Artículo publicado originalmente en el número Poder y Privilegio de la Revista VICE México.
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Una nena de sexto grado en una escuela de una ciudad de la provincia de Río Negro cuenta, en el aula durante una clase, que dos años atrás un maestro la había manoseado. Tras su relato llegan ocho nenas más con historias similares. En una escuela, en la ciudad de Rosario, un grupo de adolescentes discute los estereotipos de género: “Ya cuando nace un bebé en una familia, si es varón le dan una pelota, si es nena una muñeca, después le regalan la cocinita. Nos dicen desde chicas que tenemos que ser madres y amas de casa. Eso está mal. ¡Cuando tenga hijxs voy a enseñarles que todxs podemos lavar los platos!”. En un jardín de niños de la provincia de Santa Cruz una maestra muestra una lámina del cuerpo humano y les dice a niñxs vestidos con delantales celestes que sólo ellos y ellas pueden tocar sus partes íntimas. Padres y madres únicamente en el momento de bañarlos. Lxs niñxs asienten con la cabeza y cuentan que aprendieron a limpiarse solxs cuando van al baño. “Familia es papá y mamá, o dos mamás o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos. Es el amor lo que importa acá”, cantan niños y niñas del Jardín de niños N°901 de la ciudad Olavarría. En una escuela de Chaco una nena aprende a usar toallitas femeninas con un vídeo que comparte la maestra. En su casa le habían dicho que cuando menstruaba tenía que usar pañales. Todas estas son escenas cotidianas de la vida escolar cuando la Educación Sexual Integral (ESI) está en acción.
La ESI es un derecho en Argentina desde 2006 por medio de la ley 26.150 que creó el Programa Nacional de Educación Sexual y la aprobación de los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral. No se trata de una receta mágica. Cuando se cumple, es mucho más que una normativa, es la oportunidad de la palabra y con ella del poder. Es una llave que abre una puerta para hablar sobre maltrato, discriminación, violencia familiar, abusos sexuales, machismos, los estigmas de los estereotipos de género, el tabú sobre la menstruación, pero también para conversar sobre la autonomía, la identidad, el placer, la orientación sexual. No plantea un modelo de prevención sino de disfrute y descubrimiento. “Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal para decidir”, es una frase que se ve en las manifestaciones feministas.
Debe cumplirse a nivel inicial, primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas, religiosas y laicas. Hay capacitaciones para docentes y manuales con contenidos diversos para cada etapa escolar por parte del Ministerio de Educación de la Nación. No se enseña lo mismo en jardín de niños que en la secundaria: las actividades y propuestas varían.
De la ley a los hechos hay un largo trecho. La ESI está lejos de llegar de igual manera y con la misma fuerza a todas las aulas del país. Solo 9 de las 24 provincias se adhirieron a la normativa. A partir de 2009, el Ministerio de Educación de la Nación comenzó a invertir en cursos virtuales y presenciales, en los que también producía y distribuía materiales educativos. La llegada de Mauricio Macri al gobierno planteó un recorte de la fuerza estatal destinada a esta ley. El presupuesto de 2018 fue de $22 millones y estuvo destinado “únicamente a la capacitación de dos mil docentes en diez provincias, no a la prevención ni a la producción de material”, según destacó un informe de análisis presupuestario realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Si se analiza el presupuesto real del 2019, teniendo en cuenta la inflación, todavía está un 16% por debajo de los recursos asignados del 2014.
El debate por el aborto planteó la necesidad de avanzar sobre la ESI. Tanto quienes exigían una ley de interrupción voluntaria del embarazo como quienes se oponían parecían coincidir con la exigencia de educación sexual como política urgente. Sin embargo, cuando terminó el debate y el aborto no se convirtió en ley los grupos antiderechos comenzaron a interceder para obstaculizar la implementación, en algunos casos intervinieron en aulas de manera violenta y directa. Desde los feminismos se avanzó hacia la modificación de la legislación actual para garantizar el cumplimiento efectivo: que la ESI sea una ley de orden público, lo que significa que sería de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, en instituciones de gestión estatal o privada, más allá del “ideario institucional y de las convicciones de sus miembros”.
A nivel regional el escenario es desigual. Uno de los compromisos internacionales adquiridos tras la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994, fue la aprobación de una legislación sobre Educación Sexual Integral. Latinoamérica y el Caribe presentan una tasa de fertilidad en adolescentes de 73,2 por cada 1000, tasa muy superior al promedio mundial, que se ubica en 28,9 por cada 1000. Esta cifra posiciona a la región como la segunda con mayores tasas de fertilidad en adolescentes, únicamente superada por África, donde es de 103 por cada 1000. Sin embargo, de acuerdo con el informe “Rompiendo Moldes: transformar imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia contra las mujeres”, realizado por Oxfam Internacional y publicado en julio de 2018, tan solo cinco países se aproximan a una situación en la que el cumplimiento de políticas públicas garantiza una educación sexual integral en términos legislativos: Argentina, México, Colombia, Uruguay y Brasil. De acuerdo con el mismo trabajo de investigación, en Cuba se están haciendo avances en esta línea, a través del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual (PRONESS), coordinado por el Centro Nacional de Educación y Salud Sexual con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
“Mirá, si no hubiera sido por eso de Ni Una Menos, te cago a palos”. Le dice un nene a una nena de su misma edad en La Matanza. Están en primer grado de una escuela pública. Las palabras del nene fueron registradas por un grupo de investigadoras que visitó escuelas para conocer el impacto de la ley de Educación Sexual Integral desde su sanción y quedó plasmada en la publicación “El derecho a la educación sexual integral en la Argentina. Aprendizajes de una experiencia exitosa”, a cargo de la Doctora en Ciencias Sociales, Eleonor Faur. Un informe realizado por la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Ministerio de Educación de la Nación. La frase se clava como una estaca en el pecho ante la posibilidad de la violencia.
Con la misma fuerza explica cómo los feminismos insisten en pedagogías que van más allá de las aulas. En Argentina, el lema y grito por Ni Una Menos empujó una transformación cultural capilar que bajó la vara de la tolerancia de las violencias machistas. Las feministas no se quedan sentadas esperando que las leyes se cumplan, las docentes feministas se organizan y se forman, en las calles siguen demandando su cumplimiento efectivo porque “sin Educación Sexual Integral no hay Ni Una Menos”.
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