Así les fue a otros expresidentes latinoamericanos llamados por la justicia

Artículo publicado por VICE Colombia.

El martes 24 de julio, Colombia recibió una polémica noticia por Twitter: el expresidente, ahora senador, Álvaro Uribe Vélez anunciaba su renuncia al Senado. Una renuncia que aún no se ha vuelto efectiva.

Su decisión llegaba justo momentos después de que la Corte Suprema de Justicia lo llamara a rendir indagatoria por su posible vinculación a un caso de soborno de testigos y fraude procesal. Frente a la noticia, el expresidente Uribe declaró en Twitter que se sentía “moralmente impedido para ser senador” y, por tanto, renunciaba.

La noticia de su renuncia, y de la investigación que lo involucra y que se adelanta en la Corte Suprema, llega después de años en los que el expresidente Uribe ha estado rodeado de escándalos por presuntos nexos con paramilitares y posible corrupción, pero de los que sistemáticamente ha salido inocente. Gran parte del gabinete que lo acompañó durante sus ocho años de gobierno, por ejemplo, se ha enfrentado a investigaciones penales por crímenes cometidos en ese periodo. Y su mismo hermano, Santiago Uribe Vélez, actualmente tiene una investigación abierta por nexos con paramilitares.

En este momento, la investigación que enfrenta Uribe tiene que ver con la presunta manipulación de testigos orquestada por personas cercanas a él. Al parecer, según las pruebas que tiene la Corte en su poder, varios hombres visitaron a testigos encarcelados que han declarado en contra de Uribe Vélez para que cambiaran su testimonio a favor del expresidente. Uno de ellos, incluso, sale en uno de los videos convenciendo a un testigo con el argumento de que “Uribe es Dios”.

La noticia aún no se resuelve: la renuncia de Uribe aún no ha sido oficialmente aceptada por el presidente del Senado ni Uribe ha rendido indagatoria en la Corte Suprema de Justicia —todavía está incapacitado por su reciente caída de un caballo—. No obstante, este podría ser el inicio de un largo proceso que podría eventualmente resultar en una condena (o absolución) a quien ha sido uno de los presidentes más populares del país, si no el más.

Mientras esto se resuelve, en VICE decidimos hacer una compilación de otros cuatro casos de expresidentes latinoamericanos que, como Uribe, han tenido que enfrentar investigaciones en su contra después de su mandato y que, como le podría pasar a Uribe, terminaron condenados a años de cárcel a retenidos preventivamente.

Lea y fíjese en que las coincidencias no son pocas: expresidentes que en la mayoría de los casos han gozado con una amplia popularidad en sus países, procesos larguísimos que toman décadas, expresidentes que estabilizaron a sus países en términos económicos o de conflicto interno, expresidentes que lograron estar más de un periodo en la presidencia cambiando leyes o modificando las constituciones.

Estos cuatro casos dan algunas pistas, pero ya veremos qué pasa en Colombia.

Alberto Fujimori llegó a la presidencia de Perú en 1990 y dedicó un esfuerzo importante en su gobierno a hacerle frente a grupos armados como Sendero Luminoso. El primer gran escándalo de Fujimori, y por el que sería condenado más de 10 años después, llegaría en 1991 con la masacre de Barrios Altos, cuando seis hombres asesinaron a 15 personas inocentes incluyendo a un niño de ocho años en una casa de Lima. Los hombres eran miembros del Grupo Colina, un grupo antiterrorista de las Fuerzas Armadas que protagonizaría otros escándalos en el gobierno de Fujimori, incluyendo el secuestro de un periodista y de un empresario y el asesinato de varios estudiantes universitarios.

Su primer periodo presidencial también pasaría a la historia por el autogolpe de Estado que realizó en 1992 con las Fuerzas Armadas. Así, logró disolver el Congreso —que era mayoritariamente opositor— y crear una nueva Constitución que, entre otras cosas, le dio más poder al Presidente y permitió la reelección de su mandato. Gracias a ese cambio Fujimori fue reelegido e inició en 1995 un segundo periodo en el que promulgaría leyes orientadas a beneficiar su perpetuidad en el poder: una de ellas, la Ley de Amnistía, frenó todos las investigaciones, pasadas y futuras, sobre los asesinatos del Grupo Colina.

En el año 2000, gracias a una interpretación conveniente de la nueva Constitución, se postuló de candidato por tercera vez y fue reelegido nuevamente en medio de una polémica de fraude.

Sin embargo, al poco tiempo de haber iniciado su tercer mandato, un periodista y congresista recibió varios videos de una fuente en la agencia de inteligencia peruana en la que se veía a un funcionario del gobierno sobornando a políticos, empresarios y comunicadores para que favorecieran a Fujimori. Varias de las personas que planeaban difundir los videos fueron amenazadas de muerte por parte del Gobierno, aún así los videos fueron publicados y varios de los implicados huyeron del país, incluyendo al mismo Fujimori que se refugió en Japón. Fue desde allá que intentó renunciar a través de un fax antes de que el Congreso lo destituyera por “incapacidad moral”.

En 2005, tras haber estado cinco años en Japón evadiendo una orden de extradición, Fujimori viajó a Chile y fue capturado por las autoridades de ese país. Después de meses de procesos, fue finalmente extraditado a Perú en 2007. Dos años después fue condenado a 25 años de cárcel por ser “autor mediato” de delitos de homicidio calificado y de secuestro agravado. Unos meses después, fue sentenciado a siete años y medio por robo y malversación de dineros públicos y a seis años por interceptación de llamadas y comprar la línea editorial de varios medios de comunicación durante su mandato.

La última noticia sobre su caso se dio apenas en diciembre pasado, cuando el entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski aceptó el pedido de indulto humanitario para que Fujimori, de 80 años, quedara libre. Sin embargo la decisión fue rechazada por varias dependencias, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El panameño Ricardo Martinelli llegó a la presidencia de su país en 2009 y su gobierno, que estaría hasta 2014, se concentraría en mejorar la inversión extranjera en Panamá y mejorar la transparencia en las instituciones del país. Durante su mandato fue uno de los presidentes latinoamericanos que contó con mayor popularidad y apoyo entre sus ciudadanos, pero, por otro lado, Martinelli fue acusado de tener comportamientos autoritarios. En información que se filtró en 2010 a través de Wikileaks se evidenció que Martinelli le habría pedido ayuda a la embajada estadounidense en Panamá para espiar a sus opositores.

En 2014, cuatro años después de haber salido de la presidencia, el gobierno de su sucesor encontró que Martinelli era el responsable detrás del sobrecosto en el Programa de Ayuda Nacional que sumaba más de 45 millones de dólares, pero en ese momento la investigación no avanzó por falta de pruebas. No obstante, un año después los magistrados de la Corte Suprema panameña votaron unánimemente a favor de reabrir la investigación por supuestos delitos contra la administración pública. Además, se abrió una investigación en su contra por crímenes de espionaje e interceptación telefónica. Fue esta última acusación la que eventualmente llevaría al encarcelamiento preventivo del expresidente.

En 2017 Martinelli fue arrestado en Estados Unidos —a donde había huido cuando empezaron las investigaciones en su contra— por petición del Gobierno Panameño que pedía su extradición. Estuvo detenido casi un año en Miami antes de ser extraditado a Panamá y enfrentarse a las acusaciones de espionaje a más de 150 opositores de su gobierno. A pesar de su situación, Martinelli busca actualmente ser elegido como diputado por la ciudad de Panamá, cargo al que ya se pudo postular por ley ya que aún no cuenta con una sentencia.

Después de haber sido candidato a la presidencia en tres ocasiones, Luiz Inácio Lula da Silva fue finalmente elegido Presidente de Brasil en 2002. Su primer periodo, que iría hasta 2006, se caracterizó por adelantar varias reformas económicas, educativas y sociales que mejoraron los indicadores de Brasil y volvieron al país una potencia en varios aspectos de la política internacional. Su gobierno recibió varios reconocimientos internacionales pero aún así no se salvó de los escándalos: en 2005 el presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB) denunció que el tesorero del partido político de Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, le pagaba grandes sumas de dinero a los diputados del PTB que votaran a favor de los proyectos de Lula da Silva y de su partido. Sin embargo, Lula da Silva logró salir inocente en eso que se llamó el “escándalo de las mensualidades”.

Pero el escándalo más grande llegaría mucho después, en 2016, después de haber finalizado en 2011 su segundo periodo presidencial. En 2014 la policía detiene a varias personas después de investigar irregularidades en estaciones de gasolina y lavaderos de carros. La investigación terminó destapando un gran caso de corrupción y de lavado de dinero, conocido como el Caso Petrobras, que en ese mismo año puso a 30 personas en la cárcel y acusó de varios crímenes a otras 46. Eventualmente, la investigación llevó a que se investigaran y condenaran a Marcelo Odebrecht, el presidente de la empresa del mismo nombre, a 22 diputados y a 12 senadores brasileños, uno de los cuales afirmó que Lula da Silva y la entonces presidenta Dilma Roussef también estaban implicados en el escándalo.

En 2016 la Fiscalía de Sao Paulo denunció a Lula da Silva por lavado de dinero y por ocultar patrimonio. En medio del escándalo, la presidenta Roussef nombra a Lula da Silva Ministro de la Casa Civil, una jugada que se interpretó ampliamente como una forma de evitar que el expresidente fuera encarcelado ya que el cargo le ofrecía inmunidad. Sin embargo, la decisión fue revocada por un magistrado, lo que le dio continuidad a la investigación. Durante ese año se acusaría a Lula da Silva de obstruir la justicia, de comprar el silencio de un funcionario de Petrobras que lo iba a acusar, de tráfico de influencias y de haber recibido más de un millón de euros en sobornos de la Constructora OAS.

Después de varias confesiones de empresarios de Odebrecht y de largos interrogatorios, el Juez Sérgio Moro —quien lideró toda la investigación— condenó a Lula da Silva a nueve años de prisión por la remodelación de una casa pagada por la constructora OAS a cambio de contratos públicos.

Durante todo el proceso Lula da Silva se ha reafirmado en su inocencia y en la opinión pública han sido recurrentes los comentarios que aseguran que este proceso y la eventual acusación tiene tintes políticos para “desbancar” a uno de los grandes líderes de izquierda latinoamericanos. Sin embargo, a principios de este año tres jueces revisaron su condena y ratificaron los delitos de corrupción y blanqueo de dinero y aumentaron la pena a 12 años.

Rafael Correa, como varios otros nombres incluidos en esta lista, fue un presidente que se mantuvo más de un periodo en el poder. Fue elegido por primera vez en 2006, cuando inició varias reformas sociales, educativas y económicas y promulgaría una nueva Constitución, la de 2008, que ordenó adelantar las votaciones para todos los cargos y funciones del país. Por eso, aunque su primer mandato debía ir hasta 2011, fue reelegido en 2009.

En su segundo periodo inició una batalla contra los medios de comunicación. En 2011 el periódico El Universo publicó un artículo de opinión en el que se le acusaba de haber ocasionado una revuelta policial conocida como el 30S. La reacción de Correa fue demandar al diario por injuria calumniosa, lo que resultó en una condena de tres años de cárcel para los dueños del periódico y una multa total de 30 millones de dólares, una decisión que resultó del apoyo que tenía Correa por parte de la rama judicial. Durante esa misma época, dos periodistas afirmaron en un libro que Correa le estaba dando millonarios contratos a las empresas de su hermano. El presidente aseguró que si eso estaba pasando era sin su conocimiento, canceló los contratos y ganó una demanda contra los dos periodistas por difamación.

En 2013 fue reelegido nuevamente y realizó grandes cambios políticos: reglamentó la reelección indefinida de todos los cargos elegidos popularmente, permitió a las Fuerzas Armadas intervenir en el orden público y definió la comunicación como un servicio público. Durante este mismo periodo el Gobierno de Correa enfrentaría varios escándalos incluyendo sobornos de Odebrecht y la acusación de haber espiado a miembros de la oposición y a la ciudadanía en general.

Sin embargo, las acusaciones que más tarde condenarían a Correa tuvieron que ver con el presunto secuestro de Fernando Balda, un político que hacía parte del partido de Correa, Alianza País, pero que luego se unió al partido opositor acusando al gobierno de no haber cumplido las promesas de campaña. Balda enfrentó tres demandas por sus comentarios contra el Gobierno y, en el proceso, huyó a Colombia donde fue acogido por el círculo cercano a Álvaro Uribe. En 2012 Balda fue retenido en Bogotá por varios hombres que pretendían extraditarlo a Ecuador, eso sucedió dos veces sin éxito, pues no existía una orden de interpol que permitiera su extradición. Un año después, Balda denunció al Gobierno de Correa por secuestro.

En julio de este año una jueza emitió orden de prisión preventiva contra Correa por ese presunto secuestro después de que el expresidente faltara a una citación en la Corte Nacional de Justicia. Correa, quien actualmente se encuentra en Bélgica, ha dicho frente a las acusaciones que es inocente y, hasta la fecha, no ha sido capturado por ninguna autoridad ni se ha presentado frente a la Corte de su país.