio de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Y los precedentes de ese estudio no son favorables: al estudiar un proyecto de ley de jubileo hace casi veinte años (el No. 36 de 1999), que concedía una rebaja de penas similar a la que ahora se plantea, la Corte no lo encontró acorde a la Constitución, porque podía ser discriminatorio y no tenía sustento suficiente.
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A la fecha, ninguno de los cuatro proyectos ha pasado los cuatro debates. El del Gobierno fue votado negativo (8 contra 5) y los otros tres fueron rechazados por unanimidad. Néstor Humberto Martínez, el Fiscal General, ha sido uno de los más enfáticos opositores de la medida: “Colombia necesita una política criminal coherente, construida por consenso, sin populismo punitivo”. El Consejo Superior de Política Criminal, asesor del gobierno, también radicó su concepto desfavorable sobre los cuatro proyectos. Aunque estos conceptos no son obligatorios sí son, en definitiva, muy influyentes (solo hay que ver la lista de miembros de ese Consejo para entender su grosor: el Ministro de Justicia, el Presidente de la Sala Penal de La Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, el Procurador y el Defensor del Pueblo).
A pesar del concepto desfavorable, luego el Ministerio de Justicia señaló que “la iniciativa es coherente y racional con la política criminal que ha dictado la Corte Constitucional”. Dijo, además, que Colombia tenía una deuda con las soluciones de fondo para mermar las crisis de hacinamiento en las cárceles. Voceros del Ministerio incluso afirmaron a El Tiempo que en la discusión del Consejo, “se recibieron mensajes de la Rama Judicial señalando que esta oportunidad tendría que ser aprovechada para sacar de las cárceles un mayor número de internos a lo proyectado inicialmente”.
Además, desde agosto han estado circulando comunicados a la opinión pública del Movimiento Nacional Carcelario. En él, activistas y presos llamaban a una “desobediencia pacífica a nivel nacional” desde el 28 de agosto hasta ayer 3 de septiembre. El objetivo, además de dar a conocer la “crisis social y humanitaria carcelaria que se vive en el país” era, según se lee en el comunicado, “solicitar al papa Francisco que sea un interlocutor intermediario ante el gobierno colombiano para solicitar una rebaja de pena del 20%”.
Pero no será así. Queda claro que, a pesar de la expectativa de los privados de la libertad de todo el país, no habrá beneficios ni excarcelaciones con la visita del papa Francisco. Se hundieron todos los proyectos de ley de jubileo que, en la nostalgia del poder religioso en el pasado, pretendían reducir sus penas por gracia divina. Incluso si algún proyecto llegara a pasar el trámite legislativo, que ya es casi imposible, el control constitucional tendría aún menos probabilidades de darle el visto bueno.
Lo que sí no queda claro es si Colombia es un estado verdaderamente laico o no. Los proyectos legislativos son independientes de la religión —o, en teoría, deberían serlo—. Pero que la posibilidad de leyes de perdón y misericordia se tramiten por la presencia del sumo pontífice de la Iglesia Católica en suelo colombiano nos hace pensar lo contrario: que la Iglesia y el Estado acá no se han divorciado del todo.
Como bien se lee en los proyectos y en las mismas exigencias de los presos, hay muchas razones fuertes, urgentes —y laicas— para plantear iniciativas así: el hacinamiento excesivo, la vulneración de derechos fundamentales de los privados de la libertad, etc. No obstante, en este caso no fueron las necesidades sanitarias y humanitarias, sino las religiosas, las que motivaron la radicación de esos proyectos legislativos. Habría que apuntarle, sin duda, a hacer efectivos los casi inexistentes derechos fundamentales de los privados de la libertad. Pero por objetiva justificación, no por la visita del representante de la Iglesia Católica.
Hasta entonces, Colombia seguirá siendo el país del Sagrado Corazón. Y las leyes, como casi ocurre en este caso, seguirán siendo dictadas por obra y gracia del Señor, y no por una necesidad social y humana de garantizarle a todos sus derechos fundamentales, así estén privados de la libertad y no crean en Dios.
