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Los académicos de Turquía vuelven a sufrir las consecuencias del fuego cruzado desatado en el país tras el fallido golpe de estado y en el contexto de la campaña del gobierno para saldar cuentas con todo aquello que interpretan como una amenaza a su autoridad.
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La Junta Superior de Educación de Turquía puso un veto a los investigadores, prohibiéndoles temporalmente dejar el país, de acuerdo con las declaraciones realizadas por un funcionario en la estación de radio TRT.
“Las universidades siempre han sido cruciales para las juntas militares en Turquía, y se piensa que ciertos individuos están en contacto con células militares”, dijo el oficial, explicando que el propósito de la prohibición es evitar que cualquier profesor involucrado en los eventos del viernes pasado deje el país.
Ésta es una de las acciones más recientes en contra de los académicos de Turquía. El mismo miércoles, la Universidad de Estambul expulsó a 95 profesores, y un día antes, la Junta Superior demandó a más de 1.500 decanos en todo el país que renunciaran a sus cargos universitarios. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha retirado las licencias a más de 21.000 profesores de escuelas privadas.
Después del golpe de estado fallido del 15 de julio, que dejó al menos 230 personas muertas, el presidente Recep Tayyip Erdogan y su gobierno han trabajado con celeridad para ‘limpiar la casa’ en distintos ámbitos instituciones estatales. A lo largo de los últimos días, miles de jueces, miembros del ejército, funcionarios públicos y oficiales de policía han sido detenidos, suspendidos o despedidos de su cargo.
Hay cerca de 360 generales en Turquía, y hasta ahora 99 han sido acusados de estar involucrados en el intento de derrocar al gobierno. Erdogan ha asegurado que el golpe de estado fue “un regalo de Dios”, ya que le está permitiendo al gobierno “limpiar el ejército”.
Reuters contribuyó con este reporte.
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