El soborno es el verdadero rey de la corrupción en Colombia

Colombia recibe el Día Nacional Contra la Corrupción, que se celebra este viernes 18 de agosto, con dos escándalos dignos de enmarcar: tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, nuestro máximo tribunal de la justicia ordinaria, están siendo investigados por presuntos actos de corrupción. Y el exprocurador Alejandro Ordóñez está llamando a reaccionar contra la corrupción, a pesar de que su reelección fue anulada precisamente por actos de intercambio de favores con magistrados de la Corte Suprema: el famoso “yo te elijo, tú me eliges” o “yo le doy puesto a tus familiares, tú me reeliges”.

Por hechos como estos, no es raro que en el 2016 hayamos escalado siete puestos en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional que estudia a 176 países: saltamos en un solo envión de la casilla 83 a la 90 (el primero de la lista es el menos corrupto). Y recibimos una calificación de 37 en el Índice de Percepción de Corrupción que se mide en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio). Estos dos datos son de las pocas pistas que tenemos en Colombia para analizar qué tan corruptos somos. La información interna es casi inexistente y a eso se suma que no logramos ponernos de acuerdo al momento de definir qué es la corrupción.

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Dos investigadoras de Dejusticia trabajaron nueve meses en la elaboración de una guía sobre la corrupción en Colombia. Luego de estudiar varios autores más reconocidos en el tema, construyeron este concepto: la corrupción es el abuso o la desviación de un poder que a uno le delegaron, con el fin de obtener un beneficio o una ganancia personal o para un tercero. Hay discusión sobre si ese poder debe ser necesariamente público o si es suficiente estar en cualquier posición de autoridad o de poder de decisión.

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En esa investigación partieron de la base de que el soborno (cuando un ciudadano le da un beneficio a un funcionario público para que lo ayude en un trámite) y la extorsión (cuando el funcionario público le exige al ciudadano una coima para brindarle esa ayuda), son las formas de corrupción más populares en el mundo. ¿Y en Colombia? Para responder a esa pregunta enviaron derechos de petición a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. La idea era identificar cuáles eran los delitos y las faltas disciplinarias más sancionadas por esas instituciones, y así hacernos una idea –aunque no exacta– de las formas de corrupción predominantes.

Lo que encontraron no se aleja de las impresiones que existen internacionalmente. Entre el 2009 y el 2016 el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía registró 3.966 casos con al menos una condena por alguno de los delitos relacionados con la corrupción. A partir de esa información se concluyó que en Colombia el soborno es también el rey. Y los duques que acompañan a ese gran monarca de la corrupción son: la apropiación de bienes públicos y bienes de uso privado, y la extorsión.

El Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad de la Procuraduría, acumuló 6.163 sanciones disciplinarias. Con estos datos las investigadoras, de forma aleatoria, estudiaron a profundidad las sanciones impuestas a los funcionarios de dos cargos públicos: los alcaldes (municipales y locales) y los gerentes de empresas públicas.

Colombia tiene en promedio 1.100 alcaldes. En los siete años estudiados, se registraron 1.663 sanciones disciplinarias en este grupo y sólo 359 estaban relacionadas con corrupción. La mayoría de esos sancionados (75%) terminaron en líos por apropiación de bienes públicos y bienes de uso privado, y por nepotismo (por entregar empleos o permisos a familiares o amigos sin tener en cuenta los méritos). A los gerentes de las empresas públicas se les impusieron 295 sanciones disciplinarias en ese tiempo, y apenas 73 tenían que ver con corrupción.

Otra vez: estas cifras son insuficientes para dimensionar el tamaño de la corrupción en Colombia.

En este análisis sólo se están midiendo las sanciones. ¿Cuántos casos se quedarán sin castigo? ¿Y cuántos ni siquiera llegan a esas instituciones? Una de las recomendaciones de este estudio, solicitado y financiado por Fedesarrollo, es investigar por qué conductas como el fraude, el tráfico de influencias, los conflictos de interés y el lavado de activos, no suelen ser tan sancionadas por la Fiscalía y la Procuraduría. Incluso se sugiere analizar la manera en que esas instituciones están investigando y sancionando la corrupción, y las maneras en que se coordinan las instituciones.

Aunque el panorama es complicado, hay cosas por hacer: a nivel cultural, proponer fórmulas transformadoras de la cultura del incumplimiento de las normas como las iniciativas de Antanas Mockus en Bogotá y del Movimiento Cívico Caleño en esa ciudad del Valle. El estudio también recomienda analizar las normas que existen para luchar contra la corrupción, e identificar cuales no sólo son ineficaces sino que funcionan de forma contraproducente. Y claro, volver a preguntar por qué en Colombia las instituciones encargadas de sancionar a los corruptos aparentemente no lo están haciendo integralmente.