En el mundo es bien conocido el estado de crisis por el que atraviesa Venezuela. Las manifestaciones y protestas están a la orden del día por el descontento social generalizado, tras las últimas elecciones que dieron una sorpresiva victoria electoral del gobierno que encabeza Nicolás Maduro.
No obstante, sólo basta con echar un vistazo un poco más atrás, para caer en cuenta de la gravedad de ciertas prácticas ilegales que también se han cometido contra la población, después de dichas manifestaciones.
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Un informe sacado a la luz este lunes por Amnistía Internacional (AI) –una organización global presente en más de 150 países y que trabaja en pro de los derechos humanos– denuncia allanamientos ilegales, ataques a viviendas y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades venezolanas, entre abril y julio de 2017, en 11 distintos estados del país.
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El equipo de investigación de AI dio a conocer que en este periodo de tiempo hubo un saldo de más de 120 personas muertas, alrededor de 1.958 de personas heridas y registros de más de 5.000 detenidos.
Existe evidencia de que inmediatamente después de las manifestaciones ciudadanas, cuerpos de seguridad del Estado se dirigían hacia el interior de los edificios y zonas residenciales, para continuar reprimiendo a la población. En otros casos, esto pasaba muchas horas y hasta días después.
Una misión de investigación especial de Amnistía Internacional visitó en agosto de 2017 Miranda, Distrito Capital (Caracas), Carabobo y Lara, estados de Venezuela con alto número de denuncias por ataques y allanamientos, y entrevistó a cerca de 60 víctimas. Tras ello pidieron a la Fiscalía General de la República una investigación a fondo de los hechos, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta alguna.
De acuerdo con la legislación venezolana, para realizar intervenciones domiciliarias se requiere, salvo excepciones específicas, la orden de un tribunal y sólo están justificadas para impedir delitos, así como cuando se trate de personas a quienes se persigue para su detención.
En todos los casos, cabe mencionar, que los estándares internacionales establecen que estas incursiones deben estar enmarcadas en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Cosa que, sobra decirlo, no ocurrió.
Por la naturaleza de testimonios y evidencias que recolectó AI, la conclusión es clara: se está frente a allanamientos completamente ilegales por parte de fuerzas judiciales, a los que viene aparejada una serie de violaciones a derechos humanos de las víctimas.
En las comunidades visitadas por Amnistía Internacional fueron constantes los testimonios que hacían alusión a “noches de terror”, dada la naturaleza de los allanamientos ilegales, llevados a
cabo por distintos organismos de seguridad, tanto civiles como militares, que actuaban
con métodos similares en distintos estados del país y en distintas fechas.
De acuerdo con los entrevistados, lo que estos uniformados hicieron fueron redadas masivas que tenían como fin identificar y detener a jóvenes que podrían haber estado manifestándose.
Uno de los puntos en el que el informe hace hincapié es que los agentes del estado venezolano intentaron blindarse de las consecuencias de sus actos destruyendo la evidencia.
Para garantizar su impunidad, dice, “los funcionarios se encargaban de vigilar que los vecinos no estuvieran grabando o tomando fotos desde sus apartamentos. Además, las cámaras de seguridad de varios de los edificios allanados fueron robadas o destruidas al momento”.
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