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Hace una semana, los residentes de los barrios más pobres de Caracas, capital venezolana, despertaron rodeados de soldados.
Vestidos con cascos negros, uniformes militares y chalecos antibalas, una flota de soldados montados en 400 motocicletas llegaron a las calles, apoyados por camiones y dos helicópteros. Se ubicaron en lugares clave, posicionándose sobre los techos para vigilar las calles de los barrios, mientras algunos oficiales recorrían callejones y viviendas en busca de armamento pesado.
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El despliegue militar tuvo lugar en medio de una crisis desencadenada por la baja en el precio del petróleo, acompañada de un estancamiento económico e hiperinflación. Los apagones son constantes, en muchas áreas el agua es severamente racionada y los empleados del sector público trabajan solamente dos días a la semana en un intento de ahorrar energía.
‘Hay un claro motivo para el lanzamiento de la OPL. El referéndum para quitar a Maduro está a la vuelta de la esquina’.
Los pacientes mueren en los hospitales debido a la falta de recursos para los cuidados más básicos, mientras que muchas familias no tienen más opción que comprar medicamentos de contrabando a altos precios. Esperar en largas filas se ha vuelto necesario para poder comprar los productos más básicos, incluyendo papel sanitario, condones y varios alimentos, entre ellos el arroz.
A su vez, el presidente Nicolás Maduro enfrenta el ataque de sus opositores quienes motivados por su victoria electoral en diciembre — la cual les dio el control del Congreso por primera vez en 17 años — han puesto en marcha su facultad de llamar a una revocación de mandato.
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La situación ha sido tan tensa que la presencia de la fuerza militar encendió los rumores de un golpe de Estado. En realidad se trataba de algo completamente opuesto: la ejecución de una nueva fase en la lucha contra el crimen que muchos vieron como un esfuerzo por parte de Maduro de mostrar a la inestable población que él sigue y seguirá estando a cargo.
La Operación de Liberación y Protección del Pueblo [OLP] fue lanzada por primera vez en julio de 2015. Ésta es la vigésima tercera iniciativa anticrimen del país desde que el presidente Hugo Chávez asumió el cargo y comenzó la Revolución Bolivariana en 1999, y la tercera desde que Maduro tomó el cargo después de la muerte de Chávez en 2013.
Sin embargo, algunos afirman que las operaciones anticrimen en Venezuela no son la prioridad ante las carencias que vive el país, pero sí hay que reconocer la existencia de bandas criminales que actúan a sus anchas, y el temible índice de homicidios que ha llevado a Caracas a ser nombrada la ciudad más violenta del mundo en 2015 con una tasa de 120 asesinatos por cada 100.000 ciudadanos.
“Es una medida preventiva contra la extensa insatisfacción en Venezuela”, dijo el abogado penal y reconocido criminólogo Luiz Izquiel. “La gente quiere ver un cambio político con el referéndum, porque están hambrientos y carecen de lo más básico”.
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La nueva etapa de la OLP fue anunciada con gran entusiasmo en la televisión estatal. Los reportes detallaron el número de soldados, autos, ambulancias, tanques y helicópteros destinados a la operación, así como los pormenores exactos del equipo que contenían.
Cuando la OPL fue lanzada por primera vez, prometía desmantelar las bandas criminales que operaban en los barrios más pobres. Esta operación consistía en recorridos militares en los que se detenía a todo aquel que se presumiera involucrado y, dicen algunos, a otros tantos que no.
Izquiel, el penalista, informó que la segunda etapa de la OPL parece estar más enfocada hacia el control político, con la milicia ahora preparada para ocupar algunas áreas por periodos más largos.
“Podemos ver que el mensaje aquí es la intimidación”, afirmó. “Se van a quedar durante algún tiempo para evitar muestras de insatisfacción”.
Incluso si la idea es controlar el crimen, expertos argumentan que la OPL debería ser desaparecida por dos razones: no ha ayudado a reducir la tasa de homicidios, que se ha incrementado en un 7 por ciento en los primeros meses del año comparada con el mismo periodo en 2015; y el haber fomentado abusos.
“Sólo ha servido para violar los derechos humanos y criminalizar la pobreza”, dijo Izquiel. “Cuando la OPL señala un área pobre, destruye lo que sea que se atraviese en su camino, derrumbando hogares”.
‘Yo soy chavista, pero no estoy con Maduro. Nuestro querido presidente Chávez jamás hubiera permitido estas atrocidades’.
Un reporte publicado el mes pasado por un grupo local defensor de los derechos humanos llamado Provea, asociado con Human Rights Watch, establecida en EEUU, detalló cómo se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, evacuaciones forzadas y la destrucciones de varios hogares.
Irene González cuenta la historia de cómo perdió su casa durante la OPL el año pasado y formó el Comité de Víctimas de la Ensenada, una de las áreas pobres en el estado de Miranda.
“Desperté temprano para ir a trabajar, cerca de las 4 de la mañana. Estaba lloviendo. Cuando salí de casa vi demasiados soldados. Después me enteré de que eran 1.500. Me dijeron que no podía salir porque estaban en medio de una OPL”, comentó. “Pregunté cuánto tiempo iban a tardar, porque tenía que ir a trabajar, ya la respuesta que me dieron me hizo estremecer: lo que tardemos en tirar su casa”.
Gonzalez dijo que la operación condujo a la captura de dos personas que posteriormente fueron liberadas, así como a la formación del comité de víctimas con 110 familias, cuyos hogares fueron destruidos por lo que les dijeron era una orden presidencial.
“No hay excusa para dejar a todas esas familias en la calle”, afirmó González. “No había criminales ni drogas en el área”.
Quizá lo más alarmante para el gobierno es que el perfil de González no pertenece a alguien que fácilmente se oponga al proyecto “socialista” lanzado por el presidente Chávez 17 años atrás, ahora liderado por Maduro.
“Yo soy chavista, pero no estoy con Maduro”, dijo. “Nuestro querido presidente Chávez jamás hubiera permitido estas atrocidades”.
La reciente segunda etapa implementada de la OPL incluía una idea inicial buena que era la captura de José Antonio Tovar Colina, también conocido como El Picure, quien se presumía era el líder de una banda criminal que controlaba tres estados.
Jamiltón Andrés Suárez Ulloa, mejor conocido como El Topo, fue también asesinado durante una de las operaciones. Se reportó que él controlaba las zonas mineras en el estado de Bolívar, además de haber sido el responsable de la muerte de un grupo de mineros en Tumeremo.
“Hay una sociedad que está exigiendo seguridad después de haber sido abrumada por los líderes criminales”, dijo Inti Rodriguez, miembro del grupo Provea, y que además ayudó a elaborar el reporte del mes pasado. “Y el gobierno está respondiendo con la misma mano dura que le permite decir que que está haciendo algo”.
Rodriguez, sin embargo, añadió que la carga política de la operación era bastante obvia.
“Hay un claro motivo detrás del lanzamiento de una segunda etapa de la OPL. El referéndum para quitar a Maduro de la presidencia está a la vuelta de la esquina”, afirmó. ” La operación de seguridad tiene un enorme efecto propagandístico y la militarización de áreas pobres impiden un levantamiento”.
El relanzamiento de la OPL llegó tres días antes de que Maduro declarara estado de emergencia con duración de 60 días, el cual, si se aprueba por los legisladores, le daría amplios poderes para intervenir en la economía, que ya es de por sí considerable.
Maduro, mientras tanto, intensificó sus argumentos de que tanto una intervención con apoyo internacional como un golpe de Estado en su contra son inminentes. Este sábado informó delante de una reunión que la milicia iniciará acciones dentro de una semana con el único fin de estar preparados para lo que sea que venga.
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