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El cabo Gonzalo Flores se calzó las botas negras y se puso la playera y los pantalones verdes, su vestuario habitual en la milicia. Era el mediodía del 2 de junio de 2015 y el militar juraba que su escenario laboral no podía empeorar, que había tocado fondo.
En pocas horas descubriría su error.
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Como los otros cabos, a las dos de la tarde arribó a la sección de transmisiones del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Mexicana, al noroeste de la Ciudad de México.
Al ingresar al cuartel se enteró de que un huracán golpearía al país y los sargentos designaron a dos militares que, en caso de que se activara el plan de auxilio a la población (Plan DN-III E) se trasladarían a la zona.
El sargento segundo, Saúl Maravilla, nombró a Gonzalo, pero él rechazó la decisión. Como era portador de VIH, estaba exceptuado de actividades operativas. Así lo señalaba el certificado médico expedido el 12 de diciembre de 2009 por el Hospital Central Militar.
—Yo puedo ir, pero no debo. Si me pasa algo, ustedes dirán que desconocían mi condición de salud —argumentó.
Gonzalo recrea esta escena y recuerda las palabras que, frente a sargentos, cabos y soldados, lanzó el sargento Maravilla:
—¡No es mi culpa que seas sidoso! ¡Ojalá que ya te mueras! Por puto te dio sida.
El coronel Rubén Angulo Urista estaba presente, pero no dijo nada.
Gonzalo temblaba. Se dirigió a Moisés Tejeda, el sargento primero:
—Él no tiene motivos para decirme eso —dijo avergonzado.
—No llores —respondió Tejeda.
—No, no lloro, pero me está ofendiendo.
Esa tarde, Gonzalo acudió a la sección administrativa de la Fuerza Aérea para preguntar en asesoría jurídica qué procedía tras el acto humillante. La persona encargada le sugirió no preocuparse. “No es para tanto”, afirmó.
Ser militar
Gonzalo Elías Flores Tecalco creció en una casa de paredes de madera, al lado de sus padres y tres hermanos, allá en Huatusco, Veracruz, un estado del Golfo de México.
Buena parte de su niñez vivió temeroso. En ese poblado, ser homosexual era sinónimo de rechazo, de burla.
No podía confesarse en una secundaria donde los niños afeminados eran agredidos y los profesores afirmaban que la homosexualidad era provocada por un trauma.
El internet le amplió el panorama. Le mostró que ser gay era, simplemente, una preferencia sexual más. En la preparatoria, se confesó con su mejor amigo: “estoy enamorado de ti”. El amigo le dio la espalda y Gonzalo abandonó la escuela.
Tiempo atrás ya anhelaba ser militar: eso implicaba marcharse del pueblo. La idea creció tras el rechazo sentimental y se dirigió a pedir informes a la base de un batallón en Orizaba, una ciudad cercana.
Ahí le dijeron que podía esperar una vacante en la base de Sinaloa, en el norte del país. A los 18 años se aventuró y allá sostuvo sus primeras relaciones sexuales con cabos y otros aspirantes a militares.
El ingreso no se concretó y regresó a Veracruz. Pero Gonzalo ya no quería estar ahí, con una vida doble y encuentros ocultos.
Tomó dinero de la casa y pronto llegó a la Ciudad de México. Ahí podría retomar el sueño de enlistarse en el ejército.
Gonzalo Elías Flores nació en Huatusco, Veracruz, y desde joven tuvo el anhelo de ser militar. (Imagen vía Daniel Ojeda/VICE News).
La llegada a la Sedena
Ocho años antes de ser ridiculizado por su superior frente a sus compañeros, Gonzalo se topó en la estación del metro Chabacano a un reclutador que lo llevó al Campo Militar I de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Naucalpan, noroeste de la capital mexicana.
Con 20 años, en abril de 2007, ingresó al cargo de soldado de transmisiones, con matrícula C-6837957, en el cuartel general de la Segunda Brigada de Infantería Independiente.
Fue cuestión de días para que se enterara de que un cabo sería expulsado del ejército por tener VIH. Le llamaban “sidoso”, recuerda Gonzalo.
Ese despido era ilegal porque, en febrero de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que los militares fueran echados de las fuerzas armadas por ser seropositivos. La historia legal es la siguiente:
Antes, en el año 2003, el Congreso mexicano reformó la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Debido a ello, la fracción 45 del artículo 226 apuntaba que los elementos castrenses con VIH serían destituidos. El argumento: “inutilidad por actos adquiridos fuera de servicio”. Es decir, a los seropositivos se les clasificó, literal, como inútiles. Desde antes ya eran expulsados, pero ahora existía un argumento legal.
Bajo esta norma, once de ellos fueron despedidos —la mayoría al inicio de la década pasada— e interpusieron amparos. La Corte atrajo los casos y falló en 2007 a favor de los militares, lo que significó un precedente en el país.
En noviembre de 2008, el Congreso eliminó la norma que permitía la destitución de los militares por este motivo y, en los siguientes meses, buena parte de los expulsados en años anteriores se incorporaron a sus actividades. A partir de entonces, ya nadie podría ser cesado del ejército por ser seropositivo.
Esto, sin embargo, no exterminó los prejuicios, y a partir de entonces surgió una nueva generación de militares: si bien ya no los pueden echar, ser VIH positivo les impide ascender. Quedan estancados.
Gonzalo lo comprobaría en poco tiempo.
Elementos del ejército mexicano en el Campo Militar I. (Imagen vía Antonio Cruz/Cuartoscuro.com).
El abogado Pedro Morales Aché, especialista en temas de salud y derechos humanos, indica que, en la primera mitad de la década pasada, la Sedena y la Secretaría de Marina se rehusaban a informar a la autoridad sanitaria el número de seropositivos en sus filas. De alguna manera, negaban su existencia.
Morales, director de Consultoría Médico Legal, representó a los elementos castrenses que amparó la Corte en el 2007, pero comenzó a defender a militares con VIH desde 1996.
“Con la decisión de 2007 aparecieron una cantidad enorme de demandantes. Unos 150, 200. Algunos murieron, otros ganaron. Hoy, todavía defiendo a un marino. Es una lucha vigente”, dice.
El abogado enumera los antecedentes de la discriminación en la milicia. La etapa uno inició el 29 de junio de 1976, cuando se promulgó la primera ley del ISSFAM que declaraba causa de baja por “inmunodeficiencia humoral o celular no susceptible de tratamiento”.
Entonces no existían el VIH y el sida. Al aparecer, se clasificaron en ese apartado. Una interpretación de las fuerzas armadas.
La etapa dos ocurrió cuando no había medicamento y los jefes se limitaban a observar a los militares presentar sintomatología y morir. El tratamiento llegó a México en 1996 y se efectuó “una campaña de detección deliberada”, declara el abogado.
Si los militares buscaban ascenso, los formaban en el hospital militar y les aplicaban pruebas. Buscaban a los portadores. Un resultado positivo implicaba despido inmediato.
La vida gay en el ejército
En 2007, durante su primer año en el ejército, Gonzalo descubrió que la avenida Ingenieros Militares estaba repleta de cantinas y antros de mala muerte que frecuentaba la milicia.
En ese momento, recuerda, el sueldo del escalafón menor no rebasaba los 4.000 pesos mensuales (unos 222 dólares al cambio actual) y, alrededor del Campo Militar I, proliferaba la prostitución militar. Los civiles circulaban en sus automóviles y subían al de aspecto más rudo.
El cabo se topó enseguida con la homofobia. Los militares, del mismo nivel o superiores, llamaban “maricón” a los compañeros fuera del clóset.
Un día, Gonzalo charlaba con otros soldados que afirmaban que los homosexuales deseaban ser mujeres y se animó a negarlo. “¿Cómo lo sabes?”, inquirieron. “Porque soy homosexual”.
A los pocos días, el cuartel estaba enterado de la confesión. Comenzaron los comentarios agresivos de parte de sargentos: “¿por qué te gusta la verga? Qué asco”. En una ocasión, uno de ellos dijo que deseaba matar a todo hombre gay.
Meses después, Gonzalo estaba en el dormitorio, cuando un cabo se le acercó y le propuso ir a su casa, en el oriente. Su nombre era Joel, ocho años mayor que él. Así inició una relación que se extendió por seis años.
En las instalaciones, optaban por la discreción. Gonzalo se mudó con él y, cuando el dueño del departamento se enteró de su relación, los echó. Se instalaron en Naucalpan, cerca del cuartel.
Así es como el ejército español se deshace de sus soldados enfermos. Leer más aquí.
Un operativo del ejército en Culiacán, Sinaloa. (Imagen vía Rashide Frías/Cuartoscuro.com).
Portador de VIH
Diciembre de 2006. A poco días de arrancar su sexenio, el expresidente mexicano Felipe Calderón declaró la llamada ‘Guerra contra el narco’, lo que implicó sacar al ejército mexicano a las calles a luchar contra los cárteles de la droga. Pronto se intensificaron los enfrentamientos.
En esa época álgida, Gonzalo ascendió de soldado a cabo y fue comisionado a destruir sembradíos de marihuana y amapola en Sinaloa.
En el primer semestre de 2009, cuando la violencia se intensificó, participó en la Operación Conjunta Chihuahua, en Ciudad Juárez. Su cargo: operador del comandante de la brigada. Monitoreaba los enfrentamientos.
Más tarde, de vuelta en la Ciudad de México, Gonzalo y su único amigo militar gay visitaron un bar cercano al cuartel.
Esa noche de noviembre de 2009, conoció a otro cabo y terminaron en un hotel en la avenida Revolución. Tiempo después notó una infección en los codos. Se dirigió al hospital militar y le efectuaron exámenes generales. La prueba de VIH resultó positiva.
La única persona con la que había tenido relaciones sin protección era el cabo que conoció en el bar.
Habló con Joel, su pareja, quien le dio su respaldo. Pero Gonzalo ya sabía a qué iba a enfrentarse. Ahora, además de “puto”, lo iban a llamar “sidoso”.
En el ejército no existía la confidencialidad. Él trabaja en la sección de transmisiones, la oficina que recibe documentación. Ahí se había enterado del diagnóstico positivo de al menos tres militares de diferentes escalafones: los resultados enviados por la unidad médica de la Sedena, entonces, no venían sellados, asegura Gonzalo. Cualquier encargado del área podía revisarlos y difundir la información.
Al regresar al cuartel, lo primero que sus compañeros le preguntaron fue: “¿cómo te sientes?”. Estaban enterados.
Un mes después de ser diagnosticado, comenzó a tomar antirretrovirales y los niveles de VIH en la sangre bajaron. ¿Qué seguía? Continuar las labores, buscar un ascenso.
En medio de la ‘Guerra contra el narco’, las salidas de la brigada eran constantes. Pero por ser VIH positivo, a Gonzalo le entregaron el certificado médico que acreditaba: “exceptuación permanente de ejercicios físicos intensos y servicios de armas”.
Requirió a sus superiores ingresar a un curso de informática para desempeñarse en otra área. Le respondieron que no estaba en condiciones. Según ellos, por tener VIH, sus defensas estaban más bajas que las de los demás, pero Gonzalo se sentía en estupendo estado.
La misma negativa llegó tras solicitar el ingreso a una escuela militar para lograr el ascenso a sargento. Lo intentó varias veces. No se podía, por “no acreditar buena salud”. Estaba anclado.
¿Qué pasaba? Pese a los cambios a la ley del ISSFAM, el artículo 226 Bis aún enlista una serie de padecimientos que “producen trastornos funcionales de menos del 20 por ciento”.
La ley no explica el significado de estas palabras, pero indica que las enfermedades catalogadas así ameritan cambio de arma o servicio; esto significa que no realizarán operaciones donde implique usar un arma. Uno de estos padecimientos es el VIH. Se trata de un criterio de la milicia.
“La lógica de la legislación militar”, indica el abogado Pedro Morales, “es que padecer ciertas enfermedades te incapacita. Es falso. Si tienes miopía, para los militares es sinónimo de trabajo de escritorio”.
El litigante sabe que, en términos científicos, está acreditado que padecer VIH no es causa de incapacidad: “el virus tendría que salir de la ley del ISSFAM”.
Así es como el Ejército mexicano espió a esta caravana que busca a sus desaparecidos. Leer más aquí.
La policía militar en un desfile del 16 de septiembre de 2016. (Imagen vía Cuartoscuro.com).
El perdón
VICE News solicitó a la fuerzas armadas el número de portadores de VIH en sus filas. La Sedena informó que 120 de sus miembros activos viven con el virus, la mayoría en funciones en el Estado de México (25), la Ciudad de México (21) y Veracruz (13).
La Secretaría de Marina indicó que 84 de sus elementos son seropositivos, buena parte en Veracruz (24) y la Ciudad de México (18). Según ambas dependencias, desde hace una década no hay despidos por ser portador.
Apenas hace dos años, en julio de 2015, el gobierno mexicano pidió perdón a dos militares portadores que fueron expulsados de las fuerzas armadas en 1998 y 2001.
El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció públicamente que la Sedena se equivocó al echar al cabo y al teniente.
Los dos casos llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió en 2011 al Estado mexicano el reparo del daño. En el acto, los defensores de los militares pidieron a la Sedena evitar la discriminación. De la institución, sólo asistió el director de Derechos Humanos.
Esto no sirvió para que se eliminara al VIH de la “lista de padecimientos que producen trastornos funcionales de menos del 20 por ciento” de la ley del ISSFAM.
La segregación
Gonzalo mide 1,60 metros, es delgado y de piel morena. Durante nuestra entrevista en el Bosque de Chapultepec, lleva puestas sus botas negras, camisola y gorra camufladas en tonos azules. Su uniforme, el mismo que usa desde que fue aceptado su ingreso al cuartel general de la Fuerza Aérea.
El cabo de 30 años es serio. Apenas habla. Tímido, casi para sí mismo, indica: “no he estado muy bien. Hace poco estuve en el hospital. De nuevo intenté matarme en abril”.
La primera vez fue en agosto del año pasado, en 2016. Decepcionado, harto, se tragó las pastillas de clonazepam que le recetaron contra la ansiedad los médicos militares. Su hermano lo encontró tirado en el piso y lo llevó al hospital militar.
La depresión comenzó, cuenta Gonzalo, cuando los compañeros se quejaron de que los elementos con VIH no salieran a operaciones. Los llamaban inútiles y flojos.
En ese momento, para no quebrarse, se metió de lleno al mundo del VIH. Se involucró con activistas y organizaciones. Al poco tiempo descubrió que varios militares eran portadores. Ha sido testigo de la segregación. “No sensibilizan en el ejército”, dice.
A Gonzalo le expidieron en el hospital militar el certificado que indica que tiene un trastorno funcional “de menos del 20 por ciento”. El cabo investigó: “sé que no hay una escala que señale qué enfermedad está en el 100 o el 0 por ciento, su ley discrimina”.
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Gonzalo durante la entrevista en el Bosque de Chapultepec. (Imagen vía Daniel Ojeda/VICE News).
La frustración por saber que no avanzaría de cargo provocó que en 2011 dejara el medicamento por año y medio. Se dejó caer.
Con altibajos pasaron algunos años. Pensaba que había tocado fondo, hasta el 2 de junio de 2015, cuando le gritaron: “sidoso, ¡ojalá que te mueras!”
Gonzalo levantó vía internet una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Contó el trato que recibió de sus superiores.
Solicitó que se requiriera una opinión médica antes de enviarlo a un servicio militar. También pidió acciones para prevenir humillaciones e insultos por su condición de salud y orientación sexual, y agregó que los jefes en diversas ocasiones le habían dicho que desertara, que iba a fallecer.
Creía que nada pasaría, pero un día uno de los capitanes le reclamó haber enviado la queja a la CNDH. La comisión buscó a la dirección de Derechos Humanos de la Sedena, la cual, para armar una respuesta, buscó a los acusados.
Ocurrió lo que Gonzalo preveía. Los mandos afirmaron no saber que el cabo era portador y negaron haberlo insultado o cuestionado por alguna razón. Así consta en la investigación, con número de expediente CNDH/6/2015/4865/Q, cuya copia tiene VICE News.
El visitador adjunto de la sexta visitaduría de la CNDH, Rafael Vázquez García, citó a Gonzalo y le informó que había solicitado su expediente clínico. El cabo se arrepintió de haber puesto la queja porque el caso tomó vuelo.
Al poco tiempo, la sección primera del Estado Mayor de la Sedena ordenó a la Fuerza Aérea —mediante el mensaje C.E.I número 74416, de 5 de agosto de 2015— un “correctivo disciplinario” para Gonzalo consistente en un arresto de cuatro días, “por no haber informado por los conductos regulares sobre su situación y los actos de burla de que supuestamente fue objeto”. Gonzalo argumenta que no es justo, pues el mismo 2 de junio buscó resolver el problema de manera interna.
A Maravilla se le impuso el mismo castigo.
Gonzalo piensa que los militares que se han sentido discriminados tienen derecho a denunciar. (Imagen vía Daniel Ojeda/VICE News).
Cuando se quejó ante la CNDH, Gonzalo tomó fotos al documento y lo difundió en un grupo de militares formado en Facebook. Varios, en la misma situación, lo contactaron. Uno de ellos, Juan, con un caso similar, le recomendó detenerse. “Sólo ganas enemigos gratis, estoy en lo mismo, me humillan”, dijo.
Le comentó que el era policía militar pero, por tener VIH, lo enviaron a oficinas, sin capacitación. “Me dicen sidoso, que me voy a morir”, se confesó.
También se entrevistó con un cabo de la Dirección General de Sanidad que, a su vez, lo contactó con otro marino.
Encontrarse con diversos casos iguales al suyo provocó que Gonzalo imaginara que la CNDH efectuaría una recomendación. Pero, a inicios de 2016, el organismo concluyó el asunto “por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja”.
Firmó el sexto visitador Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien indicó que “las imputaciones realizadas por el quejoso fueron negadas por el personal militar involucrado”.
Carmona justificó: “usted (Gonzalo) en ningún momento se integró al Plan DN-III-E”, y el correctivo “también se aplicó” a Maravilla.
Pese al intenso estrés provocado por la situación, visitó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), donde le dijeron que, si la CNDH llevaba el caso, no podían retomarlo.
El silencio institucional
Semanas antes de publicarse este reportaje, se solicitaron entrevistas con Sedena, Conapred y CNDH. La primera, a la fecha, no ha dado respuesta.
El Conapred afirmó que está incapacitado para pronunciarse porque la CNDH tomó el caso primero, pero la Directora General de Quejas, Nuriney Mendoza, indica que desde la creación del consejo, en la primera mitad de la década pasada, las denuncias de discriminación por VIH en las fuerzas armadas han sido reiteradas y, en general, se resuelven por conciliación entre las partes, por lo que no se abren expedientes.
Conapred proporcionó un listado de los reclamos presentados por militares contra la Sedena que este consejo califica “como actos de discriminación por motivos de preferencia sexual y condición de salud seropositiva”. De 2011 a mayo de 2017, sólo localizó cuatro expedientes, dos relacionados con VIH y dos por preferencia sexual.
No sólo sucede en la Sedena, indica Mendoza, “sino en varias instancias federales”: de 2011 a mayo pasado, llegaron 313 quejas de discriminación por VIH contra autoridades federales (108) y particulares (205).
Por su parte, el sexto visitador de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, reiteró que el caso de Gonzalo está cerrado.
Carmona menciona que recibió hace unos días un escrito de Conapred en el que avisa que, en respuesta a este tema, ha dictado medidas cautelares para el ejército. “Vamos a analizar el documento”, dice.
La resistencia
Gonzalo se derrumbó cuando lo reclasificaron a oficinista. Siguieron llamándolo “el sidoso” y esto provocó su primer intento de suicidio hace un año. “Los que estamos en una situación de maltrato psicológico, físico, moral, tenemos miedo a denunciar”, dice, “pensamos que seremos desleales, cuando los desleales son ellos.
“Me siento impotente. Veo a todos ascender y le tengo miedo afuera. Quiero estar bien. Aunque he intentado matarme, me resisto a morir”.
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