Entrevistamos a los vendedores de empanadas que la Alcaldía de Bogotá llenó de Clorox

Artículo publicado por VICE Colombia.

Al principio, para muchos de nosotros, lo de la multa de 800.000 pesos por una empanada sonaba como esos abusos de poder raros que llegan a los medios por excepcionales y absurdos. Pero las dos semanas que han pasado desde el comparendo nos han mostrado que al parecer no había nada de excepcional en la noticia de la empanada.

Por el contrario, las últimas noticias parecieran insinuar que la Alcaldía de Enrique Peñalosa le declaró la guerra a las empanadas; lo que en realidad quiere decir que el alcalde le declaró la guerra a los vendedores ambulantes bajo la bandera de “recuperar el espacio público”. Y lo está haciendo con comparendos e incautaciones.

Estas semanas fueron varios los casos: un video en el que multaban a una mujer por preguntar por una empanada, frente al cual la policía dijo que la multa fue por “irrespetar a las autoridades” durante un desalojo de unos vendedores ambulantes; luego fue el comparendo por “portar armas blancas” a una estudiante de artes visuales que tenía en su maleta un bisturí y un cuchillo de mesa —y quien, a propósito, estaba filmando a los policías multar a varios vendedores ambulantes—; y, claro, el video en el que policías y funcionarios de la Alcaldía le decomisaban varias empanadas a un vendedor ambulante, las metían en una bolsa y les regaban Clorox para "destruirlas".

“Esto viene (pasando) desde comienzos de la administración Peñalosa, la intensificación de la arremetida contra los vendedores. (…) De hecho, constantemente hay propagandas en radio de la Alcaldía que dicen que no hay que comprarles a los vendedores informales. Es un discurso de que la comida en la calle es cochina, insalubre”, me dijo por teléfono el Representante a la Cámara por la Alianza Verde, Inti Asprilla, quien desde hace tiempo ha hecho acompañamiento a varias asociaciones de vendedores ambulantes en Bogotá.

De hecho, el representante Asprilla demandó ante la Corte Constitucional el artículo 140 del Código de Policía que en el numeral 4 sanciona “ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes”. Invocando ese artículo es que las autoridades imponen las multas.

La respuesta de la Corte Constitucional a la demanda fue que, aunque el artículo 140 y su numeral 4 seguían en pie, cuando se tratara de personas “en situaciones de debilidad manifiesta” o que pertenecieran a algún grupo de especial protección no se podían multar, hacer decomisos o destrucciones “hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal”. Así quedó escrito en la Sentencia C-117 de 2017.

En resumen, queda claro que, al menos a personas que son vendedores ambulantes y tienen una discapacidad física, no pueden imponérseles multas ni hacerles decomisos o destrucciones sin ofrecerles una alternativa de trabajo. Exactamente todo lo opuesto a lo que pasó la semana pasada con las empanadas y el Clorox, pues Jimmy Tovar, el vendedor afectado, tiene una discapacidad en su mano derecha sobre la que no tiene movilidad. No hubo ninguna oferta de trabajo para Tovar antes de que toda su mercancía fuera destruida y su carro de empanadas decomisado.

“Desafortunadamente, lo que hemos constatado es que hay una voluntad sistemática y manifiesta del alcalde Enrique Peñalosa de irrespetar las sentencias de la Corte Constitucional. Ellos se amparan en la falta de acciones concretas de los organismos de control para poder establecer sanciones”, me dijo el representante Asprilla, quien agregó que está esperando una respuesta de la Procuraduría sobre la falta de control en la Nación ante los posibles abusos de poder de los agentes de policía.

Mientras las discusiones grandes se debaten y resuelven, decidimos ir a hablar con los vendedores ambulantes que fueron afectados el día del incidente del Clorox y las empanadas. Ellos nos contaron qué es lo que pasa individualmente cuando se impone una política de “recuperación del espacio” como esta.

Yo acá llevo 15 años vendiendo mercancía, 14 vendiendo empanadas. A Bogotá llegué desde Armenia cuando salí como damnificado del terremoto. Mi día empieza a las 2:45 A.M. cuando me levanto, pongo a hacer el tinto y el café con leche, me alisto y salgo a coger alimentador y Transmilenio hasta acá. Normalmente, llego a las 5:40 A.M. y vuelvo de nuevo a mi casa más o menos a las 10:30 P.M. Los sábados y domingos, como el Transmilenio empieza más tarde, me levanto más tarde, a las 3:00 A.M.

Al principio yo hacía las empanadas con mi esposa, pero luego me separé y ahora las empanadas que vendo se las compro a un señor acá cerca.

Hace unos seis años o más vino un delegado de la Alcaldía de Suba que nos tramitó un permiso temporal a varios de los vendedores que estamos acá, para poder ocupar este espacio. Cuando la Alcaldía de Bogotá cambió y llegó Petro nos renovaron el permiso. Pero cuando llegó Peñalosa no lo hicieron, pero nos dijeron que nos iban a reubicar.

El martes pasado, antes de que pasara todo, el comandante de policía del CAI estuvo por acá pero no nos dijo nada. Al rato llegaron los de la Alcaldía y con la policía empezaron a pedirle a la gente que se fuera. Nosotros nos fuimos a unas cuadras y después de un rato volvimos a nuestro lugar. Ahí fue cuando llegó un policía y me dijo “baje todo que nos llevamos el carro”. El funcionario de la Alcaldía, que en la chaqueta azul decía que era contratista, me dijo que también me decomisaba las empanadas. Yo le dije que si me iba a decomisar tenían que estar los de salud y que yo no veía a ninguno, pero él me respondió que él representaba a los de salud. Y luego a mano pelada fue cogiendo las empanadas y las fue echando en una bolsa. Ahí sacaron un tarro de Clorox, o hipoclorito, no sé, y se lo echaron a las empanadas. Luego en los medios dijeron que me las habían quitado porque no eran aptas para el consumo humano, pero eso es mentira, a mí no me hicieron ninguna prueba, solo me las quitaron.

Me hicieron un comparendo y me hicieron firmar una hoja de decomiso, pero yo ya le puse una demanda a la Alcaldía por eso, una abogada me está ayudando. El carro que me quitaron me costó dos millones de pesos cuando lo compré, este que estoy usando ahora es prestado. A mi otro compañero que también le quitaron el carro ha ido a preguntar pero todavía no le dan razón.

Esto nos perjudica mucho porque así es que ganamos nuestro sustento, yo respondo por mi hija de ocho años y por mi esposa, con esto que vendo pago lo de ellas y el arriendo. Además yo tengo una discapacidad en una mano y sufro de convulsiones, es difícil para mí conseguir otro trabajo. Peñalosa dice que los vendedores ambulantes somos delincuentes. Eso a mí me da mucha rabia porque uno está trabajando y tratando de hacer lo mejor.

Aquí hemos guerreado harto. Este espacio nos lo ganamos hace unos 10 años con un permiso que nos dio la localidad de Suba. Yo llevo 18 años vendiendo pasteles en este mismo lugar, antes trabajaba con una carnicería, que tuve por unos 13 años, pero quebré, me robaron y lo perdí todo. La única alternativa que me quedó fue salir a la calle y trabajar. Trabajo desde antes de las 6:00 A.M. hasta las 5:00 o 6:00 P.M., depende.

Acá la policía casi no nos molesta, tenemos buena relación con los del CAI porque acá no hay drogas ni problemas de ladrones y cuando pasa cualquier cosa inmediatamente llamamos al CAI y llega la patrulla. Acá, la verdad, la causante de toda la problemática es la Alcaldía. Ese día cuando llegaron me dijeron que me iban a incautar el carro, que cuando lo compré hace más de 12 años me costó más de un millón. Me dijeron que me lo iban a decomisar porque esto es espacio público y era una zona recuperada, y que lo podía recuperar. En esas estoy, tratando de recuperarlo, y lo que me dicen es que están esperando a ver a cuál de las ocho inspecciones de policía van a asignarle el caso para llevarles la documentación y me lo entreguen. Eso fue lo que me dijeron en la Procuraduría.

Yo ya tengo una demanda, me está ayudando una asociación de vendedores en la que estoy y que tiene sus abogados.

Yo espero que me entreguen el carro y me dejen trabajar, porque acá no le hacemos nada mal a nadie y ya nos reconocen en en el sector. Somos muy antiguos acá. Esta es la forma de ganarnos el sustento, pagar arriendo y servicios. Si yo tuviera otros medios pues no estaría acá, si fuera pensionado o tuviera mi propia casa o una renta, pero yo tengo 62 años, a esta edad ¿dónde me van a dar trabajo? Estos atropellos son una cosa tan terrible. Si nos quieren sacar de nuestro sitios de trabajo tienen que darnos una alternativa, una solución con la que uno de verdad se pueda ganar su diario. Y más por la edad que uno tiene, porque si uno fuera un chinche, hay varias oportunidades de trabajo. Pero no es así.

Yo estoy acá hace como año y medio. Toda mi familia es colombiana, menos yo que soy venezolano. Estable en este puesto llevo ocho meses. Yo vivo en Suba y me levanto a las 3:00 A.M para llegar acá a las 4:00 A.M. y trabajar hasta las 10:00 P.M. Así todos los días, de domingo a domingo.

El día que ellos llegaron, la policía con los de la alcaldía, nos dijeron que teníamos que retirarnos y que nos iban a quitar la mercancía, pero no sabíamos que la iban a dañar de esa manera. Sacaron la comida de las vitrinas, yo tenía empanadas y sánduches, las echaron en bolsas negras y les echaron Clorox junto con creolina y botaron la comida. Está bien que nos la hubiesen quitado, pero regálenla, no la boten. Antes de hacer eso no le hicieron ninguna prueba a la comida. Si eran de sanidad deberían haber cargado, equipos para ver si la comida no era apta par el consumo, pero no tenían nada. También me quitaron el carro que lo había comprado una semana antes y me costó 300.000 pesos.

Eso fue muy injusto porque uno está trabajando, y a mí me afecta porque yo tengo dos niños y uno de ellos es enfermo de asma. La mamá tuvo un accidente y también está enferma. Con lo que gano trabajando compro los medicamentos para ellos, que me salen caros y ahora, fíjate, no tengo el único modo de trabajo que tenía, para el que ahorré, y ahora tengo que pagar el arriendo de otro carro para poder seguir trabajando y mandarle la medicina a los niños.

Ese día me hicieron tres comparendos, uno personal, uno de alimentación y uno del carrito. Yo ya los pagué e hice todo pero no vi resultado. En total fueron 1.200.000 pesos que tuve que pagar y que reuní de los ahorros que tenía para mandarle a los niños más lo de los medicamentos. Pero aún así no me han devuelto el carro. Varias veces he tenido que cerrar y dejar de trabajar para ir y perder el tiempo en la Alcaldía de Suba, porque me dicen que no les ha llegado la orden y que tengo que esperar.

Yo he averiguado otras oportunidades de trabajo acá pero es difícil porque no tengo la cédula. Lo único que me falta es tener la firma de mi mamá o de cualquier pariente colombiana mayor para que me la den, pero ya he perdido varias citas porque ellos están en Venezuela. Y en Venezuela pues la situación está muy difícil y es mucho más difícil conseguir los medicamentos para los niños allá que acá.