Este 2017 México se convirtió en el país con mayor impunidad en América Latina ya que imperaron factores como la desigualdad, la pobreza y la corrupción, según un estudio de la Universidad de las Américas Puebla.
El Índice de Impunidad 2017 reveló que este año a México lo caracterizaron las condiciones sumamente altas y extendidas de impunidad, las cuales son provocadas por el mal funcionamiento de la impartición de justicia, la falta de seguridad y de respeto a los derechos humanos.
Videos by VICE
“En otras palabras, es un asunto que ya rebasó a todas las instancias de gobierno que claramente no pueden atender este problema de manera aislada”, reveló la universidad en su publicación.
Y es que en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos. Las dos principales razones por las que la ciudadanía no acude a la policía es porque lo consideran una pérdida de tiempo y desconfían de la autoridad.
A la población le sobran las razones para ser escépticos: del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95 por ciento de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.
Esto se debe principalmente al rezago de impartidores de justicia, ya que apenas hay 3.5 por cada 100.000 habitantes.
“La presencia de este fenómeno patológico se ha extendido a tal grado en nuestra vida pública, que llega a asumirse como un hecho natural o inevitable, incluso podemos afirmar que se ha interiorizado como parte de la cotidianidad mexicana”, dicen los investigadores del estudio.
En esta lógica, la existencia generalizada de impunidad crea incentivos perversos en el sistema y, por lo regular, el delito cometido, por pequeño o grande que sea, queda sin denuncia, investigación o castigo.
Y parecería que la falta de castigo incrementa, si quien cometió el ilícito fue un funcionario de gobierno.
Sin embargo a pesar de que México se convirtió en el país más impune de América Latina, este 2017 se lograron detenciones importantes de exgobernadores.
Aunque en su mayoría las llevaron a cabo policías internacionales, los políticos, todos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional —el mismo del presidente Enrique Peña Nieto— se encuentran encarcelados y a punto de ser extraditados. A continuación un recuento:
Tomás Yarrington
Fue gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004, un estado mexicano al norte del país. El pasado 10 de abril fue detenido por la policía italiana en Florencia. El político llevaba prófugo al menos cinco años desde que se giró una orden de aprensión por haber brindado protección a los cárteles Del Golfo y Los Zetas.
El gobierno de Estados Unidos informó que el exgobernador participó en operaciones de lavado de dinero, fraude bancario y transacciones ilegales a este país en conjunto con miembros de la delincuencia organizada.
Yarrington incluso facilitó a los narcotraficantes que operaban en Tamaulipas carros, trailers y aviones. Para protegerlos sobornó a líderes políticos, oficiales de justicia y hasta a desertores militares.
Todo empezó cuando Yarrington fue electo gobernador de Tamaulipas, en ese año en conjunto con miembros de la policía estatal, permitió que los delincuentes recibieran cargamentos de drogas en el estado norteño.
Hasta la fecha el exgobernador continúa en Italia a la espera de que sea extraditado a México, pero el gobierno de Estados Unidos también lo ha pedido.
Javier Duarte
El exgobernador de Veracruz, de 2010 a 2016, fue detenido por la Interpol el pasado 15 de abril. El político estaba prófugo desde octubre del 2016 y se escondía en Guatemala. Fue extraditado a México y a actualmente enfrenta los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En los 2.139 días que Javier Duarte gobernó Veracruz, el gobierno federal cree que desvió unos 3.800 millones de dólares. Varios millones presuntamente se destinaron a su enriquecimiento personal, al de su gabinete e, incluso, a las campañas políticas de sus allegados en el PRI, gracias a una sofisticada maquinaria de “empresas fantasma” que le permitía simular pagos por servicios que nunca se concretaron.
Otro de los señalamientos que se hicieron en contra de su administración fue que se aplicaron quimioterapias falsas a niños con cáncer.
Quien así lo señaló fue el ahora gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes (PAN) quien aseguró que los niños recibían agua destilada, en lugar de medicamentos para curar su padecimiento.
Pero Yunes no abundó en detalles; no dijo quiénes eran los funcionarios y médicos involucrados, ni en qué hospitales se habría administrado la quimioterapia apócrifa. Posteriormente, a sólo un mes de la acusación, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), que depende de la Secretaría de Salud, máxima autoridad sanitaria de México, aseguró a VICE News que el caso estaba cerrado: “la investigación ya concluyó (…) y la denuncia (de Yunes) no tuvo ningún sustento”.
Roberto Borge
El exgobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016, un estado localizado al sur del país, en el Caribe, fue detenido el pasado 5 de junio en Panamá, cuando pretendía viajar a Europa. El político es acusado de lavado de dinero. Actualmente el gobierno mexicano está intentando extraditarlo.
“La petición de detención se sustenta en una orden de aprehensión librada el 31 de mayo de 2017, por el juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el Estado de México, con sede en Netzahualcóyotl, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el Artículo 400, fracción ll del Código Penal Federal”, informó en un comunicado la PGR el día de su detención.
La detención de Roberto Borge ocurre luego de que un juez liberó una orden de aprehensión en contra del exgobernador y de otras cuatro personas por la compra de terrenos que eran propiedad del estado a precios de ganga, a través de prestanombres.
Además la orden de aprehensión contra Roberto Borge es por la adquisición de una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya y ambos delitos serían producto de lavado de dinero.
El exgobernador también fue señalado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción de crear una red de funcionarios que se apropiaban del patrimonio de empresas y particulares.
Eugenio Hernández
El exgobernador también de Tamaulipas entre el 2005 y el 2010, fue detenido el pasado 6 de octubre por la Procuraduría General de Justicia de este estado, por los delitos de peculado y lavado de dinero.
Según información publicada por el periódico Reforma, de los cinco testigos y denunciantes del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, sólo uno se encuentra con vida.
Y es que el resto tuvo un final trágico: Ramiro Higuera Martínez (quien fue asesor legal de Fernando Cano y Alberto Berlanga, presuntos prestanombres de los ex mandatarios Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) se suicidó en mayo de 2014.
Casimiro Mora Vázquez fue plagiado y descuartizado en junio de 2016. Edgardo López Munguía, quien colaboró con presuntos prestanombres de los exgobernadores, fue plagiado y asesinado en agosto de 2016. Y Aurelio Parra Bustos, quien fue chofer y asistente de Fernando Cano, se encuentra desaparecido desde noviembre del 2016.
Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs
