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El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, afirmó que policías y soldados ejecutaron ilegalmente a miembros de pandillas y luego fingieron que habían muerto en tiroteos que nunca ocurrieron.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) llegó a esta conclusión tras 9 meses de investigación por dos incidentes sucedidos el año pasado.
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Se trata del caso de San Blas, ocurrido en marzo de 2015 y donde ocho miembros de una pandilla — dos de ellos menores de edad — fueron ejecutados por miembros de la policía nacional en un rancho a unos 30 kilómetros al sur de la capital, San Salvador; y el sucedido el último agosto en el cantón Pajales, de Panchimalco, donde las Fuerzas Armadas acribillaron a 3 adultos y dos menores.
El procurador explicó que la investigación se basó en las autopsias, entrevistas a sobrevivientes, y visitas a los lugares donde ocurrieron los presuntos enfrentamientos. Morales también expresó que las Fuerzas Armadas se negaron a colaborar con su investigación y que la policía apenas aportó información.
“El Estado no puede ser peor o igual que el criminal”, expresó Morales en una conferencia de prensa en la que presentó los resultados de su investigación el lunes.
El fiscal advirtió que este tipo de prácticas comportan como riesgo un recrudecimiento de la violencia extrema que ya golpea fuertemente al país, donde las bandas controlan mediante la violencia grandes zonas de las ciudades más importantes.
“Si el Estado comienza otra vez, como hacía en la década de los ochenta, a ejercer la violencia ilegal, y esta es tolerada, lo único que tendremos es un escalamiento de la violencia, una respuesta más atroz de las pandillas”, afirmó, haciendo referencia al terror infundido por los escuadrones de la muerte del gobierno— paramilitares de extrema derecha — que operaron durante la guerra civil concluida tras los acuerdos de paz firmados en 1992. Esto solo puede provocar “una respuesta más atroz de las pandillas”.
La interminable guerra contra las maras en El Salvador. Leer más aquí.
Esta investigación de derechos humanos llega en medio de una intensificación de la línea dura del gobierno contra las maras.
El año pasado El Salvador fue el país sin guerra más violento del mundo, con una tasa de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año, la policía nacional han informado que 2.230 personas han sido asesinadas hasta el 20 de abril. Esto significa un aumento del 158 por ciento respecto al mismo período en 2015.
“Necesitamos que los policías tengan conciencia que pueden usar su arma reglamentaria para defenderse o defender a terceras personas”, dijo el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde el año pasado. “Hay una institución que los respalda, hay un gobierno que los respalda. Háganlo [disparen] con toda confianza y con convicción”.
De acuerdo con cifras de la policía, se han producido 130 tiroteos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas en lo que va de año y 159 miembros de la bandas fueron asesinados. Según esas mismas cifras, tres policías y dos soldados han muerto en los enfrentamientos.
La semana pasada, el Congreso salvadoreño declaró “organizaciones terroristas” a las pandillas. La Asamblea Legislativa endureció las penas para algunos delitos como pertenecer a una pandilla — castigado ahora con entre 8 y 12 años de cárcel — y tipificó nuevos delitos tales como “limitación ilegal a la libertad de circulación”, “resistencia agresiva” al arresto, e incitación a menores para ingresar a las pandillas, entre otros.
Estas reformas se produjeron después que las maras amenazaran con matar a más fuerzas de seguridad como represalia a que el gobierno se negara a apoyar una tregua entre las dos pandillas principales, Mara Salvatrucha y Barrio 18. Según el exfiscal general Luis Martínez, 50 policías han muerto en ataques de pandillas en 2016.
Las pandillas salvadoreñas propusieron la tregua y el gobierno les ha declarado la guerra. Leer más aquí.
En un vídeo publicado en YouTube el mes pasado, presuntos líderes de Mara Salvatrucha y Barrio 18 expresaron que habían llegado a una tregua de tres días a fin de “mostrar al gobierno nuestra voluntad de detener la matanza y que el endurecimiento de la ley antiterrorista no es necesario”.
Desde entonces el gobierno ha creado un comando de élite conformado por militares y policías para “golpear” y “desarticular” a las estructuras armadas que se resguardan en las zonas rurales del país.
Los críticos alegan que estas medidas y el endurecimiento de las leyes simplemente empeoran las cosas.
“Es una gran pena que El Salvador apruebe este tipo de leyes que penalizan soluciones civilizadas que a lo largo de la historia han sido utilizadas para resolver problemas sociales”, dice el activista de derechos humanos Raúl Mijango. “Ellos sólo saben reprimir”.
Mijango, que fue mediador en la tregua entre las bandas de 2012 cree también que la investigación de la PDDH confirma que existen “grupos de exterminio que están siendo tolerados por el Estado”.
Lejos de refutar las conclusiones del informe, el ministro de Defensa, David Munguía Payés aseguró que todas las investigaciones están siendo tratadas legalmente y no descartó que existan violaciones de derechos humanos.
“Nosotros no lo negamos, nosotros lo estamos investigando”, afirmó.
Mira el documental de VICE News ‘Guerra contra las maras en El Salvador (parte 1)’:
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