Leyes misóginas y juicios morales conducen a algunas mujeres a la cárcel o a la muerte

Purvi Patel, de 33 años, llamó la atención de las autoridades de Indiana, Estados Unidos, en julio de 2013, cuando a un hospital debido a un sangrado abundante y le dijo a los médicos que se debía a un aborto involuntario. Patel, quien se cree que no recibió atención prenatal y quien había escondido el embarazo a su familia conservadora, está acusada de haber tomado abortivos que compró en internet. Admitió haber puesto al feto en un contenedor de basura, pero enfatizó que pensaba que no tenía vida.

Y esto es algo de todos los días también en México, donde incluso menores que fueron violadas son detenidas por abortar.

Patel dijo que creyó tener tan solo dos meses de embarazo en el momento del aborto involuntario, pero los peritos en el juicio estiman que la gestación tenía más de las 20 semanas permitidas para un aborto legal en Indiana. La fiscalía presentó la extraña y muy disputada teoría de "flotación del pulmón", afirmando que debido a que los pulmones del feto flotaron en las pruebas, Patel había dado a luz un bebé con vida y lo había dejado morir. El jurado la declaró culpable de dos delitos: abandono y feticidio, que la ley de Indiana define como la terminación de un embarazo con el fin denodaraluzaunbebéconvida.Laley no aplica para el aborto, y su fin es crear un recurso legal para los ataques violentos que ocasionan abortos involuntarios a las mujeres.

En marzo, Patel se convirtió en la primera mujer estadunidense acusada, condenada y sentenciada —a 20 años de prisión— por "feticidio" relacionado con su intento de aborto.

Su caso se convirtió inmediatamente en un grito de guerra entre los defensores a favor de la libertad de elección, quienes señalan que durante mucho tiempo los pro-vida han criminalizado a aquellos que practican el aborto de manera clandestina y no a las mujeres que los buscan.

El caso de Patel puede ser una anomalía, pero refleja el clima en todo el país que se cuestiona con frecuencia la resolución de la Suprema Corte del caso Roe contra Wade de que los fetos no son personas independientes con derechos distintos. Las restricciones al aborto se han disparado en los últimos años.

"Estamos viendo una reacción insólita contra la igualdad y la condición de las mujeres como personas constitucionales", dijo Lynn Paltrow, directora ejecutiva de la organización de Defensores Nacionales para Mujeres Embarazadas (NAPW, por sus siglas en inglés), y agregó que las medidas contra el aborto que establecen que la vida inicia en la concepción "dan motivos para encerrar a mujeres embarazadas".

El caso de Bei Bei Shuai, una inmigrante china en Indiana que fue encarcelada durante más de un año por feticidio relacionado con su intento de suicidio durante el embarazo, precede el caso de Patel. Shuai aceptó un acuerdo declaratorio por imprudencia criminal y recibió una condena de tiempo cumplido en 2013. "El intento de suicidio no es un delito en Indiana. Pero de acuerdo con los fiscales de este estado, si la persona que intenta suicidarse es una mujer embarazada, puede ser castigada en virtud de la ley de feticidio del estado", dijo Paltrow. "Esto hace que las mujeres embarazadas no sean iguales ante la ley. Convierte su depresión en un crimen, en lugar de considerarla un problema de salud pública".

Shuai y Patel no son las primeras mujeres en ser enjuicidas por cometer un crimen contra su feto. En un estudio publicado en la revista Journal of Health Politics, Policy and Law, Paltrow y el coautor del artículo identificaron más de 400 arrestos, detenciones e intervenciones médicas forzadas para los que el embarazo era un "factor necesario" entre 1973, el año de la decisión del caso Roe contra Wade, y 2005.

Aun cuando no se les acusó de feticidio, los fiscales emplearon con gran discreción medidas contra el aborto que definen a un feto como a un niño como la base para procesar otros delitos cometidos en contra de los "no nacidos". Más de 80 por ciento de los casos que la NAPW identificó presentaban un cargo por consumo de sustancias ilegales, mayormente cocaína, una droga con una historia importante en la criminalización de las mujeres embarazadas. El juicio moral de la conducta durante el embarazo está vinculado estrechamente a la ahora desprestigiada histeria del "bebé crack" de la época del crack y la cocaína.

"Básicamente, desde la década de 1980, los fiscales comenzaron a acusar a las mujeres embarazadas que consumían drogas por poner en peligro a los niños o por darle drogas a un menor… y en casi todos los estados, excepto en Carolina del Sur y en Alabama, los tribunales invalidaban estas acusaciones", me dijo Linda Fentiman, profesora de la Universidad de Pace especializada en salud y derecho penal. Entonces los legisladores presentaron proyectos de ley de homicidio fetal, a menudo después de algún horrible ataque contra embarazadas, como un precedente legal para acusar penalmente al asaltante responsable de interrumpir el embarazo.

Se cree que la primera mujer en ser condenada por homicidio vía maltrato infantil debido a su comportamiento durante el embarazo —consumo de drogas— fue Regina McKnight, quien fue detenida en 1999 y condenada a 12 años en prisión por alumbramiento de un mortinato supuestamente a causa del consumo de cocaína. La Suprema Corte de Carolina del Sur anuló su condena en 2008, dictaminando que McKnight no había recibido buena atención prenatal y se le condenó con base en conjeturas 'obsoletas' sobre los daños de la exposición prenatal a la cocaína". Un abogado cercano a la corte que se presentó en el tribunal explicaba: "La cocaína no es más perjudicial que el consumo de nicotina, la mala alimentación, la falta de atención prenatal u otras condiciones comúnmente asociadas con la pobreza urbana". Sin embargo, la ciencia (mala) —especialmente cuando se refiere al consumo de drogas por mujeres encinta— ha seguido siendo un elemento fundamental en las acusaciones a embarazadas. "La falta de información médica y las afirmaciones falsas sobre el riesgo de daño por consumo de drogas durante el embarazo a menudo son la base para enjuiciar a mujeres embarazadas y que se les apliquen sanciones especiales", dijo Paltrow. "Es como si los legisladores y los fiscales no sólo estuvieran diciendo que las mujeres embarazadas merecen ser castigadas, sino que también son una clase de personas que no merecen tener una política basada en la ciencia médica actual".

La primavera pasada, la legislatura de Tennessee se convirtió en la primera en enjuiciar a mujeres en relación con la salud de los recién nacidos con el proyecto de ley "daño fetal". Éste condena hasta con 15 años en prisión a la madre si se demuestra que el uso de narcóticos le hicieron daño al bebé durante el embarazo. Pero hace tiempo, se determinó en la comunidad médica que la criminalización de la adicción durante el embarazo puede llegar a disuadir a las mujeres de buscar atención prenatal, poniendo en peligro la salud de la madre y el feto.

"Es más probable que las mujeres embarazadas no busquen asistencia prenatal o médica por temor a que su médico sepa que consumen drogas o que tienen otro comportamiento potencialmente dañino que podría llevarlas tras las rejas en lugar de que se les dé un tratamiento médico adecuado", dijo la Asociación Médica Estadunidense (AMA, por sus siglas en inglés) hace más dos décadas atrás, en 1990. La AMA es sólo una de todas los organizaciones médicas principales que ha objetado públicamente a la criminalización del consumo de drogas durante el embarazo.

"Lo que hizo Tennessee estaba en contra de las recomendaciones nacionales", me dijo Allison Glass, director estatal de Healthy and Free Tennessee (Tennessee Libre y Saludable). El síndrome de abstinencia neonatal (que se produce cuando se le retira al bebé de la exposición a los opioides) es una condición tratable y definitivamente no se le relaciona con riesgos de salud a largo plazo.

En 1997, la Suprema Corte de Carolina del Sur dictaminó que los fetos están incluidos en la ley penal de abuso infantil del estado, y que el consumo de drogas durante el embarazo puede ser considerado abuso infantil. Durante la última década, NAPW contó más de 70 juicios de abuso infantil relacionados con el embarazo en Carolina del Sur.

El año pasado en Alabama, la Suprema Corte del estado dictaminó que la ley de 2006 sobre "poner en peligro a un niño por exposición a químicos" aplicaba para los fetos. La ley fue pensada para procesar a los padres que permitieron que sus hijos estuvieran en laboratorios de metanfetamina, pero desde la creación de la ley, NAPW ha contado más de 180 nuevas madres enjuiciadas por tener vientres supuestamente tóxicos.

Estos juicios parecen dar a entender que el consumo de drogas durante el embarazo es muy común, pero no es así. La Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental dice que, de 2012 a 2013, poco más del cinco por ciento de las mujeres embarazadas de entre 15 a 44 años consumían drogas ilegales.

Las mujeres en los estados que no cuentan con este tipo de leyes aún corren el riesgo de ser acusadas por crímenes contra sus fetos, y los fiscales pueden utilizar su amplia discreción y acusar a las madres por crímenes peores al feticidio o abuso infantil. En Nueva York, por ejemplo, Jennifer Jorgensen está apelando su condena por homicidio

involuntario después de que su feto muriera a causa un accidente de auto que ella provocó y que terminó con la vida de las otras dos personas. Jorgensen fue absuelta por conducir bajo la influencia de sustancias nocivas y por el homicidio de las otras dos personas, pero aún sigue el cargo por homicidio del feto (el cual murió durante una cesárea de emergencia después del accidente).

Debido a que la ley de homicidios de Nueva York define como víctima a una persona que nace con vida, el abogado de Jorgensen dice que su condena está infundada y que establece un criterio que permite enjuiciar a las madres por cargos que están peligrosamente fuera de la ley. "Este caso, en Nueva York, no tiene precedentes", argumentó su abogado. "Es imposible cometer este delito. En el momento del acto, la víctima no existía legalmente".

Jorgensen hizo eco de los derechos reproductivos y de cómo la criminalización de las madres por actos contra sus fetos (cuerpos) podría convertirse en una pendiente resbaladiza e instó a la corte que reflexionara cómo su caso podría afectar a otras mujeres.

"Cada vez que una mujer embarazada cometa un pequeño error, va estar sujeta a un proceso penal", declaró Jorgensen. "No hice nada malo. Esto [el caso] no se trata sólo de mí. Se trata de todas las mujeres embarazadas en el Estado de Nueva York. Esto significa que si mi condena prosigue, necesitan crear una policía para embarazadas".

La ley de "daño fetal" de Tennessee ya no tendrá vigor en 2016, y los abogados están trabajando para evitar que otros estados adopten leyes como ésta, para asegurar que la adicción durante el embarazo sea tratada por profesionales de la medicina y no se criminalice. En un simposio en Nashville en octubre, un grupo de expertos nacionales y estatales, legisladores de Tennessee y defensores de la comunidad elaborarán un resumen ejecutivo en el que destacarán cómo la ley está afectando a los residentes del estado. Glass cree que el resumen y las soluciones a la adicción basadas en evidencias que presentarán le brindarán a las asociaciones médicas locales y a los legisladores "toda la información necesaria para que ayuden a dirigir la conversación hacia donde tiene que estar, que es en el ámbito de la salud pública en lugar de en el sistema de justicia penal.

"Nos damos cuenta de que con este tipo de medidas correctivas no es como vamos a construir una comunidad saludable", dijo Glass. Ella espera que el simposio transmita el mensaje de que Tennessee se preocupa por la salud de las personas.