Coronavirus y aborto: el derecho a la interrupción del embarazo no está en cuarentena

Artículo publicado en LATFEM

“El aborto es una prestación esencial de salud. Los servicios deben organizarse para minimizar las demoras en la atención”. Así comienza la guía Infección por COVID-19 y atención del aborto, publicada por el Royal College of Obstetrics and Gynecology (RCOG) el sábado 21 de marzo de 2020. RCOG nuclea a profesionales médicos, médicas, obstétras y profesionales de la salud que trabajan en torno al embarazo, parto y la salud sexual y reproductiva en general. La Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) de la Argentina tradujo ese documento que fue inicialmente publicado en inglés. La médica e investigadora Mariana Romero se encargo de su traducción. El documento es un recurso para los equipos de salud del Reino Unido y se basa en la evidencia disponible, las buenas prácticas y el consejo de especialistas. La prioridad es la provisión de atención segura a las personas embarazadas, incluyendo aquellas quienes son casos sospechosos o confirmados de COVID 19.

“Durante la pandemia de COVID el acceso a los servicios puede interrumpirse. Para asegurar una atención del aborto segura y efectiva, podría requerirse atención a distancia o la realización de abortos con medicamentos de forma ambulatoria, especialmente en situaciones de aislamiento obligatorio o donde no se pueda acceder a una institución de salud”, señalan desde REDAAS.

A contramano de las indicaciones que da la comunidad médica y científica internacional, en Estados Unidos, los gobiernos de Ohio y Texas ordenaron detener todas las operaciones “no urgentes” debido a la pandemia, para ahorrar equipo y espacio hospitalario. Los “abortos no urgentes” quedaron así suspendidos. Gravísimo: en nombre del coronavirus están obstaculizando derechos sexuales y reproductivos.

En Argentina, donde el aborto es legal bajo el sistema de causales, la dirección nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, está trabajando en que se puedan garantizar las interrupciones legales del embarazo en medio de la crisis sanitaria. Según pudo confirmar LATFEM, se reforzó la línea 0800-222-3444 de Salud Sexual para que lxs usuarixs puedan llamar y recibir información segura.

Al mismo tiempo esta línea telefónica nacional es el camino por donde ingresan los alertas sobre aquellas provincias que no están cumpliendo con la prestación de este servicio. La Dirección que coordina Valeria Isla trabaja en remover los obstáculos que puedan aparecer a partir de los llamados que llegan allí. También están articulando esfuerzos con el Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) en el marco del Plan ENIA donde sacaron una comunicación dirigida a los equipos (de más de 800 personas) priorizando la interrupción legal del embarazo, el acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes y las situaciones de violencia sexual.

“Quienes necesiten una ILE pueden acercarse a los centros de salud que figuran en nuestro recursero y solicitar su atención con carácter de urgencia”, dijeron en un comunicado desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de la Argentina. En su web se puede consultar el recursero: redsaluddecidir.org

El gobierno de la provincia de Buenos Aires fue el primero en dar lineamientos sobre la atención de abortos legales. El 21 de marzo el Ministerio de Salud bonaerense difundió el documento “Recomendación para la atención integral de las personas con derecho de interrumpir el embarazo y el acceso a los métodos anticonceptivos en el marco de la pandemia coronavirus”. Allí sugieren ampliar lo máximo posible la cantidad de integrantes del equipo para cubrir la atención a la salud sexual y reproductiva; plantean que se garantice que los métodos anticonceptivos estén en los centros de salud y que las personas que los soliciten tengan acceso inmediato al método. “Reforzar la importancia de contar con un método anticonceptivo frente a la permanencia en los hogares”, aclaran.

Sobre los abortos legales, el Ministerio de Salud bonaerense fue contundente: “La consulta por ILE debe considerarse una urgencia por lo cual no puede posponerse, ni derivarse a otro centro del mismo nivel”. Y agrega: “Se recomienda resolver el acceso al procedimiento en la primera consulta para disminuir la concurrencia de personas en los efectores. Se propone acortar los tiempos de espera en el efector de salud, tanto de la persona y como de su acompañante (salas de espera, estudios de laboratorio, ecografía, indicación de gamaglobulina, anticoncepción post evento). Se sugiere esperar fuera del establecimiento”.

También propusieron la posibilidad de tratamiento ambulatorio con Misoprostol en embarazos de hasta 12 semanas completas, “ya que requiere menos interacción y no hay evidencia que contraindique su uso en caso sospechoso o confirmado para COVID-19”.

Además, la cartera de salud que dirige Daniel Gollán dió lineamientos específicos a los equipos de salud sobre si la persona consultante es un caso sospechoso de coronavirus.

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Coordinación Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) giró el miércoles 24 de marzo una carta a responsables de hospitales y centros de salud porteños con recomendaciones específicas para garantizar tanto el acceso a los anticonceptivos como a las interrupciones legales del embarazo. Las sugerencias, al igual que en provincia de Buenos Aires, apuntan a la celeridad del procedimiento.

Antes de que la pandemia se convirtiera en tema de conversación cotidiana en todos los ámbitos y transformara, de manera radical, las vidas de lxs argentinxs; el presidente Alberto Fernández había anunciado en la apertura de sesiones del Congreso el envío de un proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo. La presentación quedó en pausa con la crisis sanitaria. Sin embargo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito emitió un comunicado en el que respetaban la decisión por la “prioridad en la atención y prevención en la salud de toda la población”.