El Gobierno mexicano obtuvo millones después de Deepwater Horizon. ¿A dónde se fue todo el dinero?

CIUDAD DE MÉXICO - El 20 de abril de 2010, la plataforma petrolera Deepwater Horizon operada por el gigante petrolero transnacional British Petroleum (BP) explotó aproximadamente a 40 millas de la costa de Luisiana, causando la muerte de 11 trabajadores y el derrame de más de tres millones de barriles de petróleo en el Golfo de México. Este suceso ahora es considerado como una de las peores catástrofes ambientales de la historia moderna.

Ocho años después, el Gobierno del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto firmó un controvertido acuerdo de $ 25,5 millones con BP por el desastre de Deepwater Horizon. El acuerdo con el Gobierno de Peña Nieto indignó a miles de pescadores mexicanos afectados a lo largo de la costa del Golfo. En comparación, la compañía pagó más de $60 mil millones de dólares en multas a Estados Unidos debido a que el derrame ocurrió en su parte del Golfo de México.

Los pescadores afirmaron que su estilo de vida fue destruido y que el magro acuerdo entre el Gobierno y el gigante energético no incluyó ninguna compensación para las poblaciones afectadas de la costa del Golfo de México. Desde la firma de ese acuerdo en 2018, los pescadores afectados han enviado numerosas cartas al actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidiéndole que revise su caso. También presentaron una denuncia penal oficial ante la oficina del fiscal general de México en septiembre de 2020 con respecto al acuerdo del Gobierno mexicano con BP, del cual dicen que no recibieron ni un peso.

Nuevos documentos obtenidos por VICE World News y la iniciativa de transparencia corporativa PODER plantean preguntas serias sobre el uso de más de $5 millones de dólares de ese acuerdo, las cuales el Gobierno continúa negándose a responder. Si bien los documentos parecen mostrar que el dinero se destinó a gastos personales de mudanza de los empleados de la embajada en todo el mundo, el Gobierno se negó a proporcionar alguna factura o recibo relacionado con ese uso.

Los nuevos documentos muestran que en el último año de la presidencia de Peña Nieto, más de $5,3 millones de dólares del acuerdo fueron entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) para reembolsar los costos judiciales y otros honorarios relacionados con el derrame. El resto del dinero se entregó a varios institutos ambientales para compensar el costo de los estudios vinculados al derrame e investigaciones ambientales futuras. El acuerdo gubernamental no asignó ningún pago a las comunidades afectadas a lo largo de la costa del Golfo.

 Algunos de los documentos, entregados por la SRE a partir de solicitudes de libertad de acceso a la información hechas en 2019 y 2020 mediante el Instituto Nacional de Transparencia de México (INAI), muestran que los fondos fueron destinados a los “traslados de personal federal” en sus embajadas extranjeras alrededor del mundo. Los documentos también muestran que el dinero no solo fue recibido en 2018, sino que, según se reporta, también fue gastado en ese mismo año fiscal. Sin embargo, el Gobierno se negó a proporcionar recibos o facturas que demostraran cómo se gastó el dinero.

En lugar de eso, la SRE proporcionó una hoja de cálculo del presupuesto de 2018 que muestra enormes aumentos en los presupuestos de sus embajadas extranjeras.

La oficina a cargo de las embajadas de México en América del Norte recibió poco más de $1,8 millones de dólares, un aumento de aproximadamente tres veces su presupuesto original, mientras que la oficina europea recibió $1,78 millones, aproximadamente 17 veces su presupuesto original. El resto del dinero se dividió entre las tres oficinas regionales que supervisan Asia- Pacífico, África y Medio Oriente, y América Latina y el Caribe, de las cuales la última recibió la mayor parte.

En 2020, como resultado de una presión constante a través de solicitudes de transparencia para saber cómo se gastó el dinero, la respuesta final de la SRE al INAI en octubre fue, en el mejor de los casos, bastante vaga.

 La SRE se refirió al pago como una "donación" de BP y abordo superficialmente el uso que se le dio al dinero para "cubrir los gastos de instalación del personal diplomático y consular (en este caso) al servicio de las agencias y entidades, cuando en el desempeño de sus funciones oficiales dentro o fuera del país, se requiere que permanezcan fuera de su residencia de manera temporal o permanente. Lo cual incluye, si es el caso, el traslado de sus enseres domésticos”.

 Luego, cuando se le pidió que diera ejemplos de lo que eso significaba, a través de recibos, facturas o cualquier tipo de documentación adicional que demostrara cómo se gastó el dinero, la SRE manifestó en una respuesta escrita: "que en los registros de la gestión de los pagos en cuestión, no es posible hacer un desglose con el nivel de detalle solicitado".

 Sin embargo, una fuente anónima, que trabajó como funcionario de alto rango en la SRE en 2018, proporciono información que señalaba lo contrario. La fuente presentó la lista de 234 funcionarios, con sus nombramientos diplomáticos, en que se invirtieron los fondos, y afirmó que la ley mexicana, para confirmar la transferencia de fondos, habría exigido a cada funcionario que presentara a la SRE tanto un recibo firmado por el propio diplomático como una factura firmada por la empresa de transporte.

Al presentarle esta información específica a la SRE, continúo negándose a proporcionar recibos o facturas, o alguna otra prueba sobre cómo se utilizaron los $5,3 millones de dólares más allá de la hoja de cálculo del presupuesto de 2018.

Bajo análisis, la hoja de cálculo es confusa. Se recortó el presupuesto de numerosas oficinas, al tiempo que se asignó dinero a otras sin especificar si fue utilizado o no. Algunas oficinas afirmaron no haber gastado absolutamente nada.

 El uso cuestionable de los fondos del acuerdo es solo el más reciente toque de sal en una herida abierta para los pescadores de la costa del Golfo de México, quienes alegan que se vieron afectados por el derrame de petróleo de 2010.

La revelación del acuerdo por $25,5 millones de dólares entre BP y el Gobierno mexicano fue la culminación de una investigación que se publicó en 2018 y fue hecha por la autora de este artículo y Claudia Ocaranza de PODER. Tal investigación mostró que el Gobierno mexicano bajo el mandato de Peña Nieto potencialmente ignoró los estudios que le presentaron algunos de los científicos más respetados del país sobre el efecto del derrame petrolero en aguas mexicanas. En lugar de atender esto, el Gobierno impulsó una reforma para privatizar el sector energético mexicano, la cual permitió numerosos acuerdos con BP, que además ganó nuevos derechos de perforación en el Golfo de México y obtuvo autorización para abrir más de 500 gasolineras con la marca BP en todo el país durante los últimos cuatro años.

 Mientras tanto, la demanda del Gobierno mexicano contra BP languideció en un tribunal de Estados Unidos de 2013 a 2018, lo que impidió que las poblaciones afectadas vieran los estudios sobre los daños del derrame hasta después de la firma de un acuerdo por $25,5 millones de dólares, el cual nunca fue anunciado públicamente. Los pescadores mexicanos siguen afirmando que no recibieron apoyo del Gobierno antes o después del pago efectuado por BP en 2018, y más de 10,000 de ellos estuvieron involucrados hasta 2020 en una demanda colectiva contra BP.

Después de que López Obrador asumiera la presidencia en diciembre de 2018, los líderes de la demanda colectiva le pidieron continuamente que revisara su caso e interviniera en su nombre.

Incluso, varios miembros prominentes de diferentes comunidades de la costa del Golfo se unieron para presentar una denuncia penal oficial en septiembre ante la Procuraduría General de la República de México contra varios funcionarios, incluido el exjefe de la SRE de 2017-2018, Luis Videgaray, y el embajador de México en los Estados Unidos en ese momento, Gerónimo Gutiérrez Fernández, quien firmó el acuerdo con BP para retirar voluntariamente la demanda.

 Videgaray ya antes había estado envuelto en un escándalo debido a que el director de la compañía petrolera estatal de México (PEMEX), Emilio Lozoya, denunció ante la Fiscalía General del país que Videgaray orquestó la participación de México en el aparentemente interminable escándalo de sobornos de Odebrecht, que ha involucrado a políticos en toda América Latina desde 2015. Videgaray se negó a hablar con VICE World News sobre el acuerdo con BP. Sin embargo, en agosto emitió un comunicado en el que afirmó que las acusaciones relacionadas con su participación en los sobornos de Odebrecht no solo son falsas, sino "absurdas, inconsistentes y temerarias".

Gutiérrez Fernández también ha tenido vínculos con Odebrecht; su familia es accionista mayoritaria del Grupo Idesa, una empresa mexicana que ha estado involucrada en numerosos negocios con la rama petroquímica de Odebrecht, conocida como Braskem. Cuando se le preguntó sobre su conexión con BP, Gutiérrez Fernández le dijo a VICE World News que no estuvo implicado en la negociación del acuerdo con BP y que "firmé el acuerdo para retirar la demanda basado en esa instrucción y mis deberes como embajador" y "de ninguna manera tomé parte en cómo se utilizó el pago del acuerdo". También afirmó que "no tuve relación con Braskem ni Odebrecht" y que "durante el tiempo que estuve en el Gobierno no tuve participación ni me involucre de ninguna manera en los negocios (del Grupo Idesa)". estado relacionado

 En respuesta a la denuncia penal contra Videgaray y Gutiérrez Fernández, López Obrador afirmó en octubre que pediría a la Fiscalía General de la República que revisara el acuerdo. Pero, lamentablemente, ya era demasiado tarde. La demanda colectiva sería desestimada por el tribunal de los Estados Unidos dos semanas después, luego de enfrentar numerosos obstáculos legales relacionados con la búsqueda de una compensación en un tribunal extranjero sin el apoyo del Gobierno.

Si bien López Obrador llegó al poder en una plataforma de lucha contra la corrupción en México, hay poca evidencia de que su administración esté trabajando para esclarecer cómo gastaron, o malgastaron, los funcionarios de la SRE los $5,3 millones de dólares, tanto antes como después del cambio de Gobierno hace dos años. El hecho de que la SRE actual no proporcione respuestas adecuadas a las preguntas planteadas durante esta investigación de dos años a través de su legalmente vinculante instituto de transparencia compromete el compromiso del presidente de combatir la corrupción.

 Aunque parece casi imposible que las poblaciones afectadas de la costa del Golfo reciban alguna compensación a través del sistema judicial de Estados Unidos, nuestras fuentes dentro del movimiento aún se encuentran optimistas ante la idea de que López Obrador encontrará alguna manera de sacar ventaja de los intereses de BP en México para finalmente lograr, más de una década después, algún tipo de justicia para los afectados por el derrame petrolero.