“Hay que hacer lo que sea para sacar a los ciclistas del monte”. La frase, extraída de un acta de una comunidad de montes gallega y hecha pública por la Asociación de Ciclistas Galegos, parecía hablar por sí sola. En los últimos años, las bicicletas han comenzado a proliferar en los agrestes e idílicos montes de la zona, especialmente en la provincia de Orense: los amantes del mountain bike y el descenso encuentran allí un paraíso para practicar su deporte favorito, en un peregrinaje a dos ruedas que muchos habitantes de las zonas rurales no ven precisamente con buenos ojos. Pero hubo un momento en que el conflicto fue un paso más allá.
La pesadilla arrancó hace un par de años: los ciclistas empezaron a denunciar, con fotos en las redes sociales, la colocación de trampas en algunos de los caminos por los que habitualmente transcurren estas rutas. Aparatos rudimentarios que, sin embargo, tienen la capacidad de hacer mucho daño, e incluso de acabar con la vida de una persona: estacas con clavos estratégicamente enterradas para pinchar una rueda, alambres de espino que cruzan los senderos y hasta cables a la altura del cuello. Una locura obra de auténticos asesinos en potencia.
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La tragedia tenía que llegar antes o después. Y llegó. Hace un año, un vecino de Vigo de 38 años, Diego González, se golpeó en la cabeza con una roca “colocada de forma intencionada”, según el atestado policial. Pasó media hora solo hasta que alguien acudió en su ayuda y quedó paralítico. La investigación concluyó con cuatro comuneros sentados en el banquillo, para los que el fiscal ha solicitado dos años y medio de prisión. Ha habido más ciclistas heridos, aunque ninguno de tanta gravedad
“Sí, se podría decir que hay una guerra abierta entre comuneros y ciclistas”, explica a Vice Juan Torrado, presidente de la Asociación de Ciclistas Galegos. “Pero la realidad es que hasta ahora hemos sido las víctimas y, aun así, siempre hemos actuado con sensatez”. Hablamos con Juan en un momento en el que, precisamente, muchos ponen esa sensatez en entredicho: una pintada acaba de aparecer en uno de los montes: “Peligro, comuneros sueltos”, reza. La Asociación ha condenado el acto en su muro de Facebook y se ha desvinculado de sus autores. No es momento de echar más leña al fuego.
“En todos los colectivos hay gente incívica”, explica Torrado. “A pesar de que los imputados por el accidente de Diego sean comuneros, sabemos que no todos ellos son unos delincuentes. También hay ciclistas que no hacen bien las cosas: hace poco, tras un campeonato de enduro, se abrió una pista en los Montes de O Porriño y se destrozó una zona de pino joven. Los comuneros lo denunciaron y nosotros se lo agradecimos públicamente. Porque esa es la manera civilizada de hacer las cosas: denunciar, no poner trampas”.
Con el objetivo de tratar de solucionar el problema, Torrado se reunió recientemente con el vicepresidente de la Xunta y los máximos responsables en materia de montes. “Se encogieron de hombros”, recuerda con indignación. “No parecían tener ni idea del tema ni plantearon ninguna medida al respecto. ¿Cómo es posible? Yo no soy más que el presidente de una asociación formada por cuatro amigos y me llaman de radios y televisiones de ámbito nacional: a ellos les tienen que estar friendo a llamadas, pero no parece importarles en absoluto”.
“Un acto criminal”
Entretanto, y a la espera de una intervención de las instituciones públicas que parece no llegar nunca, las trampas no han dejado de aparecer. Por ello, más de 700 ciclistas de las localidades de Monte Castrove y Pontevedra se manifestaron hace dos semanas para reclamar su derecho a disfrutar del monte en bicicleta sin tener que poner en riesgo su vida por ello. Tras la protesta, leyeron un manifiesto en el que denunciaron que “un acto criminal nunca es justificable» y que no están dispuestos a aceptar que se ponga en peligro su vida por hacer uso de un vehículo “sostenible, ecológico y saludable”. Los ciclistas aprovecharon, además, para recordar que todos los ciudadanos, ya sean ciclistas, buscadores de setas o senderistas, tienen “derecho a disfrutar del monte”.
Los comuneros no opinan lo mismo. En respuesta a la manifestación ciclista, la Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común y la Unión de Tecores de Galicia emitieron al día siguiente un comunicado conjunto en el que, tras desmarcarse de la colocación de las trampas, esgrimieron que “utilizar el monte y las zonas rurales sin la autorización de los dueños es una invasión y un acto de ocupación ilegal”, y supone un importante riesgo de provocar “daños en el ecosistema”.
Buena parte de los montes de Galicia no son públicos o privados, sino comunales, por lo que su propiedad recae en toda la comunidad de vecinos de la zona. Una singular figura legal que los comuneros utilizan para argumentar su oposición a la presencia de los ciclistas. Ellos son, según aducen, “los únicos que tienen potestad para decidir sobre estas tierras”. Y tienen muy claro lo que han decidido: el monte no es para las bicicletas.